2. La carga de trabajo

En la segunda mitad del siglo XX, se edificaron en España cerca de 15 millones de viviendas unifamiliares, con una superficie media de 110 metros construidos. Si exceptuamos Madrid, por razones obvias, el 65% de las obras se presupuestan en el litoral mediterráneo.  En términos absolutos, ese volumen de viviendas que se proyectaron en 12 provincias y la correspondiente dotación de infraestructuras garantizaron al sector constructor una carga de trabajo de 200.000 millones de horas productivas. Esto son 4 millones de empleos y 4 millones de pensiones contributivas plenas entre 1951 y 2017. Es un dato realmente asombroso, por cuanto representa el 40% de la población activa de esas regiones.

De ese modo, observamos que mientras la Ley de 1952 arruina la Renta Agraria de la España Interior o Rural, las provincias del arco mediterráneo heredan 4 millones de empleos vitalicios y una transferencia de capital, vía recalificación de terrenos rústicos, de 10 billones de pesetas equivalentes al salario mensual neto de 1 millón de trabajadores durante 10 años.  A estos beneficios, hay que sumar que reciben los recursos  energéticos y suministros alimentarios muy por debajo de sus costes de producción, lo que sin ninguna duda constituye una generosa subvención indirecta para sus habitantes y empresas.

Estas magnitudes permiten visualizar la naturaleza de un problema inevitable, el día en que dichas subvenciones y transferencias de capital dejaron de ser sostenibles. Una vez edificados todos los terrenos rústicos de la franja litoral, construidas casi 15 millones de viviendas,  y subvencionadas la energía y la alimentación hasta provocar la quiebra de los productores, no es posible seguir manteniendo el impulso, aunque los empresarios y políticos locales patrocinen el chantaje nacionalista. Ni siquiera sirve consentir un fraude fiscal masivo de la Industria turística, y subvencionar los costes fijos del sector pastoreando, con dinero público, a los jubilados y pensionistas del resto de España y de Europa.

La consecuencia más previsible de la disparatada política económica diseñada al alimón por el régimen franquista y el nacionalismo catalán es que las poblaciones locales, cebadas con dinero público durante 60 años, se echarán en brazos de alemanes y británicos, y acabaran facilitando muy pronto la colonización política y militar de esas regiones por Alemania y el Reino Unido. Los fenómenos políticos más recientes en España apuntan ya en esa dirección.

(sigue)

(c) Belge. 14/02/2017