Para entender lo que ocurrió hace 45 años, en el Congreso de los Diputados, hay que explicárselo a un niño de 6 años. El 23F de Tejero fue la escenificación que blindó el golpe real.

El verdadero golpe de estado no ocurrió el 23 de febrero de 1981. Ocurrió semanas antes, en la penumbra de la Zarzuela y los cuarteles, cuando el Rey Juan Carlos, bajo presión estadounidense y ante el malestar creciente del Ejército por ETA y la crisis económica, forzó la dimisión de Adolfo Suárez mediante amenazas directas de sublevación si no abandonaba la Moncloa.

Suárez no era un actor político cualquiera. Surgió como el hombre inesperado que, desde el magnicidio de Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973 —operación que, según la lógica de los hechos, abrió la vía a la cesión del Sáhara que el almirante se negaba a entregar—, comenzó a desbaratar sistemáticamente las tácticas de Washington para controlar la Transición.

Abundan los testimonios directos que recogen cómo esa presión regia llegó a ser amenaza explícita: si no se iba, el riesgo de sublevación militar sería inminente. Suárez, que había consolidado su figura de estadista al legalizar el Partido Comunista y fragmentar el voto de izquierda, se había convertido en obstáculo insoportable para Washington, la CIA y la propia Corona.

En aquella reunión que precipitó la “dimisión” de Suárez, debieron elegir a Leopoldo Calvo-Sotelo como candidato de consenso: era el hombre partidario de la OTAN, aceptable para el Rey, el Ejército, EEUU y el propio dimisionario en su salida controlada. Sin embargo, el Rey y la CIA aspiraban a algo más profundo: que el PSOE alcanzara el poder cuanto antes para alinear definitivamente a España con sus intereses estratégicos en el Magreb y el Sáhara Occidental. En el Congreso, la mayoría de los grupos —incluidos nacionalistas y socialistas— empujaban en esa misma dirección, pidiendo elecciones anticipadas inmediatas, dada la fractura irreversible de UCD.

El sector militar encarnado por Armada y Milans del Bosch rechazaba entregar el país a AP, nacionalistas, socialistas o comunistas. Su meta era que, a falta de un candidato fuerte, Calvo-Sotelo fuera investido de inmediato. El Rey aparentó sellar el pacto por Calvo-Sotelo, pero había susurrado al oído del general Armada un plan alternativo: presentar un segundo candidato que le abriera la puerta del Gobierno al PSOE. Milans del Bosch, al constatar que el Rey y Armada se la habían jugado, y Calvo-Sotelo no lograría la mayoría simple en segunda votación, decidió romper la baraja. Sacó tanques a las calles de Valencia en una escenificación de fuerza deliberada y despachó a su hombre de confianza, Antonio Tejero, al Congreso para bloquear la sesión de investidura e impedir la entrada de Armada. La consigna debió ser hacer un poco de ruido y disparar al techo, y convocar a la máxima autoridad militar vigente como quien invoca a un fantasma en una sesión de espiritismo. Milans del Bosch creía saber lo que estaba haciendo, cerrando la puerta a la posibilidad de un segundo candidato y desbaratando el plan del Rey y la CIA, pero en realidad, estaba llevando al PSOE en volandas hacia la Moncloa.

El Rey, enfrentado al caos que él mismo había contribuido a crear, no tuvo más salida que abortar la operación alternativa y aceptar la investidura inmediata de Calvo-Sotelo, retornando al guion original. En el juicio de 1982, Armada solicitó por escrito permiso al Rey para declarar y exponer su verdad completa; se lo negaron, pero su gesto dejó grabado en actas que siempre había obedecido órdenes superiores. El comandante José Cortina, figura clave de los servicios de inteligencia con contactos previos con el embajador estadounidense, amenazó con aclarar toda la verdad sobre el asesinato de Carrero Blanco si alguien intentaba que cargara con el “marrón” del 23-F.

La CIA y el PSOE asumieron Calvo-Sotelo como mal menor transitorio, empleándose a fondo para desgastar su gobierno. Un mes después, Calvo Sotelo se vio golpeado por la crisis del síndrome tóxico del aceite de colza; su gobierno quedó tocado de un modo irreversible. El PSOE ganó las elecciones de octubre de 1982 y ha dominado la vida política española durante más de cuatro décadas —con alianzas nacionalistas, control institucional y respaldo estadounidense—, culminando ese ciclo estratégico con el reconocimiento oficial de la soberanía marroquí sobre el Sáhara en marzo de 2022.

El 23 de febrero no fue un golpe de estado fallido, fue la escenificación “dura” que dinamitó el golpe blando pactado y aseguró, paradójicamente, que el golpe de estado contra Suárez, que había sido una verdadera chapuza, alcanzara su objetivo real.