El Desafío Soberanista, en marcha en Cataluña, es el enésimo episodio de las Guerras Carlistas. No ha pasado a mayores, de momento, porque ni a Francia ni a Alemania, ni al Reino Unido les interesa desestabilizar la región. De EEUU hablaremos otro día, tal vez cuando toque analizar sus extrañas estrategias geopolíticas en todo el Mediterráneo.

Leído en la Prensa una especie de análisis comentado del último informe de Convivencia Cívica Catalana sobre el coste que tendría para los pensionistas la Independencia y la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, no me queda más remedio que analizar y publicar el que sería el escenario más probable. Tan predecible es, que cuesta imaginar un escenario alternativo.

La ruptura unilateral de la Caja Única, sin tiritas, supone la ruptura traumática del principio solidario de reparto. No se trata de una separación en el que un juez fije una pensión compensatoria para la mujer (economía catalana) y los desvalidos niños (jubilados).  De entrada, es un divorcio a hostias en el que los corruptos políticos y empresarios catalanistas se niegan a pagar sus deudas.  De hecho, ya han manifestado en ese sentido, y con total claridad, que no piensan reconocer y hacerse cargo de su parte (el 33% aproximadamente) del billón de euros de la Deuda Pública Global que suman Empresas, Familias y Administraciones.

La quiebra del criterio de reparto solidario llevaría a la nueva Hacienda Catalana a tener que hacer frente al pago de casi 2 millones de pensiones, con un desembolso cercano a los 30.000 millones de euros al año, y a España a tener que respaldar la totalidad de su Deuda. La consecuencia inmediata es que centenares de miles de pensionistas catalanes y ciudadanos intentarían cruzar la frontera y regresar a sus pueblos de origen, haciéndose pasar por españoles y votantes del PP de toda la vida. En buena lógica,  España no podría asumir ese esfuerzo y tendría que blindar la nueva  frontera.

La crisis humanitaria en territorio catalán tendría, a su vez, tres consecuencias más o menos directas. La primera sería una brutal caída de los ingresos turísticos reales (50.000 millones de euros de facturación) y del empleo; la segunda, traería el hambre y el racionamiento alimentario en Barcelona; la tercera sería el estallido de violentas revueltas entre facciones del independentismo, por un lado,  y un conflicto armado entre catalanes nacionalistas y catalanes españoles, por el otro.

El razonamiento que hacen los corruptos políticos catalanes, tanto los independentistas de baja intensidad como los radicales más significados, es erróneo por cuanto cuando postulan que el caos llevaría a las potencias vecinas a intervenir para separar a los contendientes y poner paz. Nunca en Europa ha ocurrido tal cosa, y los “mentes pensantes” del catalanismo no deberían contar la merienda ajena.  Nadie renuncia a sacar ventaja  primero y pescar en río revuelto.  Sobran ejemplos en la Historia reciente del Viejo Continente.

Los catalanistas Unitaristas no renuncian a alimentar el debate nacionalista con argumentos torticeros y tóxicos. No renuncian a sacar ventaja del pulso que se está librando y a conseguir un rédito de privilegios que les permita vivir del cuento durante los próximos 20 años.  Basta escuchar las primeras declaraciones políticas de los chicos de Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, para tener una idea clara de sus prioridades estratégicas.  “Vender” a la Opinión Pública que las pensiones públicas en Cataluña solo bajarían 144 euros al mes es tanto como blanquear y secundar toda la estrategia de Pujol y de los empresarios que patrocinan la aventura.

© Belge 28/11/2016