España camina de victoria en victoria, hasta la debacle final. Está siendo destruida y no se atreve a poner nombre a la cosa. Sabido es que la Santa Inquisición Puritana tiene como principal cometido impedir que el pueblo soberano tenga consciencia de sí mismo. . La novolengua nazi, que George Orwell describía con precisión de lingüista en 1984, tenía como función  reducir el lenguaje a una sucesión de consignas y eslóganes huecos que impedían cualquier forma de pensamiento político alternativo.  Al suprimir conceptos y expresiones centenarias, el objetivo de los censores es hacer imposible el pensamiento lógico. Bajo el disfraz de decirnos cómo debemos expresarnos, para ser políticamente correctos, están sometiendo el pensamiento a autorización previa.

 

Tras la derrota electoral del 21-D en Cataluña, el gobierno de la nación ha perdido su pulso con los nacionalistas. Ha quedado a la intemperie y empiezan a ser muchos los que le niegan el paraguas. No tengo decidido si es peor que un Tribunal en Luxemburgo  ampare las denuncias falsas de unos mercenarios  vascos o que la UE germanizada obligue a España a mendigar un puesto menor vacante en el BCE. Criticamos en su día a Zapatero por mendigar una silla en el G-20 e hipotecar irresponsablemente la legítima defensa de la economía española, y criticamos ahora a Rajoy por el mismo motivo. No es posible “tragar” con las afrentas de Bruselas, Copenhague y Luxemburgo, y arrastrarnos por conseguir colocar a Luis de Guindos como vicepresidente del BCE al precio de apoyar la inminente elección del candidato del Bundesbank.

Luis de Guindos ha sido un Ministro de Economía solvente, y bajo su batuta, España ha conseguido recuperar el equilibrio y estabilizar sus constantes vitales. A toro pasado, cualquier militante o tertuliano puede conseguir lo mismo y enumerar los tropiezos, pero en 2011 no era sencillo esquivar el caos que se nos venía encima. Su salida del gobierno es lo que parece: una huida que anticipa el punto final del capítulo. El relato de la recuperación  económica ha acabado.

El nuevo capítulo, que pretende narrar el escribano de La Caixa, se titula: “1,2,3, Reformas y Modernizaciones, otra vez”.  No deja de ser sarcástico que siendo tan catalán, el tal Albert Rivera se parezca tanto a los míticos personajes de Paco Ibañez.  Si Zapatero fuera una burra paticoja y Aznar un percherón miope, tendríamos retratado al burdégano del Paseo de Gracia que finge ser fino corcel de Jerez.

La impunidad con la que decenas de miles de delincuentes infringen las leyes en sus dominios ha puesto de manifiesto ante todo el mundo que el Gobierno ha perdido el control del Territorio, de su Administración y de las Fuerzas del Orden. La Apariencia de Justicia, que se escenifica en los telediarios y demás medios de comunicación, no engaña a nadie fuera de nuestras fronteras.  La sentencia tan esperpéntica como grotesca que el Tribunal de Derechos Humanos ha emitido contra la resolución del Tribunal Supremo solo se puede interpretar de una manera: voluntad de tantear la debilidad de España antes de abrir nuevos frentes.

El tiempo que ha transcurrido desde el pasado 21 de diciembre le ha servido al nacionalismo para comprobar que el Gobierno  está inerme y no es capaz de sacar al parlamento catalán del limbo jurídico que han creado. Dentro y fuera de España, calculan que el Partido Popular habrá perdido a la mitad de su electorado y estará pidiendo la puntilla en tan solo 6 meses.

El frente lingüístico que Francina Armengol ha abierto en las Islas Baleares contra los españoles, con la ayuda de los catalanistas y la complicidad de Alemania, va más allá de la simple provocación política. Es una agresión territorial y un disparo bajo la línea de flotación de la Constitución de 1978. Invocar el supuesto privilegio de 200 o 300.000 nativos radicales a imponer su dialecto es vulnerar el derecho fundamental  que asiste a la población española que vive o veranea en Mallorca o Ibiza.  Millones de españoles pasan a ser extranjeros en su propio país, con menos derechos que los colonos alemanes  y británicos, a los que atenderán en sus lenguas, salvo el de mantener con sus impuestos aquel derroche de cinismo.

El nacionalismo está intentando llevar la Insurrección política, económica e institucional hasta el límite de la Comunidad Valenciana y ha empezado a mover fichas en Asturias. Es una zona de conflicto que ya afecta a una población de 20 millones de personas, en una demarcación dibujada por el curso del Ebro. Y no se puede descartar, a priori, que esté en sus planes llevar el contencioso al terreno militar. La razón sería bastante evidente: todos los planes anteriores no sirven de nada si no se aseguran el control militar del agua.

La estrategia de contención, ideada por Rajoy a partir del año 2007, le sirvió al PP y a la propia sociedad española para evitar males mayores y esquivar la que habría sido una intervención directa de la economía española por parte de Alemania y EEUU.  El Status Quo se prolongó hasta el año 2015, y en 2016 se evitó, milagrosamente, un gobierno del Psoe y Podemos con los catalanistas. Lo correcto habría sido repetir las elecciones, con otro cartel, pero Mariano Rajoy cayó en la trampa de creer que el PNV aprobaría los Presupuestos Generales del Estado por su propio interés cuando solo estaba condicionando su respuesta al Desafío Catalán.

El objetivo de los Independentistas el 1 de Octubre era escenificar un inexistente Conflicto Político ante los ojos de todo el mundo. El planteamiento estratégico del Gobierno fue completamente equivocado. Cuando se quiso dar cuenta del error de cálculo que había cometido, ya tenía a Ciudadanos y al Psoe jugando sus propias bazas con la aplicación del artículo 155.

El gran error que cometen los partidos constitucionalistas en su batalla del 21-D, fue no tener en cuenta que el CENSO electoral está manipulado e inflado en más de 1 millón de ciudadanos. En Cataluña viven entre 6 y 6,5 millones de personas, no 7,5 millones.  Era imposible abrir el candado de un Parlament blindado durante la Transición: la llave la tenía el PSC, no Ciudadanos. El voto útil deja al PP fuera de juego en Cataluña y se convierte en una verdadera trampa para elefantes.

Ciudadanos, el partido creado por La Caixa para okupar el hueco de mercado que se había ganado UPyD, no está ni ha estado nunca interesado en resolver el problema catalán. Su objetivo es restarle votos de “centro” al Partido Popular, del mismo modo que Podemos intenta robarle votos por la izquierda al PSOE. Duda, según el auditorio o la periodista que le entrevista, entre ser más socialdemócrata que Felipe o más Liberal que Tatcher.

El mayor obstáculo para que continúe la legislatura, bajo los parámetros actuales, es que el voto de Centro es desmovilizador. El CDS de Adolfo Suárez se estrelló en las urnas por no tener en cuenta ese pequeño e insignificante detalle: el votante del centro político no es militante. Si Ciudadanos consiguiera sumar entre 4 y 5 millones de votos, sería porque un PP castigado por la abstención habría bajado de los 5 millones. Se da así la extraña paradoja –calculada con precisión por los nacionalistas de La Caixa – que el mayor éxito de Cs coincide siempre con un auge histórico de los Independentistas. 5 millones de votos para Albert Rivera son 50 diputados para los nacionalistas vascos y catalanes. Dicho de otro modo: solo podría formar gobierno con el PSOE, con el permiso de ERC, siempre y cuando indultaran a los golpistas procesados.

Bajo esas premisas, el gobierno de Mariano Rajoy no puede esperar a recibir los dividendos políticos de la recuperación económica. No llegará a cobrarlos como político en activo. Ni siquiera puede permitirse apurar la legislatura sin Presupuestos hasta las Municipales. La debacle para el Partido Popular sería histórica. Es un riesgo que no debería asumir, teniendo España, a la vista, unas Elecciones Constituyentes. No se me ocurre nada peor para la Historia de España que encarar ese proceso y esos debates con un catalanista embozado como Albert Rivera como “líder” mediático del Centro Derecha.

España rancia Versus España moderna

 

Todas las encuestas  apuntan  en la misma dirección: los partidos políticos con marca nacional van a llegar muy igualados a las próximas elecciones y se van a repartir de 20 a 22 millones de votos.  De ello se deduce que será matemáticamente muy difícil articular una mayoría parlamentaria. El que mejor lo tiene es el PSOE, que pasa a estar en todas las quinielas, y el que peor, el PP, que baja de los 100 diputados. Al margen de la distribución concreta de los escaños, queda claro que el partido de Mariano Rajoy pierde el Senado y la capacidad para bloquear iniciativas legislativas disparatadas.

El marxismo tiende a reproducir sus pautas y estrategias en todos los continentes. Por ello es bastante previsible que enfoque toda su política económica contra los intereses del mundo rural y de la España interior. En los medios de comunicación, controlados y dirigidos desde Barcelona, ya se ha construido la imagen de una España vieja, rancia, corrupta y castellana que frena el desarrollo de una España joven, fresca, pujante y catalana. La España católica que vota al PP es reaccionaria y está anclada en el pasado; la España moderna es científica, progresista y mira al futuro con optimismo.

La realidad de la España de 2018 difiere mucho de la caricatura dibujada por los medios del nacionalismo catalán.  La supuesta España moderna, que mira al Mediterráneo y vive del turismo europeo,  acumula un déficit estructural que supera los 150.000 millones de euros al año, y no produce nada que permita colmar ese agujero. Gasta mucho más de lo que es capaz de ingresar, y se ha acostumbrado a un nivel de vida que no puede mantener.  Es adicta a las transferencias netas que salen de los Presupuestos Generales del Estado. Cuenta con una población activa de 5 millones de personas y una población pasiva de 15 millones. Sus trabajadores no son empresarios y científicos, sino camareros y repartidores precarios, y en su población pasiva abundan los jubilados europeos y los militantes políticos que viven a cuerpo de rey y derrochan recursos públicos.

Al igual que ocurre con las familias que padecen la tiranía de un hijo drogadicto en casa,  en la España que se nos viene encima los nacionalistas adictos y sus dealers no dudarán en saquear todo lo que puedan, con cualquier pretexto.  Pero mas allá de las amenazas y la violencia perpetrada por el yonquí catalán, el verdadero problema de fondo es que la ruina de la familia no va a proporcionarle nuevos recursos ni reducir su déficit estructural. Al contrario.  Y antes o después, el nacionalismo catalán intentará provocar su quinta guerra carlista.