Guerra sucia al efectivo. La medida anunciada por Cristobal Montoro, y que aprobará hoy el Consejo de Ministros,  es un sindiós económico, moral y financiero. Es, con toda probabilidad, una medida anticonstitucional. El papel moneda, fiduciario por esencia e imposición de los gobiernos desde hace algo más de 100 años, no es nominal: es dinero al portador y no crédito.  En la obra literaria de Emilio Zola, pródiga en denuncias sociales, aparece esa figura del empresario esclavista que obliga a los obreros a gastarse el sueldo de miseria en sus propios almacenes.

La comodidad de pagar con tarjeta de crédito o débito es muy relativa: cualquier consumidor que haya tenido que devolver un producto defectuoso conoce los inconvenientes, al margen de las comisiones, de los límites de disposición o de que no funcione en los momentos más inoportunos. Todas estas cosas ocurren con mucha frecuencia, solo que nadie les da mayor importancia.

A través del burdo y cínico pretexto de luchar contra un inexistente fraude fiscal, las castas políticas y empresariales pretenden cercenar la libertad política, económica y religiosa de los individuos. El IVA es un impuesto que nunca ha funcionado como tributo: en los diversos países europeos solo se recauda un 5% escaso del PIB REAL, a pesar un tipo que se ha generalizado por encima del 20%.  En España, para más inri, la corrupta organización territorial permite que regiones enteras como Cataluña no solo no liquiden nada, sino que se apropien del IVA pagado en otras comunidades autónomas.  Si el gobierno pretendiese realmente luchar contra el fraude fiscal, aplicaría el artículo 155 de la Constitución e intervendría  la economía en toda la franja mediterránea.

Limitar a 1000 euros el pago en efectivo supone, en la práctica, imponer un corralito. Apuntan en esa dirección los datos sobre salidas de capital en octubre y noviembre. Con la victoria de Donald Trump se han disparado la prima de riesgo en diversos países de la eurozona: inquieta la política monetaria de los republicanos y su propósito declarado de poner fin a la estrategia de Deflación.

Pero, al margen de estos apuntes financieros bastante evidentes, imponer un límite de 1000 euros a las transacciones comerciales es absurdo y contraproducente.  ¿Qué consumidor en su sano juicio va a comprar un portátil, un televisor o  un electrodoméstico sin factura ni garantía?  Y en sentido contrario: ¿Qué consumidor racional va a pedir una factura en la adquisición de un producto de segunda mano?  Se incrementará el fraude  y el consumidor estará más desprotegido. El mercado de segunda mano no solo es una válvula de escape para las economías más precarias, sino que facilita la venta de mercancía nueva.

 

La paradoja anterior se puede ilustrar con unos sencillos ejemplos. Nadie compra un coche nuevo si antes no vende su coche usado.  Cualquier concesionario conoce esa lógica: no es tanto que se pague con cierta generosidad el valor residual del vehículo, sino que se remueve un obstáculo infranqueable.  Los 10.000 km que el conductor puede recorrer con su viejo coche siempre le van a costar la mitad que con un coche nuevo.  Si en la práctica no se puede vender, solo queda la opción de amortizarlo.  Y lo mismo ocurre en el sector inmobiliario, si no se consigue dar salida al piso de segunda mano.  Penalizar ese tipo de transacción natural solo conduce a deprimir el consumo y favorecer la importación de mercancía en detrimento de la producción local.

© Belge. 02/12/2016