Hay puertas que no se deben abrir. Recién ganadas las elecciones en Cataluña, CIU ha tasado sus votos. En el supuesto que el PP no alcance la mayoría absoluta, o una mayoría relativa suficiente para gobernar en solitario, el precio a pagar será un concierto económico para Catalunya, bautizado como Pacto Fiscal o con cualquier otro nombre que permita disimular el agravio. Convergencia i Unió sigue así la estela del PNV, y reclama los mismos privilegios fiscales de los que gozan el País Vasco y Navarra. Desde Barcelona, Artur Mas se reafirmaba ayer: el concierto económico es el punto “nuclear” del programa electoral con el que CIU ha concurrido y ganado los comicios autonómicos.

El concierto vasco es el espejo en el que se mira el nacionalismo catalán para reivindicar un Pacto Fiscal. Sin ahondar en la genealogía histórica de un acuerdo pragmático que nació de la incapacidad del Estado para recaudar impuestos en determinados territorios hostiles, en la práctica actual el País Vasco paga un pequeño “fijo” a cambio del derecho a fijar y administrar los impuestos que recauda. El asunto es que esa especie de “tarifa plana” conocida como Cupo Vasco no tiene una naturaleza económica o actuarial, sino puramente política. El País Vasco pagó a Hacienda 3.737, 3533 y 3095 millones de euros respectivamente en 2007,2008 y 2009. En el caso de Navarra, esa cantidad se redujo en 2009 a menos que nada. La pregunta pertinente sería la siguiente: Si se privatizara ese negocio llamado “País Vasco y Navarra” y saliera a Bolsa ¿valdría sólo unos 3.000 millones de euros anuales el derecho a cobrar unos 40.000 millones de euros sin necesidad de realizar ni una sola inversión?

El problema de plantear un Pacto Fiscal con Cataluña no es el agravio comparativo que sufrirían otras regiones de España, sino que con toda probabilidad se fijaría un Cupo en base a premisas contables falseadas y mentiras poco piadosas sostenidas por una clase política corrupta interesada en el negocio. La demostración empírica de dicha falsedad es tan sencilla de hacer que sorprende que nadie la haya querido hacer. Extrapolando el modelo del Cupo Vasco Navarro al resto del país, nos encontraríamos con una evidencia irrefutable: 46.000 millones de euros en la Caja de Hacienda para correr con todos los gastos comunes. Incluido el pago de pensiones de jubilación ¡por supuesto!, cuyo capítulo contributivo supera en estos momentos los 100.000 millones de euros. Y puestos a hacer demagogia: esos 46.000 millones recaudado llegarían justo para pagar los intereses de la Deuda Soberana común al 6%, pero no para devolver su dinero a los acreedores.

Un Pacto Fiscal “bilateral” entre Cataluña y el Resto de España es sencillamente imposible? El Pacto Fiscal es paz política y fiscal a cambio de mayores transferencias netas para Cataluña. Es un chantaje inadmisible.  El “juego” consiste  en intoxicar a la Opinión Pública con premisas contables falsas.  Van a  utilizar las televisiones como altavoces, para elevar la estridencia del debate,  y será imposible demostrar la falsedad de las premisas planteadas por el nacionalismo.   La pregunta pertinente sería: “¿Si el CUPO catalán fuera un negocio privado pagaría un inversor 10.000 millones al año a cambio del derecho a cobrar 100.000 millones?   Pero, extrapolado  el Cupo Vasco a toda España,   ¿quién se haría cargo de las pensiones y del pago de la Deuda?  La respuesta es obvia: nadie.  En pcoco tiempo veríamos a los lobbies catalanistas maniobrar para provocar un default de la Deuda Soberana con uno u otro pretexto.

(c) Belge.  Noviembre 2010.