Para calcular el IPC, el Instituto Nacional de Estadísticas analiza el precio de 500 productos y servicios en 200 municipios de toda España. No son ni muchos ni pocos. En un hipermercado tipo como Carrefour, hay 26.000 referencias a la venta, y en el catálogo general de Amazon España, más de 180 millones. Lo que de verdad llama la atención, es que el INE omita en su cesta el artículo que más pesa: el tributo. De media, algo más del 12% es el IVA que soportan los 4 principales capítulo del gasto familiar. Supera el 20% si añadimos tasas e impuestos municipales.

Los ciudadanos españoles que viven bajo un techo, conducen un coche y necesitan alimentarse tienen en común el 65% de la cesta de la compra. Es lógico: la tributación condiciona la composición del gasto.En origen, porque la administración favorece la creación de monopolios, y en destino, porque limita la capacidad del consumidor. La mayoría de los españoles no puede cambiar de casa, de coche, ni variar su dieta básica.
Siendo así, no se entiende que el INE no considere oportuno calcular que la inflación de los impuestos ha subido en España. Un 2,81% al año desde 1995. Es algo más que el 2,26% anual que mide el IPC oficial. ¿Casualidad?

No es ninguna casualidad. A pesar de no formar parte de la composición de la cesta de precios, lo que en realidad mide el IPC del INE no es la inflación, es el incremento de la presión fiscal. De ese modo, la inflación se convierte en la típica profecía autocumplida. Prueba de ello es que deviene deflación y estancamiento cuando la clase media empobrecida no puede hacer frente a nuevas subidas. Dicho de forma más clara y directa: el IPC solo mide la capacidad de los contribuyentes para soportar nuevos tributos.

Un hogar español de clase media soporta una presión fiscal real que raya el 55% de sus ingresos brutos. Llegó a superar el 70% en el 2008, pero por el camino se han ido desplomando el ahorro y el consumo. Pagar 1.000 euros de impuestos directos e indirectos al mes condiciona todas sus elecciones.

© Belge