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El Caso Catalunya Caixa, el gran icono de la España actual

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No hay tiempo que no llegue, ni factura que no se pague, pero ha hecho falta esperar al mes de abril de 2017 para que la justicia autonomizada de Cataluña le pida fianza a Narciso Serra y a la cúpula directiva de Catalunya Caixa.  EL FROB, que creó Zapatero en febrero de 2008 con la finalidad de disimular el grave déficit de capital de las cajas de ahorro de la región catalana, aprobó el 28 de julio de 2010 la primera ayuda de 1250 millones de euros para Catalunya Caixa sin ni siquiera pedir el cese o relevo de ninguno de los Consejeros de la entidad que presidía Narciso Serra. En total, el Fondo de Reestructuración ha inyectado más de 12.000 millones de euros, antes de pedirle al BBVA que, por favor, se hiciera cargo del marrón.

Tengo para mí la firme intuición que el Banco de España y el Gobierno de Zapatero decidieron crear Bankia a semejanza de lo que era Catalunya Banc, y pusieron especial énfasis en buscar a alguien como Rodrigo Rato que diera el perfil adecuado.  Engañaron en su buena fe al líder de la Oposición. Tengo escrito, desde antes de que se formalizara su creación y salida a bolsa, que no entendía como Rodrigo Rato asumía el tremendo riesgo político de Presidir un entidad financiera como Bankia, nacida para ser señalada con el dedo por los nacionalistas.

Sea como fuere, la Operación Bankia dio sus frutos y Luis de Guindos tuvo que estrenar su cargo asumiendo el Sambenito y aceptando la “línea de crédito preventiva”  para “rescatar” al “banco madrileño”.   Rodrigo Rato fue linchado en los medios y el Partido Popular se dejó muchos pelos en la gatera. Para la inmensa mayoría de los votantes de izquierdas y de los partidos nacionalistas,  Bankia es el gran icono de cómo la corrupción política en Madrid ha provocado la crisis económica.  Y da igual si el mal era autonómico (Valencia y Madrid), si el déficit de capital era valenciano, si el gobierno central de Zapatero era Tripartit o si el Bundesbank  de Frau Merkel obligó a las Cajas de Ahorros a reconvertir a sus depositantes en “falsos accionistas” a los que aplicar una absurda Quita.

En 2007, PSOE y PP se repartían el control político del grueso de las 45 Cajas de Ahorros en España, pero la mala praxis de los consejeros de la “izquierda” supera con creces los graves problemas de gestión financiera en el resto de las entidades. Lo dijo una de las chicas que Miguel Sebastián colocó de ministras en el gobierno paritorio de Zapatero: “El dinero público no es de nadie”.  Es posible que esa aventajada chica hubiera estado de Becaria en alguna caja de ahorros.

En 2013, saltaba a los medios una de esas noticias económicas de gran manoseo moral que les encanta a los periodistas de todas las secciones.  El Tribunal de Luxemburgo había condenado al Reino de España por la desprotección de los españoles frente a las cláusulas abusivos de la Ley Hipotecaria.  La mayoría de estos periodistas, con un fondo de armario intelectual escaso, daban saltos de alegría, narrando como el pequeño David hipotecario había vencido al Goliat bancario.

 

Para reconstruir la noticia, y poder elaborar el Foro del Día con un mínimo de solvencia, me tocó rastrear la noticia de agencia en todos los periódicos digitales que ofrecía Google News.  Me llevó un tiempo.  Aunque el cuerpo de la noticia era el mismo en todos los digitales, en cada uno de ellos el redactor de turno había copiado pequeños apuntes o matices. De ese modo, aparecía que el propietario era marroquí, había llegado a España de un modo indefinido, era soldador ocasional, cobraba 1350 euros, tenía 3 hijos, estaba separado,  y llevaba varios años sin pagar la cuota hipotecaria de un piso VPO de 3 dormitorios que había estrenado en Mataró.  Catalunya Caixa le había concedido una hipoteca de 240.000 euros.

Pero ahí no acababan las sorpresas que ocultaba la noticia. El fallo del Tribunal de Luxemburgo tenía su origen en 2011, cuando el propietario, Mohamed Aziz, es desahuciado de su Vivienda de Protección Oficial de Mataró por Catalunya Caixa y el caso paso por el juzgado del magistrado de lo Mercantil de Barcelona, cuyo titular hace algo más que aplicar la ley vigente y envía al Tribunal de Luxemburgo una petición para que evalúe si con la Ley Hipotecaria vigente (130 años de existencia) , se limitan las posibilidades de defensa del consumidor en las ejecuciones hipotecarias.  Y en ese procedimiento, que el TUE tarda 3 años en sustanciar, al propietario desahuciado en 2011 tras años de impagos, le asesora y representa gratis una asociación de activistas y supuestos afectados por la Ley Hipotecaria.

Con tanto ruido moral, y en el fuego cruzado de esas tantas estrategias políticas que llevaron a Ada Colau a la alcaldía de Barcelona, nadie se preguntó lo más obvio: ¿Cómo es posible que una Caja de Ahorros, dirigida con un supuesto criterio profesional, concediera préstamos de más de 200.000 euros a trabajadores precarios, con 3 hijos a cargo, y con una nómina de 1350 euros?  Cualquiera que haya gestionado la concesión de una Hipoteca entre 2002 y 2008, conoce que el criterio de los BANCOS era infinitamente más restrictivo. Para prestar más de 200.000 euros a nadie, le habrían exigido una nómina recurrente de más de 4.000 euros netos al mes.

Una de las últimas exclusivas que le regalé a mis “compañeros” de INVERTIA, y que versaba precisamente sobre la venta de la cartera hipotecaria de Catalunya Caixa al Fondo Buitre Blackstone, me permitió cerrar el círculo a mediados de 2015. La entidad catalana malvendió sus hipotecas, con un descuento superior al 50%, con el pretexto de que eran “tóxicas”.  En el caso que documenté, era una hipoteca Triple A, si existiera dicha calificación. El negocio de la “gestión” por parte del Fondo Buitre consistía, obviamente, en conseguir liquidar el mayor número de préstamos posibles, ofreciendo generosos descuentos a los propietarios.

(c) Belge 11/04/2017

Avales cruzados

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Luis De Guindos ha saltado en un charco.  Para preparar el combate que se librará en el Congreso, en el marco de la Comisión de Investigación sobre el rescate de las Cajas de Ahorro, no ha dudado en señalar que la crisis sistémica del sistema financiero español se originó en 2008 y 2009.  Y se pudo evitar, como atestigua la creación del mecanismo del FROB en febrero de 2008. La crisis se pudo evitar y se debió evitar.   Para atajar la crisis, antes de que colapsara Lehman Brothers, solo había sido necesario sanear el déficit de capital (agujero)  en Cataluña y, posiblemente, Madrid y Valencia. y poner coto a la mala praxis generalizada de su sistema financiero.  Y no se hizo porque Zapatero llegó al poder con el voto de los catalanistas. Entre las malas prácticas que el Banco de España no advirtió, destaca el mecanismo de los avales cruzados.

Los políticos que dirigían las Cajas de Ahorro descubrieron un sencillo método para puentear el control del riesgo y sacar beneficio de la concesión de créditos.  Utilizaban la generosa contrapartida final de las Cajas,  sin control ni rigor, para garantizar la venta de suelo en origen.  La propia Justicia documentó algunos casos en la que los propios directivos estaban involucrados en la compra directa y lucrativa reventa de esos terrenos.  Para conseguir su propósito de vender el suelo recalificado, las Cajas  fueron facilitando cada vez más el crédito al comprador final de la Promoción. Cuando un cliente veía denegada su petición de crédito hipotecario en un Banco, solo tenía que acudir a la Caja de Ahorros que le aconsejara el Constructor.

Pero, conforme los precios de la vivienda seguían subiendo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia,  iba escaseando la demanda solvente y abundando el porcentaje de clientes que necesitaban vender primero su propio piso de segunda mano para estrenar las nuevas viviendas.  Y podemos imaginar el problema planteado. Si la solvencia de la clase media española empezaba a ser dudosa, la del colectivo de inmigrantes, con trabajos precarios y mal pagados, era sencillamente una entelequia.

Para saltarse el control de riesgo y prestar dinero a los colectivos menos solventes, los directivos de las Cajas idearon un sencillo mecanismo burocrático. A través de una o varias agencias inmobiliarias, y acudiendo a determinados Registros y Notarías, los distintos compradores eran conducidos a firmar como avalistas unos de otros.  Una nómina de 1.000 euros al mes no permite afrontar una hipoteca de 120.000 euros en Madrid o Barcelona, pero sí 4 o 5 nóminas.  Lógicamente, en cuanto uno de los hipotecados no pudiera pagar su propia cuota hipotecaria, la Caja iniciaba los trámites para reclamarle toda la Deuda pendiente al conjunto de los avalistas.

En los años 2006 y 2007, fue creciendo el número de afectados, aunque la Prensa se limitaba a no informar.  Basta una sencilla búsqueda en las hemerotecas para verificar el escaso eco que recibió el fraude de los avales cruzados.  Ni siquiera hoy se puede conocer cuantos pisos nuevos se vendieron con ese procedimiento, especialmente en Madrid y Cataluña, pero si se puede intuir el interés de algunos partidos políticos y asociaciones en promover la dación en pago para echar tierra sobre el asunto.  Su prioridad fue siempre ayudar a proteger la retirada de los políticos en la retaguardia, mientras culpaban al sector constructor de los excesos de la Burbuja Inmobiliaria.

(c) Belge

 

Operación Bankia, o cómo reescribir la Historia de la Crisis

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Entre 2006 y 2008, dediqué varios análisis y artículos a denunciar como la campaña de acoso y sabotaje que padecía el sector inmobiliario y la creciente politización de las Cajas de Ahorro ponían en riesgo la propia economía española. Las prioridades del gobierno de Zapatero eran claras: transferir recursos a Cataluña para rescatar a sus empresarios y ocultar a la Opinión Pública que los excesos de créditos concedidos sin ningún rigor y absoluta falta de ahorro habían dejado su sistema financiero al borde de la quiebra.

Es importante explicarle a la ciudadanía qué ocurrió en los años 2007 y 2008 y por qué ocurrió. Vengo sosteniendo desde antes de estallar la Crisis Subprime que la Crisis Financiera de las Cajas de Ahorro en España se pudo y debió evitar. Habría bastado contar con un gobierno íntegro, preocupado por el Interés General de los españoles. Pero no fue así, y los mismos que pusieron en marcha la Operación Bankia, engañando en su buena fe a Mariano Rajoy, intentan ahora blanquear el terrible pasado del PSOE y del Banco de España, entre otros responsables directos del desaguisado.

Para muestra un botón. En octubre de 2008, preguntaba:

“¿Hay que fusionar las Cajas de Ahorros …o ya no hace falta?

En algún momento, alguien deberá atreverse a formular la pregunta. ¿Qué está pasando en las cajas de ahorro españolas? Entre desmentidos y proclamas, el goteo de datos alarmantes está alimentando toda suerte de rumores. El increíble crecimiento de la morosidad de las cajas de ahorro en España en el último trimestre ha desatado algunas lenguas. Y por el humo podemos empezar a seguir el rastro del incendio. Fue Cristobal Montoro, en los pasillos del Congreso, el que se permitió incluso cuestionar la solvencia del sistema financiero en el supuesto teórico de que la morosidad estuviera al 5,5%. Pero ¿era tan teórico el supuesto? La crisis financiera ha llevado al Partido Popular de Castilla y león a proponer la fusión de todas las entidades de la Comunidad. Y a chocar directamente con oscuros intereses locales.

La quiebra del sistema financiero internacional se está llevando por delante muchas convicciones y nos menos palabras. El presidente de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás ha pasado de negar la necesidad de fusionar las 45 cajas provinciales a señalar que “las cajas españolas cooperarán y actuarán de forma conjunta para hacer frente a los problemas financieros que azotan la economía internacional”. Hace menos de un año, Quintás se ponía en lo peor, de cara a 2009, con un ratio de morosidad del 3%. En las últimas declaraciones publicadas, señalaba un preocupante 5,5%. Sea cual sea la proyección que se haga, lo cierto es que la situación se está deteriorando mucho más deprisa de lo previsto en el peor de los escenarios.

La culpa de la delicada situación financiera de muchas cajas la tiene el delicado momento que atraviesa el sector inmobiliario. ¿O no? Lo que podría estar en tela de juicio es la politización y los criterios de gestión de dudosa profesionalidad, si no fuera porque el caos financiero actual les brinda otra ocasión más de hacer de su capa un sayo. En la prensa generalista de los últimos días se podía leer la descripción de algunas de esas prácticas “dudosas”, como es la concesión de generosos préstamos a compradores con escasas rentas y patrimonio. Y ahora toca reclamar deudas de hasta 1 millón de euros a clientes con nóminas de menos de 800 euros.

John Jairo, el coordinador de la plataforma Ahorcados por las Hipotecas Impagables, que agrupa ya a más de 3.000 personas, señala que algunos afectados llegaron a esa situación animados por algunas inmobiliarias que incluso les aconsejaron avalar a compatriotas a los que no conocían y con los que hoy comparten una deuda. Los miembros de esta plataforma de afectados también están denunciando ante los juzgados de Madrid abusos de algunas cajas y bancos que, como CajaMadrid, les han retenido la nómina ilegalmente para hacer frente al pago de los créditos. Jairo explica que los afectados ya han ganado dos demandas.

¿Son suficientes los mecanismos de control financiero de las Cajas en España? ¿Crees que las cajas de ahorro en algunas provincias y regiones de España han abierto la mano más de la cuenta en la concesión de hipotecas? ¿Crees que se han dado hipotecas en algunas cajas a sabiendas de que no podrían pagar? ¿Si las cajas están gestionadas por políticos con criterios políticos, ante quién deben responder? ¿Crees que hay demasiados intereses locales inconfesables para que se puedan llevar a cabo las fusiones de las Cajas de Ahorro? ¿Con el Plan de Rescate masivo, siguen siendo necesarias las fusiones, o pueden seguir igual que antes?

© Belge. Octubre 2008

Deudas ilegítimas

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Nos prestaron falsa moneda, nos reclaman oro de ley.  Con la creación de la Unión Monetaria, Alemania inundó el continente de crédito comercial. Se tardan años de estudio y oficio en poder precipitar en forma de aforismo sencillo una realidad conceptual compleja.

En los últimos años de la década de los 90, me debatía personalmente entre la ilusión sentimental y la duda intelectual.  Aunque mi corazón europeísta se alegraba de participar del nuevo proyecto histórico, creo que fui  de los escasos analistas españoles que dieron la voz de alarma.  Acuñe una expresión ( “Tenemos que defendernos del Euro” ) que me valió muchas burlas en distintos foros de Internet.  Poca gente entendió el concepto, y mucha menos aún la puso en práctica.

Hace unos años, encontré en las hemerotecas muchas de los artículos  que escribió el Gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo. En ellos deja patente su preocupación por el impacto que tendrá la conversión en el sector financiero, y en concreto en las Cajas de Ahorro. Dichas ideas no llegaron a la Opinión Pública. Al contrario. Un grupo de ex alumnos del Profesor Rojo, sindicados en torno a Zapatero, se mostró siempre proactivo y beligerante a favor de acelerar la transición de nuestra economía y sistema financiero al Euro.

En todo juego de estrategia, existe un patrón universal: en algún momento, toca decidir si es prioritario defender y consolidar la posición, o bien atacar y tomar la iniciativa. En detrimento del planteamiento político y moral de gentes como Manuel Conthe, Miguel Sebastián o  García Montalvo,  en los años 2001 y 2002 no tenía disculpa desconocer los efectos que tuvo anclar la economía argentina a una moneda fuerte como el dólar americano.  Todo lo que han sostenido desde entonces sobre el Euro y el sector constructor en España pasa por obviar las catastróficas consecuencias que acarreó la corrupta Ley de Conversión del Austral impulsada en Argentina por Domingo Cavallo.

Mi planteamiento y el de una pequeña minoría de aficionados al relato económico en los albores de Internet, es que tocaba defenderse. La situación de Argentina iba a empeorar y no existía ningún razón de peso para que en España no ocurriera algo parecido cuando se implantara el Euro como moneda oficial.  El recuerdo de aquellos debates no me ha permitido nunca ser benevolente con ninguno de los asesores de Zapatero y sus aliados, capitaneados por Luis Ángel Rojo.  En todo momento supieron de la importancia del envite y del riesgo que suponía para la gente más humilde y para las empresas españolas. Pero, al igual que le pasó a la clase política argentina, debieron valorar más otro tipo de circunstancias.

Al profano que no sabe latín, solo le hablan en su propia lengua para sermonearlo, nunca para contarle los ritos de la sagrada misa. La pequeña empresa endeudada y el propietario hipotecario pasaron de la noche a la mañana de deber unos pocos millones de pesetas a centenares de miles de euros fuertes.  Los 20 millones de pesetas de una línea de tesorería o de la compra de un piso representaban una cuota neta para la economía familiar de 80.000 pesetas al mes y el ahorro del alquiler.  Una cantidad inferior al 20% de los ingresos medios del hogar al principio del préstamo y al 10% al cabo de 10 años.

Tras dos años de política monetaria “blanda y laxa”, que tenía como finalidad  evitar que los ciudadanos tomaran consciencia del engaño sufrido, el euro voló y la deuda de particulares y empresas se multiplicó por 2.  El que debía 100.000 dólares en el año 2000 y 2001 pasó a deber, de media, entre 170.000 y 190.000 dólares los 10 años siguientes.  Y las 80.000 pesetas que pagaban las familias devinieron, por arte de birlibirloque,  más de 750 dólares al mes.

Para una economía española con una renta estructural media por hogar de algo más de 20.000 dólares en la década de los 90,  la conversión al euro supuso una factura de 5.000 dólares al año por vivienda hipotecada y de 5.000 dólares por cada coche nuevo matriculado en España.

La principal consecuencia de la implantación del Euro en España, como ya ocurrió en Argentina en la década de los 90, es que la economía se dividió en dos:  economía oficial, con rentas en euros, y economía real, con rentas en pesetas.  La economía oficial, sostenida desde el Gasto Público por Zapatero, sus asesores y sus cómplices, anclada al Euro Fuerte, y la economía real, con rentabilidad expresada en pesetas contantes y sonantes, buscando en el sector constructor cualquier cosa que flotara.

Camina o Revienta es, básicamente, obstinarse en seguir flotando, seguir nadando, llegar a tierra firme y sobrevivir.  Los que pedían la Intervención de España, y promovían quitas, abogaban por dejar que la gente y las empresas que vivían en pesetas se ahogaran de una vez, y echar por la borda de la España Oficial y Catalanista, al pasaje y a la tripulación sobrantes.  No les importa lo más mínimo la creciente despoblación del vasto territorio español y la ruina de su tejido empresarial, si ellos pueden seguir viviendo unos años de los beneficios que les deja la corrupta y perversa Industria Turística. No les importa exigir el esfuerzo de todos para construir proyectos tan disparatados como un AVE a la frontera que no usa nadie, o un delirante corredor mediterráneo, tan ruinoso como absurdo.  Su plan ha sido y es descapitalizar España hasta el hueso y luego declararse independiente y desentenderse de cualquier responsabilidad.

(C) Belge. 16/12/2016