El titánico esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo de Rajoy desde el 22 de diciembre de 2011 para recuperar los ingresos del Estado y evitar la intervención de la economía española es, en el fondo, la mayor evidencia de la mala intención con la que gobernó siempre su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.  Quienes le defienden, a estas alturas, solo lo pueden hacer desde el sectarismo militante y desde la más absoluta mala fe.

La huella digital de economía española, en pesetas corrientes, no es un capricho estadístico ni retórico: es un imperativo estructural. La gente normal, que constituye el grueso del tejido social y empresarial, ha vivido y ha seguido viviendo en pesetas. Le escuché a un historiador franciscano, que hacía de guía turístico para un grupo de sefardíes en Ávila, que el ser humano puede cambiar con facilidad de país, de lengua y de religión, pero le cuesta mucho modificar sus hábitos culinarios.  Somos lo que comemos.

Cuando España era la séptima u octava economía del mundo, a principio de los años 90, y su población no llegaba a los 40 millones de ciudadanos,  el PIB superaba los 80 billones de pesetas y el salario medio más frecuente, que daba para vivir y ahorrar al final del mes, rondaba las 150.000 pesetas.   De aquella época era el famoso slogan político: “Paro, Despilfarro y Corrupción”.  La Deuda Pública rozaba el 60% del PIB y el Déficit, el 6% anual.   La Presión Fiscal rondaría el 35%, recaudando Hacienda algo más de 30 billones de pesetas al año. El español medio contribuía con 760.000 pesetas al Gasto anual.

El gobierno de Rodríguez Zapatero eleva la recaudación hasta los 76 billones de pesetas, una cantidad equivalente a 2 millones de pesetas por cada uno de los españoles que vivían en España cuando se negocia y firma el desdichado Tratado de Maastricht.  Si prescindimos de lo circunstancial, y nos ceñimos a lo estructural, eso significa que la presión fiscal se eleva en 2006 hasta rozar el 100% de los ingresos constantes sin inflación ni posterior deflación.

Muchos españoles no son plenamente conscientes de haber pagado el 100% de impuestos y más en el periodo que va de 2004 a 2011, y sin embargo es exactamente lo que ha ocurrido.  El perímetro de Gasto Público se puede trucar, como así se hizo, modificando los parámetros del PIB y favoreciendo la inmigración de hasta 10 millones de nuevos ciudadanos.  Un simple número de prestidigitación estadístico que no cambia la realidad estructural de la nación.  ¿De los 10 millones de ciudadanos llegados a España, que porcentaje corresponde a población activa real con un saldo tributario positivo?

Nadie ha estado interesado en analizarlo, por ser una imposición de Bruselas y Berlín.  En todos los nuevos países de la UE, se ha producido un movimiento similar: una tendencia a desplazar parte  de la clase media cualificada hacia el Oeste y el Norte de Europa, a cambio de abrir las fronteras a una nueva población de distintas regiones del mundo, mucho menos cualificada y sin arraigo local.  El resultado en todos los países de la UE ha sido aproximadamente el mismo:  entre un 15 y 20% del conjunto de la nueva población activa con menos derechos laborales y sociales.  Técnicamente es una  devaluación interna.

Pasaremos por alto el aspecto moral y la cuestión ideológica de esta devaluación interna, que demuestra fehacientemente la inmensa superioridad de nuestra sociedad católica, para centrarnos en la cuestión económica. Un incremento de facto del 25% de la población en regiones ricas como Cataluña, Valencia, Baleares o Madrid, supone también disparar el Gasto Público entre 120 y 150.000 millones de euros. Esto es una factura extra de 20 a 25 billones de pesetas constantes.

Por razones políticas, la presión fiscal deja de ser homogénea en todo el territorio durante los gobiernos de Zapatero, y se agrava cuando los nacionalistas consiguen la cabeza de Pedro Solbes. La reforma de la financiación autonómica, que se hizo para favorecer a Cataluña, trajo como principal consecuencia, un formidable incremento del fraude fiscal en todas las regiones costeras y nacionalistas.  Y la factura  de la devaluación interna recae entera sobre los ciudadanos de la España interior y rural.

 

(c) Belge 14/12/2016