2. Las leyes de concentración parcelaria

 

Nada ilustra mejor la superchería de muchos planteamientos ideológicos, y el juego de máscaras de los lobbies políticos, que las leyes de concentración parcelaria.  Surge con fuerza en los años 30, en Cataluña, por la necesidad de abastecer a las grandes ciudades en desarrollo con numerosos recursos  por debajo del coste de producción. El mayor obstáculo no es la codicia, sino la estructura de la propiedad y la distribución milenaria del territorio. Daría para una tesis doctoral analizar como influyó dicho debate en la “necesidad” de provocar una guerra civil. Es un fenómeno que se ha venido repitiendo en muchas latitudes del mundo, en diferentes momentos históricos, con el mismo resultado de “acelerar” los desplazamientos forzosos de poblaciones.  Se trata, por utilizar la feliz expresión de Unamuno, que los pobres dejen de tener los medios de “mandar sobre su hambre”.

La continuidad entre el debate “nacionalista” y republicano de los años 30, y la propia ideología y política económica franquista, se plasma en las Leyes de Concentración Parcelaria de 1952. Durante los años 40, las poblaciones que habían sido desplazadas por la fuerza de las armas de Oeste a Este entre 1936 y 1939, regresan TODAS a sus regiones de origen.  Numerosos testimonios de gente aún vivas permiten afirmar que existió una política PREMEDITADA, en los dos bandos contendientes, para que la gente huyera de sus tierras, hacia Madrid, Barcelona  Valencia y Alicante.  En total, fueron más de 3 millones de personas desplazadas. Los hombres fueron reclutados como soldados y las mujeres y los niños fueron obligados a trabajar durante 3 años  en campos, fábricas y almacenes. Otra tesis doctoral interesante sería, sin duda, estudiar qué ocurrió con el PIB que generó esa mano de obra esclavizada durante los 3 años que conduraron la guerra civil.

Entre 1940 y 1952, el régimen franquista puso un especial empeño en que el sector agrario no pudiera recuperar su capacidad productiva, ni los ganaderos reconstituir sus rebaños. La actividad agraria y ganadera fue, literalmente, criminalizada con la finalidad de poder intervenir y controlar el sector en beneficio de las grandes ciudades.  El paralelismo con lo que ocurrió en Ucrania y toda Rusia tras la Revolución Bolchevique y Marxista es más que evidente.

La la ley Concentración Parcelaria de 1952 tenía como finalidad declarada “solucionar” el pequeño tamaño de las explotaciones que había permitido a España fijar población durante más de 2.000 años.  Es, en esencia, un procedimiento administrativo especial por el que se reorganiza de manera forzosa la propiedad rústica de una zona, asignando a cada propietario un terreno con los M2 que tenía. Aquí también, los numerosos testimonios coinciden en que las fincas más valiosas y productivas que permitían subsistir a las agricultores se cambiaban “a pelo” por auténticos pedregales.

 

En buena lógica no fue posible aplicar la Ley con la misma intensidad en todo el mundo rural. La prioridad eran las zonas llanas de campos abiertos, dedicadas al cereal, y era algo más laxa en las zonas de montaña y para con las explotaciones de viñedos y frutales. El incremento de las superficies de cultivo implicó que las familias de agricultores tuvieran que endeudarse con prestamistas y usureros para comprar tierras y para poder utilizar maquinaria, abonos y pagar nóminas. La mayoría no consiguió créditos o se arruinó, implicando al Estado y sus comisarios en la “modernización” del campo y de sus infraestructuras de regadío. Por segunda vez, en menos de 15 años, el grueso de las poblaciones del mundo rural se vio expulsado de sus tierras. Y para muestra un botón: fue empezarse a aplicarse la Ley de 1952, y la provincia con mayor crecimiento demográfico entre 1787 y 1952, Badajoz, perdió más del 25% de sus habitantes en menos de 1 año.

Como reflexión, es interesante remarcar que unos sencillos mapas y unos pocos datos bastan para evidenciar que las regiones “castigadas” y “premiadas” durante los 40 años del periodo franquista no fueron – ni mucho menos – las que sostiene la mitología nacionalista desde 1976. Castilla La Vieja, Extremadura y Aragón sufrieron un castigo inmisericorde, mientras que las regiones vascas, catalanas y levantinas se beneficiaban sistemáticamente de todas sus políticas económicas y comerciales.

• Metodología

El análisis de la realidad inmobiliaria española plantea una serie de desafíos metodológicos previos, como son el periodo estudiado, la naturaleza de la evolución y el objeto de la observación.

 

1. El periodo estudiado

La vivienda unifamiliar tiene un periodo de amortización que supera la esperanza de vida de los propios individuos que la habitan, y su ciclo de promoción o producción es suficientemente largo como para que no se ajuste necesariamente al propio ciclo económico del entorno. Viviendas que se planifican durante una fase de crecimiento se construyen y venden en un posterior momento de crisis o recesión. No es nada evidente obtener conclusiones empíricas y lógicas de un análisis primario de series estadísticas.

2. La naturaleza de la evolución

En un espacio dilatado de tiempo, lo más probable es que se acaben confundiendo las cuestiones relativas al crecimiento inmobiliario con la propia evolución demográfica de la sociedad y las tareas, accidentales, de reconstrucción. El ciclo natural de la inflación y de la deflación en una economía se ve a menudo condicionado por los movimientos migratorios, las guerras y las manipulaciones de la moneda.

 

3. El objeto de la observación

Techo, Vivienda y Casa son sinónimos fáciles de usar en cualquier conversación o artículo para referirse a un objeto de estudio bastante escurridizo. Una chabola en un descampado, sin agua y sin luz, no es el mismo “objeto” que un Duplex en una céntrica y concurrida avenida de Madrid. Del mismo modo que una carro no el lo mismo que un coche, no son homologables las tres cuartas partes de las viviendas que se producían en España antes de 1940 con las que se han venido construyendo a partir de 1950. En muchas provincias, el porcentaje significativo de viviendas obsoletas que figura en los censos suele desvirtuar el valor de las series históricas.

 

• Antes y Después de la Guerra Civil

1. 1890-1940

La población española pasa de 18 millones de habitantes (según las fuentes consideradas) hasta los 26 millones. Es una tasa de crecimiento del 0,75% anual, que apenas se ve empañada por la Crisis de Cuba, la Primera Guerra Mundial, la pandemia de Gripe, la Dictadura catalanista de Primo de Rivera, la crisis constitucional de 1931 y la Guerra Civil.

 2.  1950-2009 

La población residente en España experimenta un crecimiento casi exponencial a partir de la década de los 50 y roza una tasa anual del 1,2%l. El censo se duplica, si se tienen en cuenta la importante colonia de jubilados británicos y alemanes que viven ilegalmente en nuestras costas y la rotación media del resto de turistas que visitan nuestro país durante 2 semanas. 

3. 2010-2020

 

La fase actual, que sucede a la crisis del euro y al intento de intervención de la economía española, se caracteriza por una marcada despoblación en el Oeste y en las regiones del Interior de la Península, y un desplazamiento incentivado hacia el litoral mediterráneo. En conjunto, Galicia, Asturias, Castilla León y Extremadura experimentan un crecimiento negativo de su población.

 

• Tratado de Maastricht e Inmigración

A partir del 1 de enero de 1993, entra en vigor un Tratado de Maastricht que, en España, queda intencionalmente solapado por la resaca de los JJOO de Barcelona 92.  La crisis de 1993 y 1994 supone, además, un parón en seco de la actividad promotora. El censo de la población residente en España es de 39 millones. Es un dato relevante, por cuanto los nuevos criterios y directrices de la UE se traducen en España, entre 1995 y 2005, en un incremento de la población que supera los 10 millones de residentes. Es una tasa de crecimiento del 2,2% anual que solo tiene parangón en Malta, y provoca un grave déficit de viviendas habitables en muchas zonas de concentración urbana.

1. El velado origen de la cuestión inmobiliaria

En paralelo, en el periodo que se extiende desde 1995 hasta 2010, se han promovido y terminado de construir 5 millones de viviendas nuevas, insuficientes a todas luces. Al finalizar la década de los noventa, y acercarse la economía española a lo que sería el abismo financiero que proyecta la futura Unión Monetaria, surge por primera vez en nuestro país una verdadera CUESTION INMOBILIARIA, que en parte recuerda la crisis puntual que se produce en Madrid y Barcelona en los años 50. Pero ahí se acaban los parecidos.  En 1996, un servidor fue de los pocos periodistas que alertó de las consecuencias inmobiliarias del choque cultural que provocaría la inmigración en ciudades como Madrid y Barcelona, con grave déficit de viviendas habitables.

2. Las tres causas de la Cuestión Inmobiliaria

La primera, fundamental, se debe al fuerte crecimiento de las rentas de la clase media española, tras dejarse atrás la resaca de los JJOO y la crisis monetaria del 93. A partir de 1997, crece el empleo en España y se dispara la renta disponible de las familias.

La segunda, se debe a la llegada progresiva de 10 millones de inmigrantes pobres en los barrios tradicionales de las grandes ciudades. Es un fenómeno menos acusado que en el resto de países europeos, pero que acaba surtiendo el mismo efecto de desplazar una parte de la población hasta barrios nuevos y hacia las afueras.

La tercera, clave en el debate político y mediático, es el tremendo déficit de viviendas modernas que padecen muchas regiones españolas en los años 80 y 90. En 1950, como recuerda un estudio de la Fundación BBVA, las pequeñas viviendas disponibles en el mercado eran ocupadas por 5 miembros de la familia. No plantean las mismas necesidades 6 millones de hogares austeros, en la postguerra, que 15 millones de hogares al finalizar el siglo XX en la rica Europa.

 

1.4 Evolución del parque inmobiliario por provincia (Fundación BBVA)

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