2. La carga de trabajo

En la segunda mitad del siglo XX, se edificaron en España cerca de 15 millones de viviendas unifamiliares, con una superficie media de 110 metros construidos. Si exceptuamos Madrid, por razones obvias, el 65% de las obras se presupuestan en el litoral mediterráneo.  En términos absolutos, ese volumen de viviendas que se proyectaron en 12 provincias y la correspondiente dotación de infraestructuras garantizaron al sector constructor una carga de trabajo de 200.000 millones de horas productivas. Esto son 4 millones de empleos y 4 millones de pensiones contributivas plenas entre 1951 y 2017. Es un dato realmente asombroso, por cuanto representa el 40% de la población activa de esas regiones.

De ese modo, observamos que mientras la Ley de 1952 arruina la Renta Agraria de la España Interior o Rural, las provincias del arco mediterráneo heredan 4 millones de empleos vitalicios y una transferencia de capital, vía recalificación de terrenos rústicos, de 10 billones de pesetas equivalentes al salario mensual neto de 1 millón de trabajadores durante 10 años.  A estos beneficios, hay que sumar que reciben los recursos  energéticos y suministros alimentarios muy por debajo de sus costes de producción, lo que sin ninguna duda constituye una generosa subvención indirecta para sus habitantes y empresas.

Estas magnitudes permiten visualizar la naturaleza de un problema inevitable, el día en que dichas subvenciones y transferencias de capital dejaron de ser sostenibles. Una vez edificados todos los terrenos rústicos de la franja litoral, construidas casi 15 millones de viviendas,  y subvencionadas la energía y la alimentación hasta provocar la quiebra de los productores, no es posible seguir manteniendo el impulso, aunque los empresarios y políticos locales patrocinen el chantaje nacionalista. Ni siquiera sirve consentir un fraude fiscal masivo de la Industria turística, y subvencionar los costes fijos del sector pastoreando, con dinero público, a los jubilados y pensionistas del resto de España y de Europa.

La consecuencia más previsible de la disparatada política económica diseñada al alimón por el régimen franquista y el nacionalismo catalán es que las poblaciones locales, cebadas con dinero público durante 60 años, se echarán en brazos de alemanes y británicos, y acabaran facilitando muy pronto la colonización política y militar de esas regiones por Alemania y el Reino Unido. Los fenómenos políticos más recientes en España apuntan ya en esa dirección.

(sigue)

(c) Belge. 14/02/2017

1. Las Reglas del Juego

Uno de los aspectos más desconocidos de la Cuestión Inmobiliaria es el análisis de sus magnitudes fundamentales. No es posible abordar un debate racional sobre determinados conceptos manoseados y comprometidos, como son “especulación” o “burbuja”,  sin antes establecer el escenario diacrónico pertinente. 1000 dólares americanos son  algo menos de 1100 euros pero más de 120.000 Yenes: para saber que 100.000 yenes son menos que 1000 euros es necesario conocer la evolución de cada moneda a lo largo del tiempo, la inflación estructural y el poder adquisitivo real que representa para los ciudadanos de cada país.

De entrada, hay que diferenciar tres periodos. El primero va a de 1951 a 1981, el segundo, de 1982 a 2001, y el tercero, que empieza en 2002 y se prolonga hasta hoy. En los tres casos, es un profundo cambio de las reglas del juego lo que alimenta la dinámica inmobiliaria. Las Leyes de Concentración Parcelaria de 1952 provocan el desplazamiento forzoso de millones de familia, dentro y fuera de España. En el periodo siguiente, la Constitución del 78 alumbra un Régimen de Autonomías Asimétricas que se traduce en profundos cambios administrativos, grandes inversiones económicas en las Costas y  toda suerte de arbitrajes políticos.  La fase actual, que corresponde con la entrada de España en la Unión Monetaria, ha supuesto un cambio traumático sin precedentes en la Historia de nuestro país.

Mapa de las regiones más afectadas por la Ley de 1952

Parque de viviendas familiares construidas por provincias entre  1951 y 2001 (miles). Fuente Ministerio de Fomento y Fundación BBVA

 

Viviendas Familiares construidas en regiones afectadas por la Concentración Parcelaria
	1951 1981	1982 2001
Ávila	47,9	59
Burgos	72,3	38,8
León	84,1	68,2
Palencia	25,8	20,1
Salamanca	52,7	51
Segovia	25,1	24
Soria	12,1	12,5
Valladolid	91,9	71,4
Zamora	24,5	15,3
Badajoz	61,3	82,7
Cáceres	49,2	94,5
Córdoba	76,1	91,2
Jaén	59,6	67,5
Albacete	47,9	41,9
Ciudad Real	45,8	56,5
Cuenca	21,5	28,6
Guadalajara	39,6	34,5
Toledo	85,3	97,1
Huesca	34,4	35,2
Teruel	13,5	12,7
Zaragoza	167,1	104,9
Total	1137,7	1107,6

 

Las zonas que se ven afectadas por la Ley de Concentración Parcelaria de 1952, y en las que vivía el 35% de la población, quedan, desde el principio, al margen de la actividad constructora en España.  En 50 años de fuerte crecimiento económico, e incorporación a la CEE, se construyen en 20 provincias, que ocupan más de la mitad del territorio nacional, 2 millones de viviendas unifamiliares de un total de más de 14 millones.  En conjunto, se edifica el mismo volumen de viviendas antiguas que ya existía en 1951, a pesar de duplicarse el Censo. Este fenómeno, como veremos más adelante, se agrava notablemente en el periodo 2001-2017, debido a la fuerte inmigración de trabajadores y jubilados europeos.

1.1. Consecuencias indirectas

La cuestión de las magnitudes es fundamental, por cuanto en la mitad del territorio, las infraestructuras inmobiliarias se han quedado obsoletas y no se han producido suficientes viviendas para reponer el parque existente en 1952. La principal consecuencia es que estas regiones se quedan al margen de la Industria turística e industrias relacionadas. En los periodos de verano, las poblaciones urbanas siguen acudiendo a buscar sus raíces y a visitar a sus ancianos, pero en invierno y con mal tiempo, porque las viviendas ya no reúnen las condiciones mínimas de confort exigidas. Las familias que optan a invertir en una segunda residencia, son “conducidas” amablemente a elegir apartamentos baratos construidos en cualquier playa masificada de las costas españolas (65% de la oferta).  Y dentro de las opciones que les “ofrecieron”, priorizaron determinadas zonas del Mediterráneo.

 

			1950		1960		1970		1981		1991	2001
Alicante			166,3		208,7		367,6		589,1		789,3	980,0
Almería			89,0		99,1		127,0		167,3		214,2	266,3
Balears, lles			130,8		145,2		213,4		327,8		415,4	495,1
Barcelona			506,4		667,2		1.183,6		1.762,0		1.904,7	2.248,3
Cádiz			126,4		172,8		232,5		321,5		392,1	487,7
Castellón			100,9		113,7		157,3		228,9		269,2	327,6
Girona			85,4		98,0		161,8		264,8		338,4	406,6
Granada			147,2		174,4		221,1		282,7		346,8	439,9
Huelva			88,0		98,6		117,0		159,5		195,0	229,4
Madrid			388,9		669,6		1.132,7		1.710,4		1.934,7	2.497,3
Málaga			167,7		178,0		274,4		423,1		574,4	702,5
Murcia			174,4		215,9		274,2		384,4		483,0	571,6
Santa Cruz de Tenerife			81,4		108,3		153,9		229,6		304,8	403,4
Cantabria			85,6		104,3		150,8		191,1		225,6	281,8
Tarragona			99,3		107,0		174,7		279,3		347,7	434,6
Valencia			312,4		392,7		618,0		914,2		1.034,9	1.218,0
Total			2743 /6.287						8230/14726			11990/20820
			43%						56%	65%		58%   /   64%

 

1.2. Recalificaciones de terreno

Como se puede observar en estos sencillos cuadros, con datos públicos al alcance de todo el mundo, el volumen edificado en la Costa Mediterránea pasa de un 40% en 1951 a un 60% en el año 2001, antes del último boom inmobiliario. Es un fenómeno cualitativamente significativo, y vamos a tratar de explicarlo brevemente.

En el cómputo global del volumen edificado entre 1951 y 2001, y debido al peso urbanístico de Madrid, Barcelona y Valencia, el coeficiente de suelo repercutido en cada M2 construido no supera un 0,33. Dicho en prosa: por cada M2 de suelo recalificado, se han vendido de media 3 metros de vivienda unifamiliar.

En los 50 años que van de 1951 hasta 2001, se han vendido en esas provincias 100 millones de m2 de vivienda unifamiliar y, en consecuencia, para ello se han recalificado un mínimo de 33 millones de M2, sin contar que las superficies destinadas a dotaciones públicas e infraestructuras necesarias multiplican con creces esos ratios.

Dado que conocemos los precios finales en función del poder adquisitivo de los salarios en España, y los costes de producción, podemos resolver esta ecuación con relativa facilidad. Sale un valor actual equivalente de 1.000 euros por M2. Los propietarios de esos terrenos rústicos ubicado en una docena de provincias reciben una “transferencia de capital” neta  superior a los 10 billones de pesetas.  Si buscamos visualizar esa cantidad de recursos en su contexto, equivale al salario mensual medio neto de 1 millón de españoles durante 10 años.

© Belge. 14/2/2017

2. Las leyes de concentración parcelaria

 

Nada ilustra mejor la superchería de muchos planteamientos ideológicos, y el juego de máscaras de los lobbies políticos, que las leyes de concentración parcelaria.  Surge con fuerza en los años 30, en Cataluña, por la necesidad de abastecer a las grandes ciudades en desarrollo con numerosos recursos  por debajo del coste de producción. El mayor obstáculo no es la codicia, sino la estructura de la propiedad y la distribución milenaria del territorio. Daría para una tesis doctoral analizar como influyó dicho debate en la “necesidad” de provocar una guerra civil. Es un fenómeno que se ha venido repitiendo en muchas latitudes del mundo, en diferentes momentos históricos, con el mismo resultado de “acelerar” los desplazamientos forzosos de poblaciones.  Se trata, por utilizar la feliz expresión de Unamuno, que los pobres dejen de tener los medios de “mandar sobre su hambre”.

La continuidad entre el debate “nacionalista” y republicano de los años 30, y la propia ideología y política económica franquista, se plasma en las Leyes de Concentración Parcelaria de 1952. Durante los años 40, las poblaciones que habían sido desplazadas por la fuerza de las armas de Oeste a Este entre 1936 y 1939, regresan TODAS a sus regiones de origen.  Numerosos testimonios de gente aún vivas permiten afirmar que existió una política PREMEDITADA, en los dos bandos contendientes, para que la gente huyera de sus tierras, hacia Madrid, Barcelona  Valencia y Alicante.  En total, fueron más de 3 millones de personas desplazadas. Los hombres fueron reclutados como soldados y las mujeres y los niños fueron obligados a trabajar durante 3 años  en campos, fábricas y almacenes. Otra tesis doctoral interesante sería, sin duda, estudiar qué ocurrió con el PIB que generó esa mano de obra esclavizada durante los 3 años que conduraron la guerra civil.

Entre 1940 y 1952, el régimen franquista puso un especial empeño en que el sector agrario no pudiera recuperar su capacidad productiva, ni los ganaderos reconstituir sus rebaños. La actividad agraria y ganadera fue, literalmente, criminalizada con la finalidad de poder intervenir y controlar el sector en beneficio de las grandes ciudades.  El paralelismo con lo que ocurrió en Ucrania y toda Rusia tras la Revolución Bolchevique y Marxista es más que evidente.

La la ley Concentración Parcelaria de 1952 tenía como finalidad declarada “solucionar” el pequeño tamaño de las explotaciones que había permitido a España fijar población durante más de 2.000 años.  Es, en esencia, un procedimiento administrativo especial por el que se reorganiza de manera forzosa la propiedad rústica de una zona, asignando a cada propietario un terreno con los M2 que tenía. Aquí también, los numerosos testimonios coinciden en que las fincas más valiosas y productivas que permitían subsistir a las agricultores se cambiaban “a pelo” por auténticos pedregales.

 

En buena lógica no fue posible aplicar la Ley con la misma intensidad en todo el mundo rural. La prioridad eran las zonas llanas de campos abiertos, dedicadas al cereal, y era algo más laxa en las zonas de montaña y para con las explotaciones de viñedos y frutales. El incremento de las superficies de cultivo implicó que las familias de agricultores tuvieran que endeudarse con prestamistas y usureros para comprar tierras y para poder utilizar maquinaria, abonos y pagar nóminas. La mayoría no consiguió créditos o se arruinó, implicando al Estado y sus comisarios en la “modernización” del campo y de sus infraestructuras de regadío. Por segunda vez, en menos de 15 años, el grueso de las poblaciones del mundo rural se vio expulsado de sus tierras. Y para muestra un botón: fue empezarse a aplicarse la Ley de 1952, y la provincia con mayor crecimiento demográfico entre 1787 y 1952, Badajoz, perdió más del 25% de sus habitantes en menos de 1 año.

Como reflexión, es interesante remarcar que unos sencillos mapas y unos pocos datos bastan para evidenciar que las regiones “castigadas” y “premiadas” durante los 40 años del periodo franquista no fueron – ni mucho menos – las que sostiene la mitología nacionalista desde 1976. Castilla La Vieja, Extremadura y Aragón sufrieron un castigo inmisericorde, mientras que las regiones vascas, catalanas y levantinas se beneficiaban sistemáticamente de todas sus políticas económicas y comerciales.