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¿Cuánto ha subido el recibo de la luz en España?

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El trecho que va de la sociedad española de 1996 a la sociedad actual se puede medir comparando unos simples recibos de la luz o del teléfono.  Es posible que la manera en que gastamos sea el mejor indicador de como evolucionan las costumbres de una generación a otra. “Apaga la luz”, “cierra el grifo” y “cuelga ya el teléfono” eran el verdadero leitmotiv de los años 70, junto con el mítico slogan nacional que invitaba a no malgastar recursos.

La España del Tratado de Maastricht, que arranca a mediados de la década de los 90,  es la España del derroche.  Buena prueba de ellos es que no nos admitieron en la Unión Europea, no como socios sino como clientes potenciales de las empresas alemanas.  Un vistazo a la evolución del déficit comercial antes y después de 1988 aclara cualquier duda, más allá de que la cacareada reconversión industrial fuera una verdadera tomadura de pelo.  Se negoció mal, con prisas por entrar, confundiendo mitos políticos y deseos con la propia realidad.

El 1 de enero de 1997, una familia de clase media pagaba 2.484 pesetas, más un 16% de IVA, por la cuota  de abono del teléfono. 2.881 pesetas cada dos meses,  equivalente a 8,66 euros al mes.  20 años después,  la cuota mensual de Telefónica es de 50 euros, lo que traduce una inflación compuesta del 9,16% anual.

El 1 de enero de 1997,  el mismo hogar pagaba 2.482 pesetas, en el recibo de la luz, por la potencia contratada. A esa cantidad, debía sumar el alquiler del contador (238 pesetas) y el IVA. En total, una suma bimensual de  3.158 pesetas, equivalentes a 18,97 euros, sin contar el gasto.  Cada kilovatio consumido por el cliente costaba 16,02 + IVA (0,112 euros).

20 años después, el Kwh cuesta 0,126 euros + IVA (0,153 euros), pero la potencia contratada, el alquiler de los equipos y los impuestos especiales ascienden a un total de 40 euros.  La inflación del consumo de electricidad representa un 1,57% anual compuesto, mientras que la cuota fija se ha incrementado un 4% cada año.

El 1 de enero de 1997, un tanque comunitario de 10000 litros de gasóleo de calefacción le costaba a una familia de clase media 456.000 pesetas. Hoy se paga a 7.600 euros. El incremento del precio supone una inflación compuesta del 5,23% anual.

En resumidas cuentas: a lo largo de un año, una familia de clase media en España pagaba 30.000 pesetas de luz, 30.000 pesetas de teléfono y 60.000 de calefacción, una suma equivalente a una mensualidad prorrateada del SMI.  Hoy,  la suma de los mismos conceptos asciende a 2.200 euros y equivale a 3 meses prorrateados del SMI.

Evolución de los hábitos de consumo

En 1997, un hogar de clase media dedicaba 20.000 pesetas al mes a los gastos de alimentación. En el cómputo anual, representaba una cantidad equivalente a 2 mensualidades prorrateados del SMI.  En la actualidad, supera en todos los casos las 5 mensualidades.

Un capítulo del gasto de las familias que resulta muy oneroso es el transporte. En 1997, un hogar de tipo estándar tenía que dedicar 500.000 pesetas a sus desplazamientos. La evolución de esa partida ha sido muy negativa, por dos razones fundamentales. En primer lugar, se ha encarecido notablemente el coste por km recorrido, debido al incremento del precio de los vehículos, su menor durabilidad y la fuerte subida de los carburantes. En segundo lugar, se ha disparado en España el consumo de kilómetros, ya sea por razones laborales y de ocio.  Una familia de clase media tiene que dedicar, en 2007, un mínimo de 9 mensualidades prorrateadas del SMI para sus desplazamientos, el doble que en 1997.

Si analizamos los hábitos de consumo recurrente de las familias hace 20 años, comprobamos que destinaban  8/12 mensualidades del SMI de su época al pago de recibos de suministros, a la alimentación y a los desplazamientos.  En 2017, deben dedicar 17/12 mensualidades del SMI actual para hacer lo mismo.

 

¿Prestaría dinero a su vecino en las mismas condiciones que los bancos?

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La Justicia española, secuestrada por los políticos y lobbies catalanistas, se está esforzando en encadenar un disparate financiero tras otro. Tras la increíble sentencia que convierte a España en el único país donde las cláusulas suelos son ilegales, llega otro fallo que pretende obligar a las entidades financieras a costear los gastos que origina prestarle a los pobres, que no han querido, sabido, podido ahorrar, el dinero que necesitan para comprarse una casa.  Nos hemos convertido en el hazmerreír de toda la UE.

Obligar a un banco a pagar los gastos que ocasiona prestarle dinero a un pobre significa, en todos los casos, que la inversión más rentable para los accionistas, directivos y depositantes es NO concederle crédito. Ante la virtud del cliente de reclamar, a toro pasado,  los gastos, comisiones y cláusulas de un contrato legal firmado por las partes, está el vicio de la entidad financiera de NO firmar póliza alguna.

En el debate que se ha abierto, algunas personas asumen parte de los postulados implícitos que conducen a la descabellada sentencia judicial. Entienden – de buena fe o por sectarismo – que el “banco” hace un gran negocio prestando dinero en las mismas condiciones financieras y jurídicas que unas cajas dirigidas casi siempre por políticos corruptos y, en no pocos casos, por auténticos delincuentes comunes.  Pero nada está tan alejado de la verdad contable y financiera como esa presunción habitual.

La pregunta del millón, que permite resolver todas las dudas, es sencilla de formular: si tan gran negocio hace el “banco” prestando dinero a los pobres como han hecho las cajas de ahorros en España en los últimos 20 años, ¿prestaría Usted dinero a su vecino en las mismas condiciones?

De entrada, a Usted le quitaría el sueño que su vecino aparcara el flamante Mercedes en su puerta y le vacilara amablemente: “hay que tener categoría para conducir este coche”. O que se fuera de vacaciones con su amante, pretextando un viaje de trabajo a Tenerife.  Por no hablar  del dichoso Iphone con el que sus hijos le fastidiaran la sagrada hora de la siesta. Pero, bajando al terrenal mundo de las matemáticas, no acabaría de tener muy claro si está ganando dinero tras darle su parte a Hacienda o lo está perdiendo.

Hace años, cuando todos los comerciales de España intentaban venderme un Plan de Pensión con unas cifras espectaculares, solía contestarles del tirón: “¿Les importaría hacerme los cálculos de un modo retrospectivo, simulando que empecé a pagar hace 40 años y me jubilo mañana?”…Era mano de santo.

Si, a pesar de mis consejos, Usted le prestó 10 millones de pesetas a su vecino en 1998, con un triste diferencial de 0,75%, tendrá que recurrir a una tabla de amortización para saber cuánto ha ganado o perdido con su inversión.   Con ese dinero, podía comprar entonces un estudio nuevo en el centro de Madrid, o un piso pequeño en una capital de provincia limítrofe.  La evolución de los tipos de interés la puede comprobar aquí.  http://es.euribor-rates.eu/tipos-de-interes-Euribor-por-ano.asp

El primer año habría Usted recuperado 5400 euros y habría tenido que pagar a Hacienda unos 600 euros. El segundo y tercera año algo menos, y después, bastante menos a pesar del repunte de 2008. Simplificando, Usted habrá capitalizado en torno a los 80.000 euros al concluir el préstamo y podrá pensar que ha “ganado” 20.000 euros netos en 20 años. Pero, con los 80.000 euros que le han devuelto, no le alcanza ni mucho menos para estrenar un Estudio en el Centro de Madrid ni para comprarse un piso nuevo en ninguna capital de provincia.  Es evidente que su vecino hizo mejor negocio que Usted.  El estudio que compró por 10 millones en el Centro, y que ha tenido alquilado todos estos años en negro, le ha proporcionado 6.000 euros de renta cada año y ahora se lo quieren comprar por 25 millones de pesetas. El tiempo le ha dado la razón: “hay que tener clase para conducir un Mercedes, aunque sea a crédito”.

P.D  Se me olvidaba lo más importante. Last but not least, como dicen nuestros amigos británicos. Para recuperar SU dinero, dura y honradamente ahorrado, con el valor con el que lo prestó, tendría que cobrar inicialmente  un 10% de interés y aplicar siempre un diferencial igual o superior al 5%. Para ganar algo de dinero, y poder considerar el préstamo como un negocio, el diferencial no debería ser nunca inferior al 7%.

© Belge. 05/01/2017

Camina o Revienta (II)

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Entre 2010 y 2011, la situación tributaria se volvió insostenible en España. Los historiadores del futuro juzgarán hasta qué punto esa debacle fue premeditada y puede calificarse de auténtico sabotaje.  Los numerosos editoriales que se posicionaban a favor de la Intervención de España por potencias protestantes no permite ser benévolo con Zapatero.

A partir del año 2008, para cualquier analista y observador honesto ya era más que evidente que los ingresos fiscales del Estado estaban siendo dopados para poder justificar un incremento del Gasto Público y ocultar las transferencias de capitales a grupos amigos y regiones afines. El Gasto Publico  de todas las administraciones y Fundaciones, sumado al endeudamiento directo y diferido y al crédito forzoso contra los proveedores, superaba los 600.000 millones de euros.  Son 100 billones de pesetas constantes, o lo que es lo mismo: una cantidad media de 2 millones de pesetas por cada una de las personas que residían en España, legalmente o no, de un modo temporal o permanente.

El problema estructural creado por Zapatero y sus aliados nacionalistas y puritanos salta a la vista:  con la estrategia de devaluación interna, el incremento de población de 10 millones de habitante supuso un Gasto Público Total de 20 billones de pesetas constantes, al tiempo que una población activa de no más de 3 millones de trabajadores aportó un ingreso de 3 billones de pesetas constantes. Esto es: un déficit estructural de 17 billones de pesetas, equivalente a 100.000 millones de euros al año.

Cuando Mariano Rajoy gana las elecciones,  la alternativa aparente es reducir el Gasto Público a la mitad (de 600.000 a 300.000 millones de euros)  o intentar incrementar los ingreso del Estado para recuperar un cierto equilibrio. O mirar hacia atrás, para los ajustes de cuenta, o caminar hacia adelante con la pesada mochila a la espalda. Pero transcurrido unos días, ya era notorio que el déficit oficial del 6,6% que Zapatero dejaba en herencia era una mentira tan burda, que delata la complicidad de unos y otros, dentro y fuera de nuestras fronteras. El déficit que “hereda” el gobierno del Partido Popular supera con creces el 15% y hace inviable cualquier política basta en el recorte de gastos.

El dilema en 2012, para cualquier ciudadano de bien en España, es decidir si asume pagar muchos más impuestos por menos servicios, para tapar el gran agujero que le dejan Zapatero y sus cómplices, o si valida la intervención social, política y económica de la Soberanía Nacional. No era una decisión fácil de tomar.

Pero lo imprevisible en 2010 y 2010 fue lo que ocurrió cuando Mariano Rajoy tomó la decisión de no rendir nuestra Soberanía a potencias que no pueden ser calificadas de amigas.  Diferentes grupos de presión y poderes fácticos huérfanos de cualquier legitimidad democrática se conjuran para torpedear y sabotear aun más la acción de gobierno.

La situación actual es conocida por todos, y le ha valido a Rajoy un reconocimiento tardío en distintos foros internacionales. La proeza conseguida no supone, por supuesto, que la situación económica y personal de los españoles sea boyante, ni que se haya superado la crisis.  Solo que se salvaron una tras otras todas las pelotas de partido, y España consiguió el pequeño milagro de volverse a poner en pie y seguir siendo libre. El precio pagado ha sido muy alto. Lo más duro ha sido, sin duda, tener que financiar a unos nacionalistas sediciosos y traidores, responsables directos de provocar la crisis.

(c) Belge 14/12/2016

Camina o Revienta

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El titánico esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo de Rajoy desde el 22 de diciembre de 2011 para recuperar los ingresos del Estado y evitar la intervención de la economía española es, en el fondo, la mayor evidencia de la mala intención con la que gobernó siempre su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.  Quienes le defienden, a estas alturas, solo lo pueden hacer desde el sectarismo militante y desde la más absoluta mala fe.

La huella digital de economía española, en pesetas corrientes, no es un capricho estadístico ni retórico: es un imperativo estructural. La gente normal, que constituye el grueso del tejido social y empresarial, ha vivido y ha seguido viviendo en pesetas. Le escuché a un historiador franciscano, que hacía de guía turístico para un grupo de sefardíes en Ávila, que el ser humano puede cambiar con facilidad de país, de lengua y de religión, pero le cuesta mucho modificar sus hábitos culinarios.  Somos lo que comemos.

Cuando España era la séptima u octava economía del mundo, a principio de los años 90, y su población no llegaba a los 40 millones de ciudadanos,  el PIB superaba los 80 billones de pesetas y el salario medio más frecuente, que daba para vivir y ahorrar al final del mes, rondaba las 150.000 pesetas.   De aquella época era el famoso slogan político: “Paro, Despilfarro y Corrupción”.  La Deuda Pública rozaba el 60% del PIB y el Déficit, el 6% anual.   La Presión Fiscal rondaría el 35%, recaudando Hacienda algo más de 30 billones de pesetas al año. El español medio contribuía con 760.000 pesetas al Gasto anual.

El gobierno de Rodríguez Zapatero eleva la recaudación hasta los 76 billones de pesetas, una cantidad equivalente a 2 millones de pesetas por cada uno de los españoles que vivían en España cuando se negocia y firma el desdichado Tratado de Maastricht.  Si prescindimos de lo circunstancial, y nos ceñimos a lo estructural, eso significa que la presión fiscal se eleva en 2006 hasta rozar el 100% de los ingresos constantes sin inflación ni posterior deflación.

Muchos españoles no son plenamente conscientes de haber pagado el 100% de impuestos y más en el periodo que va de 2004 a 2011, y sin embargo es exactamente lo que ha ocurrido.  El perímetro de Gasto Público se puede trucar, como así se hizo, modificando los parámetros del PIB y favoreciendo la inmigración de hasta 10 millones de nuevos ciudadanos.  Un simple número de prestidigitación estadístico que no cambia la realidad estructural de la nación.  ¿De los 10 millones de ciudadanos llegados a España, que porcentaje corresponde a población activa real con un saldo tributario positivo?

Nadie ha estado interesado en analizarlo, por ser una imposición de Bruselas y Berlín.  En todos los nuevos países de la UE, se ha producido un movimiento similar: una tendencia a desplazar parte  de la clase media cualificada hacia el Oeste y el Norte de Europa, a cambio de abrir las fronteras a una nueva población de distintas regiones del mundo, mucho menos cualificada y sin arraigo local.  El resultado en todos los países de la UE ha sido aproximadamente el mismo:  entre un 15 y 20% del conjunto de la nueva población activa con menos derechos laborales y sociales.  Técnicamente es una  devaluación interna.

Pasaremos por alto el aspecto moral y la cuestión ideológica de esta devaluación interna, que demuestra fehacientemente la inmensa superioridad de nuestra sociedad católica, para centrarnos en la cuestión económica. Un incremento de facto del 25% de la población en regiones ricas como Cataluña, Valencia, Baleares o Madrid, supone también disparar el Gasto Público entre 120 y 150.000 millones de euros. Esto es una factura extra de 20 a 25 billones de pesetas constantes.

Por razones políticas, la presión fiscal deja de ser homogénea en todo el territorio durante los gobiernos de Zapatero, y se agrava cuando los nacionalistas consiguen la cabeza de Pedro Solbes. La reforma de la financiación autonómica, que se hizo para favorecer a Cataluña, trajo como principal consecuencia, un formidable incremento del fraude fiscal en todas las regiones costeras y nacionalistas.  Y la factura  de la devaluación interna recae entera sobre los ciudadanos de la España interior y rural.

 

(c) Belge 14/12/2016