La fuga de Puigdemont a Bélgica y Dinamarca, en busca de amparo jurídico, político y religioso, ha desencadenado una serie de consecuencias lógicas imprevistas e invisibles por ahora. El golpista catalán, huido de la Justicia en España, buscaba seguir los pasos de Ruiz Mateos en Alemania, pero Berlín era muy consciente del peligro y buscó a un cómodo testaferro entre sus serviles aliados. El Proyecto Europeo ha caminado, desde su origen en 1953, por senderos y veredas sembrados de excepciones a las reglas, y Merkel calculó que le gobierno español no haría un casus belli de la afrenta de la justicia belga.  El juez Pablo Llarena, instructor del Tribunal Supremo, hizo una lectura correcta de la lógica jurídica desplegada y retiró con buen criterio la orden de detención internacional.  Ahora ha evitado caer en la trampa de volverla a cursar.

Una de las funciones esenciales de la Justicia es amparar al acreedor de un derecho frente al deudor. Se suele decir de un reo que está en deuda con la justicia, y no es una metáfora accidental.  Si un juez se pone de parte del DEUDOR por razones de conveniencia ideológica o religiosa, no puede existir JUSTICIA.  Una sentencia no puede subastarse al mejor postor sin quebrar la propia institución.  La Ley del más fuerte no crea jurisprudencia: consagra la ausencia del derecho.

La Justicia y el Gobierno belga han amparado a un DEUDOR de la Justicia española, y han creado una excepción táctica en la UE con el consentimiento de la canciller alemana Ángela Merkel.  La proximidad de la cita electoral del 21-D y la posibilidad real de que el pueblo catalán recobrara la cordura democrática incitaban a la prudencia y a esquivar un grave conflicto diplomático. Pero el desenlace de la cita electoral ha venido a certificar que se trataba de la ensoñación política de una noche otoñal.  Tras la victoria de los independentistas en Barcelona y en el resto de provincias catalanas, no existe ningún motivo para evitar que un conflicto diplomático devenga un casus belli.

El amparo que Dinamarca acaba de brindar al DEUDOR catalán de la Justicia convierte la excepción belga en regla universal. Los fugados de la Justicia española no deben responder de sus crímenes y DEUDAS en la Unión Europea, siempre y cuando estén amparados por Alemania y sus socios. Es una justicia al mejor postor. Esto es: ausencia de derecho.

La principal consecuencia imprevista, e invisible por ahora, afecta de lleno a la DEUDA PÚBLICA en euros del Reino de España.  Hasta la fecha, podía argumentarse que se trataba de una DEUDA LEGÍTIMA, aunque moral y jurídicamente cuestionable, que los españoles asumían por su participación voluntaria en y de las instituciones europeas de la Unión.  En lo más duro de la crisis financiera provocada por terceros, se llegó a debatir si tal DEUDA podía ser definida como ODIOSA y si procedía pactar con los acreedores algún tipo de Quita.

La irresponsable actuación de Bélgica, Dinamarca y Alemania da un vuelco de 180 grados a la situación de la DEUDA PÚBLICA española y quiebra la legitimidad del sistema de compensación TARGET 2 para seguir mutualizando, a través de los bancos centrales, las deudas comerciales entre particulares en Europa.  Si un ciudadano de Ávila, Palencia, Toledo, Badajoz o Sevilla no va a verse amparado  en  la UE como ACREEDOR de derechos económicos y financieros frente a ciudadanos belgas, daneses, suecos o alemanes,  es completamente absurdo que acepte avalar y respaldar la DEUDA contraída por un político catalán o un empresario vasco con una naviera danesa, una empresa alemana o un banco belga.

El grueso de la Deuda Pública del Reino de España acumulada desde 2002 se debe a operaciones comerciales realizadas entre particulares catalanes y empresarios alemanes y daneses.  A tenor del espectáculo que están protagonizando Bélgica y Dinamarca, haya razones de peso para sospechar que pudo existir premeditación y engaño en la consolidación de dichas deudas.  En la práctica, eso significa que la DEUDA contraída y endosada a los españoles de manera fraudulenta por corrupto el sistema financiero catalán debe ser considerada ILEGITIMA y ODIOSA.  Políticos catalanes y empresarios alemanes y daneses urdieron un método para estafar a los ciudadanos y endosar deudas ilegítimas a los contribuyentes españoles.

Con el sistema Target2, si los amantes de Puigdemont, Mas y Pujol se compran un Mercedes de alta gama, y mandan al chófer a gastar neumáticos para cobrar las dietas por desplazamiento,  esas deudas con empresas y bancos alemanes se mutualizan. Cuando los amantes despechados dejan de pagar las letras del coche, o las cajas de ahorros malversan los depósitos de sus clientes, esas deudas comerciales pasan a ser respaldadas por todos los contribuyentes españoles. La pregunta pertinente es: ¿porqué un ciudadano de Palencia, que no debe nada a nadie, debe asumir el pago de los favores sexuales a Pujol y Puigdemont y enriquecer a los concesionarios de coches alemanes y a sus financieras, garantizando sus préstamos?

El argumento del Quid Pro Quo, que sustenta el Target2 en teoría, se ha venido abajo con la actuación de Bélgica y Dinamarca. Nuestro ciudadano ejempla de Palencia debe compadecerse de la suerte del acreedor belga o danés en sus tratos con las putas y los chaperos del catalanismo, pero no puede reclamar el cobro de sus DEUDAS en aquellos tribunales. Es una relación asimétrica que rompe de golpe la legitimidad de la DEUDA ACUMULADA.  Lo más urgente, ahora,  es acometer una minuciosa auditoría de la Deuda Pública para conocer el origen y destino de cada euro desde 2002.  Peligra de nuevo el sistema financiero en España.

 

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