2. Las leyes de concentración parcelaria

 

Nada ilustra mejor la superchería de muchos planteamientos ideológicos, y el juego de máscaras de los lobbies políticos, que las leyes de concentración parcelaria.  Surge con fuerza en los años 30, en Cataluña, por la necesidad de abastecer a las grandes ciudades en desarrollo con numerosos recursos  por debajo del coste de producción. El mayor obstáculo no es la codicia, sino la estructura de la propiedad y la distribución milenaria del territorio. Daría para una tesis doctoral analizar como influyó dicho debate en la “necesidad” de provocar una guerra civil. Es un fenómeno que se ha venido repitiendo en muchas latitudes del mundo, en diferentes momentos históricos, con el mismo resultado de “acelerar” los desplazamientos forzosos de poblaciones.  Se trata, por utilizar la feliz expresión de Unamuno, que los pobres dejen de tener los medios de “mandar sobre su hambre”.

La continuidad entre el debate “nacionalista” y republicano de los años 30, y la propia ideología y política económica franquista, se plasma en las Leyes de Concentración Parcelaria de 1952. Durante los años 40, las poblaciones que habían sido desplazadas por la fuerza de las armas de Oeste a Este entre 1936 y 1939, regresan TODAS a sus regiones de origen.  Numerosos testimonios de gente aún vivas permiten afirmar que existió una política PREMEDITADA, en los dos bandos contendientes, para que la gente huyera de sus tierras, hacia Madrid, Barcelona  Valencia y Alicante.  En total, fueron más de 3 millones de personas desplazadas. Los hombres fueron reclutados como soldados y las mujeres y los niños fueron obligados a trabajar durante 3 años  en campos, fábricas y almacenes. Otra tesis doctoral interesante sería, sin duda, estudiar qué ocurrió con el PIB que generó esa mano de obra esclavizada durante los 3 años que conduraron la guerra civil.

Entre 1940 y 1952, el régimen franquista puso un especial empeño en que el sector agrario no pudiera recuperar su capacidad productiva, ni los ganaderos reconstituir sus rebaños. La actividad agraria y ganadera fue, literalmente, criminalizada con la finalidad de poder intervenir y controlar el sector en beneficio de las grandes ciudades.  El paralelismo con lo que ocurrió en Ucrania y toda Rusia tras la Revolución Bolchevique y Marxista es más que evidente.

La la ley Concentración Parcelaria de 1952 tenía como finalidad declarada “solucionar” el pequeño tamaño de las explotaciones que había permitido a España fijar población durante más de 2.000 años.  Es, en esencia, un procedimiento administrativo especial por el que se reorganiza de manera forzosa la propiedad rústica de una zona, asignando a cada propietario un terreno con los M2 que tenía. Aquí también, los numerosos testimonios coinciden en que las fincas más valiosas y productivas que permitían subsistir a las agricultores se cambiaban “a pelo” por auténticos pedregales.

 

En buena lógica no fue posible aplicar la Ley con la misma intensidad en todo el mundo rural. La prioridad eran las zonas llanas de campos abiertos, dedicadas al cereal, y era algo más laxa en las zonas de montaña y para con las explotaciones de viñedos y frutales. El incremento de las superficies de cultivo implicó que las familias de agricultores tuvieran que endeudarse con prestamistas y usureros para comprar tierras y para poder utilizar maquinaria, abonos y pagar nóminas. La mayoría no consiguió créditos o se arruinó, implicando al Estado y sus comisarios en la “modernización” del campo y de sus infraestructuras de regadío. Por segunda vez, en menos de 15 años, el grueso de las poblaciones del mundo rural se vio expulsado de sus tierras. Y para muestra un botón: fue empezarse a aplicarse la Ley de 1952, y la provincia con mayor crecimiento demográfico entre 1787 y 1952, Badajoz, perdió más del 25% de sus habitantes en menos de 1 año.

Como reflexión, es interesante remarcar que unos sencillos mapas y unos pocos datos bastan para evidenciar que las regiones “castigadas” y “premiadas” durante los 40 años del periodo franquista no fueron – ni mucho menos – las que sostiene la mitología nacionalista desde 1976. Castilla La Vieja, Extremadura y Aragón sufrieron un castigo inmisericorde, mientras que las regiones vascas, catalanas y levantinas se beneficiaban sistemáticamente de todas sus políticas económicas y comerciales.