Dejando a un lado que los Presupuestos Generales del Estado son una herramienta de propaganda política, las  Cuentas Públicas del Reino de España para 2018, que ha cuadrado Cristobal Montoro en vísperas de la Semana Santa, provocan una cierta desazón. Consolidan un volumen de Gasto Público que roza los 500.000 millones de euros (42% del PIB oficial) y unos Ingresos fiscales del 38%, por encima de los 450.000 millones de euros.

En el peor año de la crisis, cuando tocó aflorar todas las facturas escondidas en los cajones,  el Gasto Público se elevó hasta superar el  50% de un PIB real completamente deprimido.  En pocas palabras:  el Gasto Público medido en euros se ha mantenido constante en los últimos 10 años, y los ingresos se han ido recuperando en términos porcentuales tras un batacazo de más de 100.000 millones de euros.

La pregunta, oculta y callada, detrás de los PGE es muy sencilla: ¿produce la sociedad española una riqueza económica tal que soporte el pago de 460.000 millones de euros fuertes en un contexto de Deflación? Un euro son 2 marcos alemanes y 1,20 dólares. ¿Producen suficiente riqueza 39 millones de españoles  como para garantizar el pago anual de 230.000 millones de Marcos o de 380.000 millones de dólares?  Teniendo en cuenta que la media de los años 90, apenas superaba los 150.000 millones de dólares,   la respuesta es probablemente no,

Desde el año 2002, el sencillo diagnóstico de la Cosa, es que los españoles pagan impuestos a crédito y muy por encima de sus medios.  Tras dopar el censo de población y de consumidores con 10 millones de personas, la triste  e insobornable realidad se ha impuesto: no producimos la suficiente riqueza en España para soportar un impuesto de 400.000 millones de dólares.

La Deflación provocada por Alemania con importaciones masivas desde China, ha retraído el nivel de rentas y riqueza de España a la década de los 90. De modo que es lógico pensar que estamos soportando el doble de presión fiscal media.

El drama de esta situación es que castiga a todos aquellos colectivos cuyas rentas NO dependen directa o indirectamente del Gasto Público. Es decir: las regiones no nacionalistas, que no disponen de ninguna palanca para chantajear al Estado y asegurarse una transferencia neta de rentas.

Los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado Montoro por razones electoralistas premian a los colectivos menos perjudicados durante la crisis, que residen en Madrid, Cataluña y País Vasco. Allí hay, proporcionalmente, más jubilados con pensiones altas, más funcionarios, más políticos y más empresas cuya única razón social es conseguir subvenciones y ayudas del Estado.  Hay menos parados y menos autónomos que en el resto de España.

Toda la culpa no es del PP.  Abocado a una verdadera debacle electoral, es presa fácil de la demagogia . El PSOE y CS agitan a colectivos que forman parte de su electorado natural. Funcionarios, pensionistas, jóvenes y toda clase de radicales son parte de ese mundo urbano que ha beneficiado del grueso del Gasto Público en los últimos 15 años.

La otra cara de la moneda, que llena de pesimismo a cualquier analista que se precie, es que no hay forma de apuntalar la verdadera creación de riqueza empresarial en las regiones españolas. La economía del turismo,  radicada en unos pocos km2 de costa, consume mucho gasto público y retorna pocos impuestos. Ese déficit estructural, que se encubre de manera sistemática, provoca que  en el resto de las regiones, los contribuyentes y empresarios están sometidos a un presión fiscal real media superior al 60%. Antes o después, o cierran sus negocios, o se mudan a regiones privilegiadas con una presión fiscal real mínima.

La conclusión es bastante desoladora. Los PGE de 2018 bien podrían ser unos de los últimos de la Historia de España, tal y como la hemos conocido hasta ahora.

(c) Belge