La actualidad es todo lo que ocurre mientras los periodistas se dedican a escribir noticias. La vida acostumbra a pasar desapercibida y pone sus huevos en silencio. Lo que llaman “vida política” es solo esa sensación de polvo y confusión que dejan las gallinas cuando se alborotan.  Pancho Sánchez es ese desubicado líder de los socialistas de Geografía Nacional, que linda al Norte con Bildu y al Este con los Països Catalans. Tras el fiasco electoral del 21-D, ha debido pensar que la mejor manera de recuperar la iniciativa, era darle una patada de rugby al melón de las Pensiones.  La Reforma del Sistema de Pensiones amenaza con convertirse en el caballo de batalla de la próxima campaña electoral.

Los ciudadanos de Geografía Nacional no tenemos suerte con nuestros políticos, pero viendo lo que hay alrededor, es casi un consuelo pensar que no sirven para nada. En toda Europa se oyen ya los estertores del Welfare State del Arzobispo de Canterbury – (¡Gracias wikipedia por la maravillosa anécdota etimológica!)  – al tiempo que el Reino Unido sueña con darse de baja definitivamente de la UE germanizada.

La propuesta que formula Pancho Sánchez, y consiste en castigar a los bancos para financiar las pensiones públicas, se acerca más a la movilización marxista del Wohlfahrtsstaat alemán que antecede al warfare state, que al solidario Welfare State del británico William Temple. No es ninguna casualidad. Avalar la creación de una “hucha” o asumir que existe un déficit implícito de las pensiones es un subterfugio que implica blanquear el sistema de capitalización privada y quebrar el principio de reparto solidario.  Es defender, como sistema de valores, que hay ciudadanos de primera con derecho a cobrar 30.000 euros al año sin haber cotizado, y ciudadanos de segunda, condenados a sobrevivir con pensiones de miseria por haber nacido en Extremadura en lugar de hacerlo en Madrid o Barcelona.

Toda la clase política de Geografía Nacional reconoce como problema que la suma de nóminas que paga el Instituto Nacional de la Seguridad Social a sus pensionistas supera con creces lo que ingresa por cotizaciones. Por primera vez, en los últimos años, ha tenido que recurrir a un préstamo del Tesoro. Lo que quedaba en el Fondo de Reserva – 5600 millones – no alcanzaba para pagar los 9.500 millones de la paga extra de diciembre. Dicho de un modo suave: la Seguridad Social paga más de lo que ingresa. Ese déficit, acumulado desde el 1 de enero de 2012, alcanza los 80.000 millones de euros.

Por una cruel paradoja del destino, son los marxistas más radicales los que exigen ahora el derecho de los “suyos” a consolidar los derechos y privilegios que han conseguido, aunque sea a costa de sangrar a impuestos a todo el que se mueve. Lo importante, en su renovado sistema de valores, es que gente amiga como Puigdemont o Rufián, que tanto han luchado por la Causa, se pueda jubilar cobrando 2.528 euros cada mes. Pero, enseguida aflora el dilema. No es posible seguir defendiendo que el sistema de pensiones debe regirse por un sistema de reparto, y al mismo tiempo defender el derecho de 500.000 políticos profesionales a cobrar cada 6 millones de las antiguas pesetas.

 

Cuando se analiza el dilema en todas sus partes, se entiende mucho mejor el papel que juega el “malvado” banco en la retórica marxista de Pancho Sánchez o Pablo Iglesias. El banco, que los financia a fondo perdido, es al mismo tiempo chivo expiatorio y principal candidato a garantizar una privatización ordenada del sistema de pensiones. Por ordenada, se entiende que mantenga un orden de prelación y depredación que asegure el cobro de las pensiones máximas. El gran negocio de los bancos es vender planes de pensión cautivos y cobrar comisiones de “gestión y mantenimiento” toda la vida. Su sueño húmedo sería que su suscripción fuera obligatoria, como ya ocurre en algunas empresas.

En 2007, había 7.586.574 pensionistas.  En 2012, había 8.182.112. Hace un año, había 8.602.601 pensionistas, aunque la Seguridad Social pagaba un total de 9.465.328. Un total de 139.647 millones de euros.  Dicen los sociólogos que la Nomenclatura dirigente en cualquier tipo de régimen político representa el 15%  de la población, por lo que es fácil deducir el porcentaje de jubilados que cobran más de 35.000 euros al año. Simplificando el trazo, podría decirse que 1,1 millón de jubilados cobran 2500 euros al mes, y 7,5 millones de personas,  950 euros.  A final de 2018, el gasto en pensiones habrá alcanzado los 150.000 millones de euros.

Para un sistema de pensiones basado en el principio de reparto, la solución es sencilla. Basta reducir las pensiones máximas que no hayan contribuido 35 años en la misma proporción en que vaya creciendo el número de pensionistas.  Para un sistema de capitalización privada, la solución consiste en eliminar pensionistas e imponer quitas a los derechos consolidados, por razones excepcionales. Siempre son excepcionales.

Cobrar un impuesto especial a los bancos para financiar las pensiones máximas del sistema es abrir la puerta a la privatización de las pensiones.  En Geografía Nacional, solo  quedan 3 bancos: La Caixa, el Santander y BBVA. Es inevitable que impongan sus condiciones. Serán 3 y serán sine qua non.  En primer lugar,  serán los clientes los que paguen el nuevo impuesto. ¿Quién sino lo iba a hacer? En segundo lugar,  los bancos se irán haciendo con el monopolio de las pensiones privadas. En tercer lugar, las pensiones públicas  acabarán siendo solo asistenciales, para todos aquellos ciudadanos sin trabajo que no puedan contribuir a un plan de pensión privado obligatorio.

El acuerdo entre los políticos de la Casta es total.  Pablo Iglesias y Pancho Sánchez insistirán en castigar a la “malvada” banca patria, con un impuesto justiciero, mientras que  el PP y Cs pondrán el acento en la rebaja de las cargas sociales y en un régimen transitorio que permita avanzar hacia un modelo de “capitalización” mixto, más justo y eficiente, que garantice a los más desfavorecidos  que percibirán unos  “mínimos”.

© Belge