Cuando montas un circo, el único peligro que corres es que te crezcan los enanos. Lo saben todos los empresarios, todos los inversores y, como regla general, cualquier jugador acostumbrado a lidiar bajo presión con el insobornable riesgo. Es la teoría del cisne negro, un bicho con patas que vuelve supersticioso al más cartesiano y humilde al más soberbio. Digamos lo mismo en castellano: las meigas no existen, pero haberlas haylas. Quién olvida el refranero de su pueblo, tarde o temprano caerá del pedestal en que le ha aupado la suerte. Esa precaución por no mentar al bicho con patas es quizá la verdadera razón por la que los constructores españoles no salieron a defender el honor ultrajado del sector inmobiliario. Han aguantado 5 años las críticas más injustas y las calumnias políticas más destructivas sin decir esta boca es mía. Por desgracia para ellos, la callada interpretada como cobardía ha otorgado patentes de corso hasta el último mono con veleidades sindicales de este nuestro país y hasta de la India.

A este mono que no hace gracia bauticé hace años con el nombre de terrobajista. Desde que inventé el término, circulan varias definiciones por la Red, a cuál más incierta. Digamos que es un alarmista a sueldo, interesado en difundir un clima de terror económico con la absurda esperanza de poder comprar a la baja. En sus inicios, la campaña terrobajista tenía unos fines políticos bastante definidos y hasta reconocidos: favorecer la inversión financiera y potenciar la intervención pública en detrimento de la promoción libre privada. En esa línea de pensamiento se inscriben desde la ministra María Antonia Trujillo hasta los componentes más radicales del Tripartito Catalán. La punta de lanza ideológica del presidente Zapatero llegó a coquetear directamente con la idea de expropiar, de facto o de iure, los pisos catalogados como vacíos. Sólo la necesidad de captar votos puso fin al disparate argumental.

No es necesario glosar en exceso el argumentario terrobajista. No hay periodista español o británico que se precie que no sea capaz de recitar las cuatro verdades de la burbuja inmobiliaria: los constructores son unos chorizos “corrutos”, el precio de los pisos es inasequible para el 99% de la población, se han construido más viviendas en España que en Francia, Alemania y Groenlandia juntas, y la culpa es de los especuladores y de los bancos por bajar los tipos de interés. Con esos mimbres, la prensa ha montado la carpa y todo vale para cobrar el espectáculo ahora que la crisis subprime ha dejado al sector maltrecho y malherido. Incluso el escarnio público.

La confusión que reina en la economía española en estos momentos no puede ser mayor. El debate de investidura poco o nada ha aclarado. De él sale el primer gobierno paritorio de la historia reciente, y la promesa de reconvertir a los albañiles en jardineros y a los constructores en administradores de fincas. El dinero del superávit se lo repartirán los tres peloteros más endeudados del régimen a cambio de deshacerse en alabanzas, disfrazar parados y ayudar a construir 150.000 viviendas para la próxima tómbola VPO. Falta por saber si al resto de los empresarios les convence la jardinería, o si se multiplicaran las suspensiones de pagos y las quiebras directas antes de que llegue el verano, en un “sálvese quién pueda” sin precedente. La banca y las cajas empufadas les han cerrado el grifo y no están ya en condiciones de arriesgar lo que les queda de patrimonio. Obreros, pequeños empresarios, promotores, bancos y clientes finales pueden acabar perdiendo el trabajo y el dinero de los dos últimos años.

Llegados a este punto es preciso volver a hablar de riesgo moral para señalar la extraña paradoja que la actualidad nos sirve en bandeja de plata. La paradoja del terrobajista ilustrado. Unos cálculos más o menos oficiales del sector bancario cifran entre 200 y 300.000 millones de euros el riesgo crediticio que acumulan las empresas constructoras e inmobiliarias en España, con un stock de viviendas en promoción de unas 500.000 viviendas. ¿Qué impide a los malvados “ladrilleros” aprovechar las circunstancias y presentar voluntaria y legalmente suspensión de pagos? El enunciado de la paradoja es sencillo: si los terrobajistas están en lo cierto, y los constructores son un atajo de aprovechados ¿por qué ahora no suspenden pagos ahorrándose dinero y disgustos? Si por el contrario ha sido una campaña de acoso y derribo injusta y sin precedente que ha minado la confianza en la economía española ¿por qué ahora han de pagar las consecuencias los constructores, asumiendo el compromiso de mantener el empleo y honrar las deudas contraídas?

(c) Belge. El Sábado.es. Junio 2007