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Camina o Revienta (II)


Entre 2010 y 2011, la situación tributaria se volvió insostenible en España. Los historiadores del futuro juzgarán hasta qué punto esa debacle fue premeditada y puede calificarse de auténtico sabotaje.  Los numerosos editoriales que se posicionaban a favor de la Intervención de España por potencias protestantes no permite ser benévolo con Zapatero.

A partir del año 2008, para cualquier analista y observador honesto ya era más que evidente que los ingresos fiscales del Estado estaban siendo dopados para poder justificar un incremento del Gasto Público y ocultar las transferencias de capitales a grupos amigos y regiones afines. El Gasto Publico  de todas las administraciones y Fundaciones, sumado al endeudamiento directo y diferido y al crédito forzoso contra los proveedores, superaba los 600.000 millones de euros.  Son 100 billones de pesetas constantes, o lo que es lo mismo: una cantidad media de 2 millones de pesetas por cada una de las personas que residían en España, legalmente o no, de un modo temporal o permanente.

El problema estructural creado por Zapatero y sus aliados nacionalistas y puritanos salta a la vista:  con la estrategia de devaluación interna, el incremento de población de 10 millones de habitante supuso un Gasto Público Total de 20 billones de pesetas constantes, al tiempo que una población activa de no más de 3 millones de trabajadores aportó un ingreso de 3 billones de pesetas constantes. Esto es: un déficit estructural de 17 billones de pesetas, equivalente a 100.000 millones de euros al año.

Cuando Mariano Rajoy gana las elecciones,  la alternativa aparente es reducir el Gasto Público a la mitad (de 600.000 a 300.000 millones de euros)  o intentar incrementar los ingreso del Estado para recuperar un cierto equilibrio. O mirar hacia atrás, para los ajustes de cuenta, o caminar hacia adelante con la pesada mochila a la espalda. Pero transcurrido unos días, ya era notorio que el déficit oficial del 6,6% que Zapatero dejaba en herencia era una mentira tan burda, que delata la complicidad de unos y otros, dentro y fuera de nuestras fronteras. El déficit que “hereda” el gobierno del Partido Popular supera con creces el 15% y hace inviable cualquier política basta en el recorte de gastos.

El dilema en 2012, para cualquier ciudadano de bien en España, es decidir si asume pagar muchos más impuestos por menos servicios, para tapar el gran agujero que le dejan Zapatero y sus cómplices, o si valida la intervención social, política y económica de la Soberanía Nacional. No era una decisión fácil de tomar.

Pero lo imprevisible en 2010 y 2010 fue lo que ocurrió cuando Mariano Rajoy tomó la decisión de no rendir nuestra Soberanía a potencias que no pueden ser calificadas de amigas.  Diferentes grupos de presión y poderes fácticos huérfanos de cualquier legitimidad democrática se conjuran para torpedear y sabotear aun más la acción de gobierno.

La situación actual es conocida por todos, y le ha valido a Rajoy un reconocimiento tardío en distintos foros internacionales. La proeza conseguida no supone, por supuesto, que la situación económica y personal de los españoles sea boyante, ni que se haya superado la crisis.  Solo que se salvaron una tras otras todas las pelotas de partido, y España consiguió el pequeño milagro de volverse a poner en pie y seguir siendo libre. El precio pagado ha sido muy alto. Lo más duro ha sido, sin duda, tener que financiar a unos nacionalistas sediciosos y traidores, responsables directos de provocar la crisis.

(c) Belge 14/12/2016

Camina o Revienta


El titánico esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo de Rajoy desde el 22 de diciembre de 2011 para recuperar los ingresos del Estado y evitar la intervención de la economía española es, en el fondo, la mayor evidencia de la mala intención con la que gobernó siempre su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.  Quienes le defienden, a estas alturas, solo lo pueden hacer desde el sectarismo militante y desde la más absoluta mala fe.

La huella digital de economía española, en pesetas corrientes, no es un capricho estadístico ni retórico: es un imperativo estructural. La gente normal, que constituye el grueso del tejido social y empresarial, ha vivido y ha seguido viviendo en pesetas. Le escuché a un historiador franciscano, que hacía de guía turístico para un grupo de sefardíes en Ávila, que el ser humano puede cambiar con facilidad de país, de lengua y de religión, pero le cuesta mucho modificar sus hábitos culinarios.  Somos lo que comemos.

Cuando España era la séptima u octava economía del mundo, a principio de los años 90, y su población no llegaba a los 40 millones de ciudadanos,  el PIB superaba los 80 billones de pesetas y el salario medio más frecuente, que daba para vivir y ahorrar al final del mes, rondaba las 150.000 pesetas.   De aquella época era el famoso slogan político: “Paro, Despilfarro y Corrupción”.  La Deuda Pública rozaba el 60% del PIB y el Déficit, el 6% anual.   La Presión Fiscal rondaría el 35%, recaudando Hacienda algo más de 30 billones de pesetas al año. El español medio contribuía con 760.000 pesetas al Gasto anual.

El gobierno de Rodríguez Zapatero eleva la recaudación hasta los 76 billones de pesetas, una cantidad equivalente a 2 millones de pesetas por cada uno de los españoles que vivían en España cuando se negocia y firma el desdichado Tratado de Maastricht.  Si prescindimos de lo circunstancial, y nos ceñimos a lo estructural, eso significa que la presión fiscal se eleva en 2006 hasta rozar el 100% de los ingresos constantes sin inflación ni posterior deflación.

Muchos españoles no son plenamente conscientes de haber pagado el 100% de impuestos y más en el periodo que va de 2004 a 2011, y sin embargo es exactamente lo que ha ocurrido.  El perímetro de Gasto Público se puede trucar, como así se hizo, modificando los parámetros del PIB y favoreciendo la inmigración de hasta 10 millones de nuevos ciudadanos.  Un simple número de prestidigitación estadístico que no cambia la realidad estructural de la nación.  ¿De los 10 millones de ciudadanos llegados a España, que porcentaje corresponde a población activa real con un saldo tributario positivo?

Nadie ha estado interesado en analizarlo, por ser una imposición de Bruselas y Berlín.  En todos los nuevos países de la UE, se ha producido un movimiento similar: una tendencia a desplazar parte  de la clase media cualificada hacia el Oeste y el Norte de Europa, a cambio de abrir las fronteras a una nueva población de distintas regiones del mundo, mucho menos cualificada y sin arraigo local.  El resultado en todos los países de la UE ha sido aproximadamente el mismo:  entre un 15 y 20% del conjunto de la nueva población activa con menos derechos laborales y sociales.  Técnicamente es una  devaluación interna.

Pasaremos por alto el aspecto moral y la cuestión ideológica de esta devaluación interna, que demuestra fehacientemente la inmensa superioridad de nuestra sociedad católica, para centrarnos en la cuestión económica. Un incremento de facto del 25% de la población en regiones ricas como Cataluña, Valencia, Baleares o Madrid, supone también disparar el Gasto Público entre 120 y 150.000 millones de euros. Esto es una factura extra de 20 a 25 billones de pesetas constantes.

Por razones políticas, la presión fiscal deja de ser homogénea en todo el territorio durante los gobiernos de Zapatero, y se agrava cuando los nacionalistas consiguen la cabeza de Pedro Solbes. La reforma de la financiación autonómica, que se hizo para favorecer a Cataluña, trajo como principal consecuencia, un formidable incremento del fraude fiscal en todas las regiones costeras y nacionalistas.  Y la factura  de la devaluación interna recae entera sobre los ciudadanos de la España interior y rural.

 

(c) Belge 14/12/2016