Con la alevosa y nocturna quiebra del Banco Popular, se vuelve a poner de actualidad la expresión que inventamos hace una década para intentar visualizar como el sistema financiero español estaba magnificando los problemas del sector inmobiliario para justificar y ocultar sus pecados.

Los números cantan. El saldo que importa la suma de todas las hipotecas concedidas en España no supera, en estos momentos, los 600.000 millones de euros.  En el pico de la demanda inmobiliaria, la hipoteca media que se firma ante notario llega a rozar los 156.000 euros. Corresponde a la promoción de 4 millones de pisos construidos y entregados entre 1997 y 2007.  Datos y hechos objetivos.

Las cajas de ahorro coparon el 55% del negocio inmobiliario en España, concediendo créditos al promotor e hipotecas con mayor facilidad que los bancos.  Esa es la razón por la que la crisis subprime que estalla en EEUU y en Alemania se contagia primero a unas entidades financieras que carecen de capital social y no responden de su mala gestión ante ningún accionista.

Cuando los políticos y directivos empotrados en bancos y cajas empezaron en 2008 a filtrar a la Prensa que el sistema financiero español acumulaba 300.000 millones en activos tóxicos, ya era evidente que mentían e intentaban engordar el pufo inmobiliario. 300.000 millones de euros correspondían a la promoción y venta de 2 millones de hipotecas, un hecho materialmente imposible.  Suponiendo – y es mucho suponer – que el 60% de toda una promoción hubiera quedado en el aire, la cantidad de dinero comprometida en los balances de las entidades financieras sería el resultado de multiplicar 500.000 pisos por un importe medio de 160.000 euros. Esto es: 80.000 millones de euros.

Entre vender a la Opinión Pública que el sistema financiero tiene un pufo de 300.000 millones en activos inmobiliarios tóxicos, o contabilizar 80.000 millones de euros, hay una diferencial notable, y no solo cuantitativa.  El 40% de 80.000 millones de euros son unos 30.000 millones de euros en provisiones, a repartir entre 45 cajas y una docena de bancos, no 130.000 millones de euros.

En sus mejores momentos, el Banco Popular tenía una cuota de mercado en el sector financiero del 15-20%. Es de suponer lógicamente que su parte de “pufo inmobiliario” estaba en esa proporción. El 15% de 30.000 millones de euros es una cantidad máxima de 4.500 millones de euros, y el 20% de 130.000 son 26.000 millones de euros. Entre una y otra magnitud, hay un mundo de diferencia.  Tanta, que para justificarla, el Popular habría tenido que tener en su cartera el equivalente a 100.000 millones de euros. La friolera de 600.000 pisos.

Desde que documentamos como una hipoteca AAA de la antigua CatalunyaCaixa era catalogada y vendida como “tóxica” a un Fondo Americano, con un 70% de descuento sobre el valor de tasación original de la finca,  es imperativo someter a cuarentena los balances que publican los los bancos para sus justificar movimientos accionariales y estratégicos.  La cifra que ha servido de pretexto para que el BCE y el FROB le apliquen el MUR al Banco Popular es sencillamente increíble. Desde que Ángel Ron impulsa el agresivo Plan Suma en 2006, el Popular no ha podido intermediar más de 100.000 pisos, con un valor de mercado de unos 25.000 millones.

En el conjunto del país,  las pérdidas que han ocasionado los 500.000 pisos que se dejaron de construir o se retrasaron suponen una perdida de 30.000 millones de euros, nunca 300.000 millones.  El resto del dinero desaparecido, por el procedimiento que sea, difícilmente se puede achacar a una supuesta burbuja inmobiliaria o a las dificultades financieras de las Promotoras y Constructoras.