La envidia y la codicia ciegan a los hombres más juiciosos. Durante años ha sido muy común escuchar quejas demagógicas contra los supuestos abusos de la Sanidad Pública en los Centros de Salud de Atención Primaria del mundo rural.  Según los grandes expertos del mundo urbano, era necesario introducir un copago para evitar que miles de “viejos” se reunieran en las salas de espera de los consultorios a modo de club social. Cualquier urbanita desplazado a un pueblo llegaba con el cuento y ha contribuido a crear el caldo de cultivo para privatizar el Sistema Nacional de Salud.

La realidad de la Atención Primaria es muy diferente a como la cuentan los urbanitas desplazados.  De entrada,  en Madrid y Barcelona están ubicados  265 y 475 Centros de Salud modernos y bien equipados.  Esas dos provincias conurbadas consumen más del 25% de todos los  recursos disponibles destinados a cubrir el conjunto del territorio.  Los Centros de Salud Rurales, propiamente dicho, cubren un área de 400 a 500 km2  y no llegan a 1.000 en toda España. Emplean a más de 16.000 profesionales y dan servicio a la población de 30 millones de pacientes que reside o veranea en los 8.000 municipios españoles.  Cuestan menos de 1.000 millones de euros brutos al año. Un médico rural puede llegar a recorrer 20.000 km con su propio coche, y no cobra dietas.

El coste real para el contribuyente de los Centros  de Salud Rurales no alcanza los 10 euros por consulta. El beneficio es inmediato: la labor de prevención y el conocimiento personal de los pacientes permite evitar un gran número de hospitalizaciones innecesarias.  La prueba del algodón es inmediata: los médicos sustitutos, que no conocen a la población, tienden a curarse en salud y derivar a los pacientes a Urgencias.  El coste de tranquilizar al típico hipocondriaco pasa de los 10 euros de recetarle paracetamol  a los 2.000 euros  que cuesta movilizar una ambulancia para llevarlo a Urgencias.

La Atención Primaria fija población en el mundo real y genera un ahorro de 2.000 euros por cada Urgencia innecesaria que evita.  La labor de Prevención en el mundo rural contribuye a rebajar los niveles de angustia y a educar a los pacientes. Por el contrario, el típico urbanita llamará a Urgencias y exigirá una ambulancia a las 3 de la mañana porque el niño de 28 años tiene 37,4 de fiebre.

Desde el año 2008, los gestores de la Sanidad Pública se han dedicado a desviar recursos básicos de la Atención Primaria para atender a falsos turistas y para contentar a los nacionalistas catalanes.  En 20 provincias de la España Interior, médicos y enfermeras acumulan pueblos, yendo de un lado a otro y dejando desasistidos a la mayoría de pequeños municipios.  En pequeñas capitales de provincia como Ávila, Palencia o Zamora, se están amortizando especialidades, obligando a los enfermos a realizar penosos desplazamientos en ambulancia.  Los pacientes son desviados a otros hospitales y a clínicas privadas, mientras la prensa se dedica a reírle las gracias al primera catalanista que se declara agraviado.

 

El turismo sanitario, en las CCAA que ganan dinero con el turismo de masas, deja una factura de 15.000 millones de euros al año. El Partido Popular prometía en 2008 poner fin al escándalo, pero sólo se ha dedicado a esconder las facturas debajo de la alfombra para no ofender a Berlín y a Londres.  El fraude es masivo.  Mientras los enfermos españoles son pastoreados de una provincia a otra en camiones de ganado que los contribuyentes pagan a precio de crucero,  alemanes y británicos vienen a operarse a Mallorca, Barcelona o Málaga por la cara. El colmo de la desfachatez son las clínicas de fertilización catalanas que promocionan sus servicios de reproducción asistida en países europeos que la limitan por razones éticas y económicas.

Los contribuyentes y pacientes de al menos 20 provincias de la España Interior se han visto reducidos a la condición de carne de cañón para enriquecer a las empresas de ambulancias y a las clínicas privadas. Su derecho a la salud se ha visto completamente mermado, y trayectos de 100 km en 12 horas son frecuentes.  Para colmo del cinismo, al trasiego de ganado de un hospital a otro en condiciones realmente penosas, lo llaman “transporte colectivo”.

En el propio informe del Servicio Nacional de Salud, al que aludíamos en un anterior análisis, se reconocía una reducción del gasto sanitario de casi 10.000 millones de euros desde el año 2009 y un notable incremento de las subvenciones que recibe la Sanidad Privada.  Pero, al margen de revelar una realidad completamente escandalosa,  la realidad contable está siendo manipulada y desvirtuada.  Al priorizar el servicio de transporte de enfermos en lugar de la Prevención, el verdadero coste del sistema permanece oculto.  El 90% de las Urgencias hospitalarias son innecesarias y le cuestan 2.000 euros a los contribuyentes.

Costes comparativos

	Atención Primaria Medio Rural	Hospitales Medio Urbano	Sanidad privada Medio Urbano
Presupuesto general	1.000 millones	40.000 millones	27.000 millones
Número de pacientes	45 millones	45 millones	9 millones
Volumen Consultas	360 millones	80 millones	s.d
Coste por Consulta	3 euros	200 euros	90 euros
Coste Hospitalización	0 euros	5.000 euros	3.000 euros

Tres sencillas cifras permiten entender, de un simple vistazo, la realidad de un Sistema Nacional de Salud que se pretende  privatizar por la puerta de atrás.  La primera de ellas se refiere al coste del Servicio de Atención Primaria. Hay 3.023 Centros de Salud en España, en los que 35.000 médicos y 30.000 enfermeras  atienden a una población autóctona y desplazada equivalente a 30 millones de personas.  Su coste bruto para el Estado equivale a 3.000 millones de euros.  100 euros  al año por habitante.  La segunda cifra nos muestra la realidad de un Sistema Hospitalario en el que trabajan 77.500 médicos y 135.000 enfermeras.  Se producen 4 millones de ingresos en planta cada año y 80 millones de consultas. De media, la estancia de un enfermo dura 7,8 días y cuesta 5.000 euros. Cada consulta tiene un coste de 200 euros.  La tercera nos revela lo que cuesta al estado  el traslado de un paciente en ambulancia con Soporte Vital Básico: de 650 a 812 euros, dependiendo de la Comunidad Autónoma.

Una ambulancia medicalizada cuesta más de 5.000 euros al día, 2 millones de euros al año.  Es el doble de lo que cuesta un Centro de Salud  que atiende un área de 10 municipios.  Una ambulancia con Soporte Vital Básico puede recorrer 1000 km al día.  Solo en Castilla y León, estas empresas  facturaron el año pasado más de 120.000 traslados y su negocio está en pleno crecimiento. En teoría, ambos servicios son compatibles y complementarios, pero en la práctica el negocio privado de las ambulancias está descapitalizando el concepto mismo de Atención Primaria.

Un paciente que es atendido en su municipio y no acude a las Urgencias de un Hospital es un paciente que le ahorra al Sistema Nacional de Salud una cantidad que oscila entre los 2.000 y 3.000 euros, en función de que reciba el alta o se quede ingresado en observación.  El 90% de las Urgencias en los Hospitales son innecesarias y se podrían evitar.

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La actualidad es todo lo que ocurre mientras los periodistas se dedican a escribir noticias. La vida acostumbra a pasar desapercibida y pone sus huevos en silencio. Lo que llaman “vida política” es solo esa sensación de polvo y confusión que dejan las gallinas cuando se alborotan.  Pancho Sánchez es ese desubicado líder de los socialistas de Geografía Nacional, que linda al Norte con Bildu y al Este con los Països Catalans. Tras el fiasco electoral del 21-D, ha debido pensar que la mejor manera de recuperar la iniciativa, era darle una patada de rugby al melón de las Pensiones.  La Reforma del Sistema de Pensiones amenaza con convertirse en el caballo de batalla de la próxima campaña electoral.

Los ciudadanos de Geografía Nacional no tenemos suerte con nuestros políticos, pero viendo lo que hay alrededor, es casi un consuelo pensar que no sirven para nada. En toda Europa se oyen ya los estertores del Welfare State del Arzobispo de Canterbury – (¡Gracias wikipedia por la maravillosa anécdota etimológica!)  – al tiempo que el Reino Unido sueña con darse de baja definitivamente de la UE germanizada.

La propuesta que formula Pancho Sánchez, y consiste en castigar a los bancos para financiar las pensiones públicas, se acerca más a la movilización marxista del Wohlfahrtsstaat alemán que antecede al warfare state, que al solidario Welfare State del británico William Temple. No es ninguna casualidad. Avalar la creación de una “hucha” o asumir que existe un déficit implícito de las pensiones es un subterfugio que implica blanquear el sistema de capitalización privada y quebrar el principio de reparto solidario.  Es defender, como sistema de valores, que hay ciudadanos de primera con derecho a cobrar 30.000 euros al año sin haber cotizado, y ciudadanos de segunda, condenados a sobrevivir con pensiones de miseria por haber nacido en Extremadura en lugar de hacerlo en Madrid o Barcelona.

Toda la clase política de Geografía Nacional reconoce como problema que la suma de nóminas que paga el Instituto Nacional de la Seguridad Social a sus pensionistas supera con creces lo que ingresa por cotizaciones. Por primera vez, en los últimos años, ha tenido que recurrir a un préstamo del Tesoro. Lo que quedaba en el Fondo de Reserva – 5600 millones – no alcanzaba para pagar los 9.500 millones de la paga extra de diciembre. Dicho de un modo suave: la Seguridad Social paga más de lo que ingresa. Ese déficit, acumulado desde el 1 de enero de 2012, alcanza los 80.000 millones de euros.

Por una cruel paradoja del destino, son los marxistas más radicales los que exigen ahora el derecho de los “suyos” a consolidar los derechos y privilegios que han conseguido, aunque sea a costa de sangrar a impuestos a todo el que se mueve. Lo importante, en su renovado sistema de valores, es que gente amiga como Puigdemont o Rufián, que tanto han luchado por la Causa, se pueda jubilar cobrando 2.528 euros cada mes. Pero, enseguida aflora el dilema. No es posible seguir defendiendo que el sistema de pensiones debe regirse por un sistema de reparto, y al mismo tiempo defender el derecho de 500.000 políticos profesionales a cobrar cada 6 millones de las antiguas pesetas.

 

Cuando se analiza el dilema en todas sus partes, se entiende mucho mejor el papel que juega el “malvado” banco en la retórica marxista de Pancho Sánchez o Pablo Iglesias. El banco, que los financia a fondo perdido, es al mismo tiempo chivo expiatorio y principal candidato a garantizar una privatización ordenada del sistema de pensiones. Por ordenada, se entiende que mantenga un orden de prelación y depredación que asegure el cobro de las pensiones máximas. El gran negocio de los bancos es vender planes de pensión cautivos y cobrar comisiones de “gestión y mantenimiento” toda la vida. Su sueño húmedo sería que su suscripción fuera obligatoria, como ya ocurre en algunas empresas.

En 2007, había 7.586.574 pensionistas.  En 2012, había 8.182.112. Hace un año, había 8.602.601 pensionistas, aunque la Seguridad Social pagaba un total de 9.465.328. Un total de 139.647 millones de euros.  Dicen los sociólogos que la Nomenclatura dirigente en cualquier tipo de régimen político representa el 15%  de la población, por lo que es fácil deducir el porcentaje de jubilados que cobran más de 35.000 euros al año. Simplificando el trazo, podría decirse que 1,1 millón de jubilados cobran 2500 euros al mes, y 7,5 millones de personas,  950 euros.  A final de 2018, el gasto en pensiones habrá alcanzado los 150.000 millones de euros.

Para un sistema de pensiones basado en el principio de reparto, la solución es sencilla. Basta reducir las pensiones máximas que no hayan contribuido 35 años en la misma proporción en que vaya creciendo el número de pensionistas.  Para un sistema de capitalización privada, la solución consiste en eliminar pensionistas e imponer quitas a los derechos consolidados, por razones excepcionales. Siempre son excepcionales.

Cobrar un impuesto especial a los bancos para financiar las pensiones máximas del sistema es abrir la puerta a la privatización de las pensiones.  En Geografía Nacional, solo  quedan 3 bancos: La Caixa, el Santander y BBVA. Es inevitable que impongan sus condiciones. Serán 3 y serán sine qua non.  En primer lugar,  serán los clientes los que paguen el nuevo impuesto. ¿Quién sino lo iba a hacer? En segundo lugar,  los bancos se irán haciendo con el monopolio de las pensiones privadas. En tercer lugar, las pensiones públicas  acabarán siendo solo asistenciales, para todos aquellos ciudadanos sin trabajo que no puedan contribuir a un plan de pensión privado obligatorio.

El acuerdo entre los políticos de la Casta es total.  Pablo Iglesias y Pancho Sánchez insistirán en castigar a la “malvada” banca patria, con un impuesto justiciero, mientras que  el PP y Cs pondrán el acento en la rebaja de las cargas sociales y en un régimen transitorio que permita avanzar hacia un modelo de “capitalización” mixto, más justo y eficiente, que garantice a los más desfavorecidos  que percibirán unos  “mínimos”.

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