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Periodista especializado en Economía

¿Se está privatizando el Sistema Nacional de Salud por la puerta trasera?


Tres sencillas cifras permiten entender, de un simple vistazo, la realidad de un Sistema Nacional de Salud que se pretende  privatizar por la puerta de atrás.  La primera de ellas se refiere al coste del Servicio de Atención Primaria. Hay 3.023 Centros de Salud en España, en los que 35.000 médicos y 30.000 enfermeras  atienden a una población autóctona y desplazada equivalente a 30 millones de personas.  Su coste bruto para el Estado equivale a 3.000 millones de euros.  100 euros  al año por habitante.  La segunda cifra nos muestra la realidad de un Sistema Hospitalario en el que trabajan 77.500 médicos y 135.000 enfermeras.  Se producen 4 millones de ingresos en planta cada año y 80 millones de consultas. De media, la estancia de un enfermo dura 7,8 días y cuesta 5.000 euros. Cada consulta tiene un coste de 200 euros.  La tercera nos revela lo que cuesta al estado  el traslado de un paciente en ambulancia con Soporte Vital Básico: de 650 a 812 euros, dependiendo de la Comunidad Autónoma.

Una ambulancia medicalizada cuesta más de 5.000 euros al día, 2 millones de euros al año.  Es el doble de lo que cuesta un Centro de Salud  que atiende un área de 10 municipios.  Una ambulancia con Soporte Vital Básico puede recorrer 1000 km al día.  Solo en Castilla y León, estas empresas  facturaron el año pasado más de 120.000 traslados y su negocio está en pleno crecimiento. En teoría, ambos servicios son compatibles y complementarios, pero en la práctica el negocio privado de las ambulancias está descapitalizando el concepto mismo de Atención Primaria.

Un paciente que es atendido en su municipio y no acude a las Urgencias de un Hospital es un paciente que le ahorra al Sistema Nacional de Salud una cantidad que oscila entre los 2.000 y 3.000 euros, en función de que reciba el alta o se quede ingresado en observación.  El 90% de las Urgencias en los Hospitales son innecesarias y se podrían evitar.

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La justicia belga y danesa convierten en ilegítima la Deuda española


La fuga de Puigdemont a Bélgica y Dinamarca, en busca de amparo jurídico, político y religioso, ha desencadenado una serie de consecuencias lógicas imprevistas e invisibles por ahora. El golpista catalán, huido de la Justicia en España, buscaba seguir los pasos de Ruiz Mateos en Alemania, pero Berlín era muy consciente del peligro y buscó a un cómodo testaferro entre sus serviles aliados. El Proyecto Europeo ha caminado, desde su origen en 1953, por senderos y veredas sembrados de excepciones a las reglas, y Merkel calculó que le gobierno español no haría un casus belli de la afrenta de la justicia belga.  El juez Pablo Llarena, instructor del Tribunal Supremo, hizo una lectura correcta de la lógica jurídica desplegada y retiró con buen criterio la orden de detención internacional.  Ahora ha evitado caer en la trampa de volverla a cursar.

Una de las funciones esenciales de la Justicia es amparar al acreedor de un derecho frente al deudor. Se suele decir de un reo que está en deuda con la justicia, y no es una metáfora accidental.  Si un juez se pone de parte del DEUDOR por razones de conveniencia ideológica o religiosa, no puede existir JUSTICIA.  Una sentencia no puede subastarse al mejor postor sin quebrar la propia institución.  La Ley del más fuerte no crea jurisprudencia: consagra la ausencia del derecho.

La Justicia y el Gobierno belga han amparado a un DEUDOR de la Justicia española, y han creado una excepción táctica en la UE con el consentimiento de la canciller alemana Ángela Merkel.  La proximidad de la cita electoral del 21-D y la posibilidad real de que el pueblo catalán recobrara la cordura democrática incitaban a la prudencia y a esquivar un grave conflicto diplomático. Pero el desenlace de la cita electoral ha venido a certificar que se trataba de la ensoñación política de una noche otoñal.  Tras la victoria de los independentistas en Barcelona y en el resto de provincias catalanas, no existe ningún motivo para evitar que un conflicto diplomático devenga un casus belli.

El amparo que Dinamarca acaba de brindar al DEUDOR catalán de la Justicia convierte la excepción belga en regla universal. Los fugados de la Justicia española no deben responder de sus crímenes y DEUDAS en la Unión Europea, siempre y cuando estén amparados por Alemania y sus socios. Es una justicia al mejor postor. Esto es: ausencia de derecho.

La principal consecuencia imprevista, e invisible por ahora, afecta de lleno a la DEUDA PÚBLICA en euros del Reino de España.  Hasta la fecha, podía argumentarse que se trataba de una DEUDA LEGÍTIMA, aunque moral y jurídicamente cuestionable, que los españoles asumían por su participación voluntaria en y de las instituciones europeas de la Unión.  En lo más duro de la crisis financiera provocada por terceros, se llegó a debatir si tal DEUDA podía ser definida como ODIOSA y si procedía pactar con los acreedores algún tipo de Quita.

La irresponsable actuación de Bélgica, Dinamarca y Alemania da un vuelco de 180 grados a la situación de la DEUDA PÚBLICA española y quiebra la legitimidad del sistema de compensación TARGET 2 para seguir mutualizando, a través de los bancos centrales, las deudas comerciales entre particulares en Europa.  Si un ciudadano de Ávila, Palencia, Toledo, Badajoz o Sevilla no va a verse amparado  en  la UE como ACREEDOR de derechos económicos y financieros frente a ciudadanos belgas, daneses, suecos o alemanes,  es completamente absurdo que acepte avalar y respaldar la DEUDA contraída por un político catalán o un empresario vasco con una naviera danesa, una empresa alemana o un banco belga.

El grueso de la Deuda Pública del Reino de España acumulada desde 2002 se debe a operaciones comerciales realizadas entre particulares catalanes y empresarios alemanes y daneses.  A tenor del espectáculo que están protagonizando Bélgica y Dinamarca, haya razones de peso para sospechar que pudo existir premeditación y engaño en la consolidación de dichas deudas.  En la práctica, eso significa que la DEUDA contraída y endosada a los españoles de manera fraudulenta por corrupto el sistema financiero catalán debe ser considerada ILEGITIMA y ODIOSA.  Políticos catalanes y empresarios alemanes y daneses urdieron un método para estafar a los ciudadanos y endosar deudas ilegítimas a los contribuyentes españoles.

Con el sistema Target2, si los amantes de Puigdemont, Mas y Pujol se compran un Mercedes de alta gama, y mandan al chófer a gastar neumáticos para cobrar las dietas por desplazamiento,  esas deudas con empresas y bancos alemanes se mutualizan. Cuando los amantes despechados dejan de pagar las letras del coche, o las cajas de ahorros malversan los depósitos de sus clientes, esas deudas comerciales pasan a ser respaldadas por todos los contribuyentes españoles. La pregunta pertinente es: ¿porqué un ciudadano de Palencia, que no debe nada a nadie, debe asumir el pago de los favores sexuales a Pujol y Puigdemont y enriquecer a los concesionarios de coches alemanes y a sus financieras, garantizando sus préstamos?

El argumento del Quid Pro Quo, que sustenta el Target2 en teoría, se ha venido abajo con la actuación de Bélgica y Dinamarca. Nuestro ciudadano ejempla de Palencia debe compadecerse de la suerte del acreedor belga o danés en sus tratos con las putas y los chaperos del catalanismo, pero no puede reclamar el cobro de sus DEUDAS en aquellos tribunales. Es una relación asimétrica que rompe de golpe la legitimidad de la DEUDA ACUMULADA.  Lo más urgente, ahora,  es acometer una minuciosa auditoría de la Deuda Pública para conocer el origen y destino de cada euro desde 2002.  Peligra de nuevo el sistema financiero en España.

 

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¿Es un buen negocio vender un piso en bitcoins?


La estafa es, según la Real Academia Española de la Lengua, el delito que consiste en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. De modo que cuando un alto directivo de la banca de inversión JP Morgan dijo que el BITCOIN es una estafa no andaba muy desencaminado.  Por descontado queda que el engaño radica en cómo se vende y no en lo que se vende.  Como ocurre siempre, el relato que hacen los periodistas de las noticias financieras es una fuente inagotable de inspiración para el análisis económico de la realidad.  En este caso, el hecho económico noticiable ha sido la venta de un piso en bitcoins.

La vendedora de un Ático en Tarragona no conseguía encontrar, desde hace 5 años, un comprador que le pagará los más de 420.000 euros que pedía por su finca.  El mercado inmobiliario catalán, minado por la desconfianza, no le daba los euros contantes y sonantes que reclamaba. El responsable de la inmobiliaria, gente lista, tuvo entonces una brillante idea. Si el Ático no “valía” 420.000 euros deflactados, era cuestión de probar a venderlo por 40 bitcoins de 2017. Finalmente, hubo trato por 38 bitcoins, según informaba la Prensa esta semana.

Lo asombroso de este hecho económico, no es la noticia de la primera transacción inmobiliaria que se realiza mediante una criptomoneda, sino todas y cada una de las contradicciones en que incurren los medios de comunicación para construir su relato fantástico y sensacionalista. Simples tontos útiles, o mercenarios sin escrúpulos,  los periodistas están ayudando a blanquear y distribuir entre los consumidores buena parte del os 17 millones de bitcoins que atesoran los Fondos Buitres, según los expertos del sector.

Si vamos por parte en el análisis, lo primero que llama la atención es que los mismos periodistas y medios que han estado 10 años argumentando que la cláusula suelo no era transparente, y que los notarios no daban las suficientes explicaciones,  pasan por alto que el la principal característica del bitcoin no es su precio, sino su completa y absoluta falta de liquidez.  La principal razón por la que el comprador aceptaba paga, a priori,r 40 bitcoins por un piso en Tarragona es porque no conseguía  que le dieran 17.000 dólares por cada uno de ellos. Se encontraba en la misma situación que la vendedora. Llegó a tener, en teoría, más de 700.000 dólares, pero el mercado no le daba liquidez. Cuando la cotización del BITCOIN bajó en mit paysafecard en pocos días de los 13.000 dólares, esos 40 bitcoins valían 420.000 euros, pero nadie se los daba. ¿Cabe mayor desgracia?

Lo segundo que llama la atención, en este relato informativo, es que los periodistas no pregunten al notario si ha informado correctamente a su clienta de todos los problemas financieros y fiscales a los que se va a enfrentar cuando Hacienda le exija que tribute por unos bitcoins cobrados que no consiga liquidar. ¿Proclamará entonces que ha sido damnificada y que el Estado debió protegerla? ¿Acudirá algún lobby catalanista al Tribunal de Estrasburgo?

En tercer lugar, es muy sorprendente que los medios no quieran conocer la historia personal de un afortunado inversor o especulador que apuesta 50 euros en 2010 y acaba comprándose un Ferrari o un piso de lujo, cuando se pasan toda la Navidad acampados en las Administraciones de Lotería para cazar a los compradores de los décimos premiados y conocer de primera mano sus vivencias y sueños.

El hecho económico noticiable no es el trueque de un ático de lujo por un puñado de criptomonedas, sino el estado de Deflación que impide que el mercado inmobiliario y el mercado financiero sean capaces de dar liquidez a determinadas operaciones comerciales.  El hecho noticiable es la ausencia de mercado que empuja al comprador y al vendedor a asumir todos los riesgos de un trueque sin ninguna garantía. La vendedora quiere “liquidar” su finca y el comprador quieren “materializar” su fortuna “como sea”.  La pregunta pertinente que los periodistas no formulan es: ¿cobran el agente inmobiliario y el notario su legítima comisión en bitcoins?

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¿Qué reforma de las Pensiones propone el PSOE de Pancho Sánchez?


La actualidad es todo lo que ocurre mientras los periodistas se dedican a escribir noticias. La vida acostumbra a pasar desapercibida y pone sus huevos en silencio. Lo que llaman “vida política” es solo esa sensación de polvo y confusión que dejan las gallinas cuando se alborotan.  Pancho Sánchez es ese desubicado líder de los socialistas de Geografía Nacional, que linda al Norte con Bildu y al Este con los Països Catalans. Tras el fiasco electoral del 21-D, ha debido pensar que la mejor manera de recuperar la iniciativa, era darle una patada de rugby al melón de las Pensiones.  La Reforma del Sistema de Pensiones amenaza con convertirse en el caballo de batalla de la próxima campaña electoral.

Los ciudadanos de Geografía Nacional no tenemos suerte con nuestros políticos, pero viendo lo que hay alrededor, es casi un consuelo pensar que no sirven para nada. En toda Europa se oyen ya los estertores del Welfare State del Arzobispo de Canterbury – (¡Gracias wikipedia por la maravillosa anécdota etimológica!)  – al tiempo que el Reino Unido sueña con darse de baja definitivamente de la UE germanizada.

La propuesta que formula Pancho Sánchez, y consiste en castigar a los bancos para financiar las pensiones públicas, se acerca más a la movilización marxista del Wohlfahrtsstaat alemán que antecede al warfare state, que al solidario Welfare State del británico William Temple. No es ninguna casualidad. Avalar la creación de una “hucha” o asumir que existe un déficit implícito de las pensiones es un subterfugio que implica blanquear el sistema de capitalización privada y quebrar el principio de reparto solidario.  Es defender, como sistema de valores, que hay ciudadanos de primera con derecho a cobrar 30.000 euros al año sin haber cotizado, y ciudadanos de segunda, condenados a sobrevivir con pensiones de miseria por haber nacido en Extremadura en lugar de hacerlo en Madrid o Barcelona.

Toda la clase política de Geografía Nacional reconoce como problema que la suma de nóminas que paga el Instituto Nacional de la Seguridad Social a sus pensionistas supera con creces lo que ingresa por cotizaciones. Por primera vez, en los últimos años, ha tenido que recurrir a un préstamo del Tesoro. Lo que quedaba en el Fondo de Reserva – 5600 millones – no alcanzaba para pagar los 9.500 millones de la paga extra de diciembre. Dicho de un modo suave: la Seguridad Social paga más de lo que ingresa. Ese déficit, acumulado desde el 1 de enero de 2012, alcanza los 80.000 millones de euros.

Por una cruel paradoja del destino, son los marxistas más radicales los que exigen ahora el derecho de los “suyos” a consolidar los derechos y privilegios que han conseguido, aunque sea a costa de sangrar a impuestos a todo el que se mueve. Lo importante, en su renovado sistema de valores, es que gente amiga como Puigdemont o Rufián, que tanto han luchado por la Causa, se pueda jubilar cobrando 2.528 euros cada mes. Pero, enseguida aflora el dilema. No es posible seguir defendiendo que el sistema de pensiones debe regirse por un sistema de reparto, y al mismo tiempo defender el derecho de 500.000 políticos profesionales a cobrar cada 6 millones de las antiguas pesetas.

 

Cuando se analiza el dilema en todas sus partes, se entiende mucho mejor el papel que juega el “malvado” banco en la retórica marxista de Pancho Sánchez o Pablo Iglesias. El banco, que los financia a fondo perdido, es al mismo tiempo chivo expiatorio y principal candidato a garantizar una privatización ordenada del sistema de pensiones. Por ordenada, se entiende que mantenga un orden de prelación y depredación que asegure el cobro de las pensiones máximas. El gran negocio de los bancos es vender planes de pensión cautivos y cobrar comisiones de “gestión y mantenimiento” toda la vida. Su sueño húmedo sería que su suscripción fuera obligatoria, como ya ocurre en algunas empresas.

En 2007, había 7.586.574 pensionistas.  En 2012, había 8.182.112. Hace un año, había 8.602.601 pensionistas, aunque la Seguridad Social pagaba un total de 9.465.328. Un total de 139.647 millones de euros.  Dicen los sociólogos que la Nomenclatura dirigente en cualquier tipo de régimen político representa el 15%  de la población, por lo que es fácil deducir el porcentaje de jubilados que cobran más de 35.000 euros al año. Simplificando el trazo, podría decirse que 1,1 millón de jubilados cobran 2500 euros al mes, y 7,5 millones de personas,  950 euros.  A final de 2018, el gasto en pensiones habrá alcanzado los 150.000 millones de euros.

Para un sistema de pensiones basado en el principio de reparto, la solución es sencilla. Basta reducir las pensiones máximas que no hayan contribuido 35 años en la misma proporción en que vaya creciendo el número de pensionistas.  Para un sistema de capitalización privada, la solución consiste en eliminar pensionistas e imponer quitas a los derechos consolidados, por razones excepcionales. Siempre son excepcionales.

Cobrar un impuesto especial a los bancos para financiar las pensiones máximas del sistema es abrir la puerta a la privatización de las pensiones.  En Geografía Nacional, solo  quedan 3 bancos: La Caixa, el Santander y BBVA. Es inevitable que impongan sus condiciones. Serán 3 y serán sine qua non.  En primer lugar,  serán los clientes los que paguen el nuevo impuesto. ¿Quién sino lo iba a hacer? En segundo lugar,  los bancos se irán haciendo con el monopolio de las pensiones privadas. En tercer lugar, las pensiones públicas  acabarán siendo solo asistenciales, para todos aquellos ciudadanos sin trabajo que no puedan contribuir a un plan de pensión privado obligatorio.

El acuerdo entre los políticos de la Casta es total.  Pablo Iglesias y Pancho Sánchez insistirán en castigar a la “malvada” banca patria, con un impuesto justiciero, mientras que  el PP y Cs pondrán el acento en la rebaja de las cargas sociales y en un régimen transitorio que permita avanzar hacia un modelo de “capitalización” mixto, más justo y eficiente, que garantice a los más desfavorecidos  que percibirán unos  “mínimos”.

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