Dale suficiente cuerda al malvado, y él solo se ahorcará.  El gobierno justiciero de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que conspiraba con jueces y periodistas para imponer una especie de impuesto revolucionario a las entidades financieras, se vio cargado de razón cuando un heroico Presidente del Tribunal Supremo frustró sus planes. Podían señalar con el dedo al responsable del desaguisado y echarle a los pies de los caballos para justificar la urgencia de un Decreto Ley que corregía, de facto, el sentido de la sentencia emitida.  Pero, más allá de que el Decreto Ley sea declarado anticonstitucional,  el procedimiento político apesta.

La ideología hipotecaria de los grupúsculos que componen el magma de Podemos es muy conocida desde hace casi 20 años. Han multiplicado hasta el infinito las fatuas contra el mercado inmobiliario y la vivienda en todos los foros y RRSS del ciberespacio. Odian al propietario, al sufrido casero, y a cualquier inversor que apueste por el sector constructor. Es un odio africano a todo lo que encarna el orden,la libertad y la prosperidad social. En pocas palabras:odian la paz. Los marxistas luteranos de Podemos apuestan por las industrias del acero y el comercio de la guerra, que dividen a los empleados y consumidores en grupos hostiles, buenos y malos, y por todo lo que favorece la movilización de los ciudadanos. Sus dos palabras favoritas son prohibir y destruir. Del sector constructor rechazan, básicamente, que surja una economía reglada que da trabajo a mucha gente y asienta la paz social.

Con el nuevo decreto ley, bancos y cajas de ahorro pasan a ser el “sujeto pasivo” que se beneficia de la concesión de un crédito hipotecario y debe correr con todos los gastos. Es algo lógico para cualquier persona que vote a los partidos de la izquierda batasunizada: el casero es feliz de alquilar su vivienda aunque el inquilino no le pague, el camarero debe dar agua a los que vienen a usar sus servicios, y el pequeño empresario debe subir el salario a sus trabajadores aunque ya no venda una escoba.

Los gastos que origina un préstamo hipotecario son, por orden: estudio de viabilidad y solvencia, tasación de la finca, escritura notarial, registro e impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Todos correrán a cuenta del prestamista, excepto que Pedro Sánchez ha dispuesto imputar el gasto de la Tasación al prestatario en el momento de firmar el contrato hipotecario. Es algo tan extraño, por corresponder de forma natural al banco que la solicita, que llama la atención.

¿Qué sentido tiene que el cliente que solicita un préstamos hipotecario pida una Tasación pericial del valor de la vivienda?  ¿Y qué necesidad objetiva tiene de pedirla el banco si va a correr con todos los demás gastos de la Operación inmobiliaria? En su afán por querer parecer “justos” y no como lo que son realmente, socialistas y podemitas han debido pensar que debían “equilibrar” el reparto de cargas y no han reparado en que es completamente absurdo que cliente pague una Tasación devenida innecesaria. No quieren que les culpen.

La Entidad financiera que presta dinero a un cliente y debe asumir aproximadamente un 3% en concepto de gastos por formalizar un contrato hipotecario no necesita conocer el valor de la vivienda ni encargar una Tasación pericial. En caso de impago sistemático, incurrirá en pérdidas cuantiosas y recuperará con la venta de la vivienda solo una pequeña parte del dinero prestado. De modo que es completamente irrelevante que la vivienda valga 100 o solo 30. El gasto financiero que le va a suponer al banco ejecutar la prenda hipotecaria superará, todos los casos, el 70% del valor de la Tasación. De modo que le resulta más barato y directo concederle una tercera parte del dinero que entró a pedir.  

Con este sencillo ejemplo de Tasación automática, concediendo al cliente el 30% del dinero que pida a cambio de firmar un contrato hipotecario, se comprueba que la lógica implícita en el Decreto Ley del Gobierno conduce a un frenazo casi absoluto en el mercado hipotecario. Sólo recibirán crédito los miembros de la Casta Política, ya vengan disfrazados de políticos sectarios al uso o de caritativos desinteresados. El común de los mortales deberá acudir, para financiarse, al crédito personal con aval, libre de gastos. Por debajo de los 15 años y con el Euribor próximo a 0, la diferencia entre un préstamo personal y un crédito hipotecario es mínima. El mayor diferencial que se paga en teoría compensa, con creces, el ahorro de gastos e impuestos.

(c) Belge