Luis De Guindos ha saltado en un charco.  Para preparar el combate que se librará en el Congreso, en el marco de la Comisión de Investigación sobre el rescate de las Cajas de Ahorro, no ha dudado en señalar que la crisis sistémica del sistema financiero español se originó en 2008 y 2009.  Y se pudo evitar, como atestigua la creación del mecanismo del FROB en febrero de 2008. La crisis se pudo evitar y se debió evitar.   Para atajar la crisis, antes de que colapsara Lehman Brothers, solo había sido necesario sanear el déficit de capital (agujero)  en Cataluña y, posiblemente, Madrid y Valencia. y poner coto a la mala praxis generalizada de su sistema financiero.  Y no se hizo porque Zapatero llegó al poder con el voto de los catalanistas. Entre las malas prácticas que el Banco de España no advirtió, destaca el mecanismo de los avales cruzados.

Los políticos que dirigían las Cajas de Ahorro descubrieron un sencillo método para puentear el control del riesgo y sacar beneficio de la concesión de créditos.  Utilizaban la generosa contrapartida final de las Cajas,  sin control ni rigor, para garantizar la venta de suelo en origen.  La propia Justicia documentó algunos casos en la que los propios directivos estaban involucrados en la compra directa y lucrativa reventa de esos terrenos.  Para conseguir su propósito de vender el suelo recalificado, las Cajas  fueron facilitando cada vez más el crédito al comprador final de la Promoción. Cuando un cliente veía denegada su petición de crédito hipotecario en un Banco, solo tenía que acudir a la Caja de Ahorros que le aconsejara el Constructor.

Pero, conforme los precios de la vivienda seguían subiendo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia,  iba escaseando la demanda solvente y abundando el porcentaje de clientes que necesitaban vender primero su propio piso de segunda mano para estrenar las nuevas viviendas.  Y podemos imaginar el problema planteado. Si la solvencia de la clase media española empezaba a ser dudosa, la del colectivo de inmigrantes, con trabajos precarios y mal pagados, era sencillamente una entelequia.

Para saltarse el control de riesgo y prestar dinero a los colectivos menos solventes, los directivos de las Cajas idearon un sencillo mecanismo burocrático. A través de una o varias agencias inmobiliarias, y acudiendo a determinados Registros y Notarías, los distintos compradores eran conducidos a firmar como avalistas unos de otros.  Una nómina de 1.000 euros al mes no permite afrontar una hipoteca de 120.000 euros en Madrid o Barcelona, pero sí 4 o 5 nóminas.  Lógicamente, en cuanto uno de los hipotecados no pudiera pagar su propia cuota hipotecaria, la Caja iniciaba los trámites para reclamarle toda la Deuda pendiente al conjunto de los avalistas.

En los años 2006 y 2007, fue creciendo el número de afectados, aunque la Prensa se limitaba a no informar.  Basta una sencilla búsqueda en las hemerotecas para verificar el escaso eco que recibió el fraude de los avales cruzados.  Ni siquiera hoy se puede conocer cuantos pisos nuevos se vendieron con ese procedimiento, especialmente en Madrid y Cataluña, pero si se puede intuir el interés de algunos partidos políticos y asociaciones en promover la dación en pago para echar tierra sobre el asunto.  Su prioridad fue siempre ayudar a proteger la retirada de los políticos en la retaguardia, mientras culpaban al sector constructor de los excesos de la Burbuja Inmobiliaria.

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