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¿Qué están negociando, en secreto, en Cataluña?

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Teatro del absurdo. Carlos Puigdemont es uno de los muchos políticos irrelevantes que completan la nómina del nacionalismo catalán. No vale la tinta que se gasta en dibujar su perfil psicológico.  Como tantos cargos agradecidos, escupiría a la cara a sus padres por un plato de lentejas. En cambio, Oriol Junqueras es un político taimado que ha sabido situarse en un discreto segundo plano, mientras otros esperpentos barriobajeros de ERC montan el circo en Madrid.  Pero, aunque a ambos les haya correspondido darle réplica a Mariano Rajoy en la función, la pregunta pertinente es: ¿quién lleva la voz cantante: ERC o CIU? Es tanto como averiguar quienes manejan los hilos de la CUP.

El pasado 10 de octubre, se pudo ver en directo como todos los partidos políticos negociaban una tregua, minutos antes de levantarse el telón en el Parlament catalán. Tras el revuelo inicial, fueron los radicales de la CUP los encargados de cantar la gallina y avalar el pacto: Rajoy, Junqueras y Puigdemont acaban de darse un plazo de un mes para negociar un acuerdo de mínimos entre la Generalitat y el Gobierno.

Son dos las cuestiones relacionadas que deberían interesar a los analistas e informadores, por encima de otras muchas consideraciones importantes. La primera es: ¿Quiénes son los interlocutores o mediadores sentados en la mesa?  Y la segunda: ¿qué es lo que pueden negociar?

El mundo del nacionalismo catalán me es ajeno y no me atrevería a sugerir un nombre, pero la lógica apunta a que el mediador debe ser una figura moderada de la extinta CIU. Del lado gubernamental, es mucho más fácil intuir que Rajoy puede haber elegido un perfil político del estilo de José Manuel García Margallo, al que probablemente dejó fuera del gabinete con ese propósito.

Más complejo es plantear el desarrollo de la negociación en base a las líneas rojas de cada una de las fuerzas políticas, pero por el humo se puede deducir dónde está el incendio.  De entrada, hay que diferenciar entre los líderes que hacen declaraciones y los que permanecen en silencio. Por pura lógica, los políticos que han sido excluidos de la mesa de negociación son los que se manifiestan y pronuncian.  Es bastante evidente, por ejemplo, que José María Aznar, Albert Rivera  y  Pablo Iglesias están fuera del círculo.

La posición de máximos del nacionalismo catalán y/o vasco es conocida. Aspiran a ser considerados como Estados Libres Asociados, con todas las ventajas, beneficios y derechos que da ser españoles, y ninguna obligación.  Son los hijos que se van de casa para vivir su vida, pero traen la colada, se llevan la comida para la semana, exigen la paga mensual  y se quedan con las llaves del coche y de la casa de la playa.  El padre gruñe, la madre arquea las cejas y cierra los ojos, y los hermanos advierten que tienen un morro que se lo pisan.

 

La Declaración Unilateral de Independencia de los nacionalistas en 2002 dejó patente que exigían Hacienda y Justicia propia, un sistema educativo exclusivo y excluyente, y una relación bilateral con el gobierno español, por encima de las demás regiones.  No exigían una Reforma  Federal de la Constitución, pero el Principio de Ordinalidad que reclamaban si implica dinamitar toda la estructura institucional del Estado español. Pedir “un nuevo encaje para Cataluña dentro de España”, con las mismas palabras que usaron en 1931, es buscar desencajar el resto de territorios, como se demostró en 1936.

Por su parte, el gobierno de Mariano Rajoy reclama a los nacionalistas catalanes que no traspasen las líneas rojas y que mantengan las formas. El respeto de esa apariencia de legalidad vigente le lleva a exigir la cabeza de Puigdemont y de algunos de sus esbirros. Es, necesariamente, la posición de mínimos del cornudo que no puede deshacer el daño causado ni recomponer su honor.

La lógica formal nos conduce a saber que la alternativa a la guerra, en esa mesa de negociación,  pasa por aceptar muchas de las pretensiones de los nacionalistas, si no todas.  Pero se trata, como dice Aznar, de imaginar cómo pagarles a plazos lo que no se les puede pagar al contado.  Esto es: en el corto plazo, la convocatoria de unas elecciones autonómicas que sienten a otros actores en el Parlament, y a medio plazo, la promesa de unas elecciones constituyentes que consagren el derecho a decidir de las distintas autonomías o federaciones, previo referéndum pactado.  A cambio de ello, el nacionalismo aceptaría dejar de ponerle los cuernos en público a España.  Cataluña dejaría de ser una ninfómana  insaciable para aparentar ser una madre ejemplar.  Todo por el bien de los “niños”.

Belge (c)