Desde la caída del Muro de Berlín, todo ha cambiado en el mundo. ¿Todo? ¡No! Nuestro irreductible grupo de galos resiste ahora y siempre…Parafraseando el divertido trazo de Goscinny y Uderzo, podría decirse que en la política económica (y mediática) española, algunas cosas nunca cambian. Desde hace más de 25 años, la ocupación hotelera es del 80%, salvo cuando el corresponsal destacado a Benidorm se emociona y desborda el 100%. Otra Ley Inexorable desde los JJOO de Barcelona es que los turistas se gastan 90 euros al día.  La patronal del sector turístico publica, año tras año, las mismas cifras “oficiales” y a nadie le extraña. Es bastante cómico escuchar que los turistas que nos visitan se gastan una cantidad 3 veces inferior a las cantidades reveladas por las estadísticas de Eurostat, salvo cuando se trata de lucro cesante o magnificar la importancia de los campos de golf, de los cruceros, o de cualquier otro privilegio ocasional: entonces, por arte de magia, el turista pasa a gastar 300 euros al día como cualquier hijo de vecino cuando viaja fuera de España.

Otra Ley que se puede observar en España es que la inflación no existe, o es tan pequeña, pequeña, que se puede esconder en cualquier cajón del INE. Tan cierto es que los precios nunca suben, excepto cuando son manipulados por los malvados especuladores. Alojarse en un hotel del Madrid de la “Movida”  (1986) costaba entre 1.000 y 2.000 pesetas.  Los precios no se han multiplicado por 10, pero casi. Se puede comprobar fácilmente que han subido un 7% cada año, del mismo modo inexorable que todas las demás mercancías y servicios prestados en la economía española.

Suponiendo que la Casta política y empresarial de ascendencia nacionalista que gobierna España desde hace 25 años hubiera decidido hurtar al resto de regiones españolas el legítimo dividendo fiscal de la Industria Turística, los 40.000 millones de ingresos registrados y publicados en 1990 serían hoy unos 55.000 millones de euros. Damos por hecho que los 40 millones de españoles que se desplazan hasta las costas para bañarse y comerse la espectacular paella de chorizo y gambas de Paellador reciben un tratamiento VIP y son agasajos por los generosos lugareños. En cuanto el restaurador de la Costa Brava o Valencia se entera que el visitante es español, todas las cañas corren de su cuenta.

La Industria del Turismo en España tiene el mecanismo de un botijo. Son 40 + 60 millones de clientes que se gastan, según Eurostat, 2000 y 3000 euros de media por unas vacaciones tipo de 10 días. La parte del león se la queda Cataluña, con el 30% del mercado.  Aunque estas cifras son muy conservadoras en lo que concierne al turista interior, los ingresos totales del Sector superan los 250.000 millones de euros, con un beneficio global que se puede estimar entre 140 y 150.000 millones de euros.

Ese dinero que escapa por completo al Fisco, con la ayuda de los políticos locales, atrae a todo tipo de “mafias” que necesiten blanquear ingentes cantidades de dinero procedentes de sectores poco regulados. Su rastro e incidencia en la vida política, económica y financiera en esas regiones del Este que componen el litoral mediterráneo son obvios y notorios en las dos últimas décadas.  Con un agravante notable, que explica el actual pulso secesionista y el riesgo de  deriva totalitaria: ese dinero que no retorna a Hacienda en pago por el esfuerzo y recursos invertidos por el resto de los españoles en la creación y mantenimiento de toda la infraestructura turística, y que alimenta a mafiosos de todo el mundo y radicales nacionalistas, se transforma en Déficit Público y acaba engordando la Deuda Soberana de todos los españoles.

El mecanismo de transferencia es sencillo de entender.  El Sector turístico da trabajo en la Franja Mediterránea a un total 2 millones de trabajadores para un perímetro de población media “permanente” que asciende a 24/25 millones de personas con un elevado nivel de gasto público.  Incluyendo la economía sumergida, la ratio entre población activa y pasiva no supera el 33%. Dicho de otro modo: 7,5 millones de trabajadores en esas regiones,  que reciben todas las inversiones de un modo preferente, no cubren 17 millones de pasivos nacionales y extranjeros.  El déficit directo provocado por el Turismo supera los 150.000 millones de euros, y lo aportan el resto de contribuyentes y regiones del interior con sus impuestos y recursos naturales.  Podría decirse, a modo de conclusión gráfica, que si el Turismo fuera una empresa que cotiza en bolsa, accionistas y acreedores ya habrían puesto muchas denuncias en los tribunales contra socios y directivos por toda suerte de prácticas jurídicas claramente tipificadas.

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