La historia del número 46 de la Calle Alcalde de Baranda en El Retiro de Madrid es puro esperpento, pero es la que mejor condensa y retrata el siniestro régimen político que padecen los españoles desde el atentado del 11 de marzo de 2004, hace ya 22 años.

La primera pregunta sin respuesta es: “¿Por qué los seudo periodistas que cobran de los medios en España no han preguntado a los vecinos si la impostora vivió con su madre y en que años lo hizo? La finca tenía portero y, como en la Rua del Percebe, es probable que lo supiera todo de la vida y milagros de cada uno de los personajes del edificio.
La respuesta es obvia: Porque el relato ya estaba escrito antes de llamar al quinto para expulsar a la okupa. “Setenta años en la misma casa” cabe en un titular. “Empadronada en Collado hasta 2001, divorciada de vuelta al piso de la madre dos años antes de morir, con subrogación en 2005” exige padrón, sentencia y un vecino que no salga en la foto. Lo segundo no moviliza. Lo primero sí.

Preguntar a los vecinos no es un capricho periodístico: en estos contratos la convivencia no se debe presumir sino acreditar. El portero es el que mira el buzón, quién baja la basura, quién abre de madrugada. Si nadie lo pregunta, es porque no interesa, no porque los hechos no existan; los datos estorban en las pancartas. Al final, la resolución del expediente judicial gira sobre el tope de la segunda subrogación y el 65 % de la supuesta discapacidad. Nadie menciona que la impostora estuvo casada y empadronada en Collado Mediano hasta 2001, porque desmiente que el titular redactado por el Sindicato Creado Ad Hoc a imagen de la Asociación de Afectados por la Hipoteca.
Cronología razonable del 46 de Alcalde Sainz de Baranda

El contratista Fernando Gil González, natural del Badajoz, pide licencia en 1946 para levantar 27 viviendas y dos locales en el número 46 de la calle Alcalde de Baranda, y al finalizar las obras en los años 50, alquila esos pisos a razón de 200 pesetas al mes, incluidos los gastos de comunidad.

Entre las 200 pesetas que se pagaban en 1952 por un piso de 90 metros y los 2000 euros que se pagan ahora en Madrid, hay un 10% de inflación anual. Ni mucho, ni poco: es lo que hay.

Muere uno de los inquilinos y “hereda” el arriendo la viuda conforme a la Ley de 1964 (Renta Antigua) que aprueba Francisco Franco para resolver el cuello de botella de la falta de viviendas en Madrid y proteger a los inquilinos (la parte más débil), presuponiendo que los propietarios pueden soportar mejor los costes y propiciando que decenas de miles de emigrantes fueran damnificados.

Llegan los socialistas al poder y el Decreto Boyer pretende “blanquear” la realidad, permitiendo que sobrevivan los contratos de renta antigua, pero obligando en algunos casos a que paguen los gastos de comunidad (no por bondad, sino para evitar males mayores bastante evidentes).

24 de noviembre de 1994. Gobierno de Felipe González. Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. La subrogación se acota. El contrato deja de ser un derecho indefinido para nietos y sobrinos. Curiosidad: es la propia madre del actual ministro portavoz del mencionado Sindicato Ad Hoc de Supuesto Inquilino, aberchalado y nieto de un destacado franquista, para más inri.

La tercera generación de Fernando Gil González, que se presume prole numerosa, no solo hereda la valiosa finca de El Retiro, sino IBI, derramas, comunidad de un edificio que envejece en una de las calles más caras de Madrid, y los cuantiosos Impuestos sobre sucesiones y donaciones (que puede llegar al 30% del valor atribuido al Bien por la Administración de forma unilateral). En 2018, los gastos anuales ascienden a 100.000 euros y el alquiler que paga la impostora, sin contar sus consumos, es de 200 euros al mes.

Vender un piso con inquilino de renta antigua es como intentar vender un Ferrari con el depósito vacío y el motor embargado. Por piezas.

Cuando los herederos ya no pueden hacer frente a las facturas que les IMPONE la Administración, aparece el CAPITAL INSTITUCIONAL (los buitres que alimenta la propia Administración). En este caso, es Renta Corporación la que compra el edificio en 2018, según consta en la Memoria anual presentada a sus accionistas. Alardean de ello. Y, por el precio de reventa ofrecido a los inquilinos, podemos perimetrar el presunto valor de la inversión: del orden de los 5 millones de euros.

La finca original, que le costo entre 6 y 7 millones de pesetas a Fernando Gil González entre 1946 y 1950, ha “rentado” un 6% bruto anual, antes de gastos e impuestos, frente a una inflación media del 10%. La pérdida patrimonial neta acumulada equivale al 98% del capital.

¿Quién gana y quien pierde? Pierde la “propiedad” y ganan los “inquilinos” y la “Administración”. Es un relato MUY diferente al que nos venden las Juventudes Aberchaladas del Psoe y su Sindicato Ad Hoc.
Renta Corporación, el capital institucional que gravita alrededor del poder del PSOE en España, no quiere ver manchada su imagen ni dañada la cotización de sus acciones y menudea su inversión para la reventa. Los hermanos Pinzones, abogados de profesión, son siempre los que acaban tramitando este tipo de desahucio.

Colorín Colorado, este esperpento no ha acabado. Chaperos y fulanas a destajo en las tertulias para que, al final, los políticos de turno tengan que “pronunciarse” y anunciar, “eventualmente” que están pensando en “recomprar” la finca para que la Impostora Supuestamente Invalida pueda seguir viviendo en la casa de su difunta madre, sirviendo de escarmiento para los demás pringaos que se resistan a pagar el Impuesto Revolucionario.
Madrid, Barcelona, la España de los prodigios.

Posdata: Foto de todas las “maricármenes” del PSOE y del Sindicato Ad Hoc.