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Racionalidad de los días festivos y horarios comerciales


Cualquier español que viaje al Norte, a cualquiera de los países que vieron nacer la Revolución Industrial, sabe por experiencia que si llega tarde al mediodía o por la noche, se quedará sin poder comer o cenar.  En Berlín, cuna de las nuevas ideologías, los camareros le harán saber, con un inglés de andar por casa, que la cocina está cerrada a partir de las 10.  Se pueden emborrachar pero no cenar.

Por regla general, en todos esos países es mejor no accidentarse a partir de las 6 de la tarde, durante el fin de semana , ni necesitar nada que no pueda llevar en la maleta.  Todo está cerrado.  Lo racional, según esa buena gente racionalizadora, es quedarse en casa viendo la tele.

La crónica que puede hacer cualquier viajero español, al estilo de las que inmortalizaron en España los turistas británicos y franceses, es tan elocuente que se debería enseñar en los colegios.  El relato pormenorizado de vida laboral  de un simple fontanero o camarero serviría para sacudirnos nuestros complejos patrios.  Son escasamente productivos.  Cuando no están de resaca, son organizados y puntuales, pero su disponibilidad es nula para resolver cualquier incidencia imprevista o fuera de su horario.

El reciente caos provocado por los atentados de París y Bruselas ha costa la friolera de 0,6% del PIB en esos países.  Son cerca de 20.000 millones de euros, consecuencia directa de su manifiesta incapacidad para improvisar soluciones concretas y eficaces al margen de las tareas programadas. No salen bien parados de la comparación con la gestión de los atentados del 11-M en Madrid.

La Iglesia Católica ideó, a lo largo de toda la Edad Media, una política económica pragmática e inteligente que resiste ventajosamente la comparación con la mayoría de las ocurrencias actuales.  Levantar una Catedral o construir una iglesia era puro keynesianismo, al igual que lo es gastar una fortuna en construir el AVE de Cataluña (60.000 millones) para que viajen 40 personas a Francia, pero con una diferencia:  las catedrales han resistido el paso el tiempo como patrimonio de la Humanidad y los aeropuertos y estaciones de trenes desiertas son un himno al derroche y a la corrupción.

En el calendario laboral de la Edad Media, en toda Europa, los historiadores han llegado a contabilizar 170 fiestas de guardar. A pesar de la imagen que ha llegado hasta nuestra días, en forma de caricatura, lo cierto es que trabajaban un día, de sol a sol, y descansaban otro.  Protegidos o amparados por la Iglesia, los siervos de la época feudal trabajaban menos horas al año que nuestros contemporáneos.

Los sindicatos de empresarios se quejan de que en España los puentes y demás festivos católicos  les causan serios quebrantos y piden que se supriman y sustituyan por el Black Friday, el Cibermonday, el indulto del Pavo, el día de la Marmota, la Fiesta del Orgullo Gay, Octoberfest  y, en general, por el Día del Consumidor Gilipollas.  Sus argumentos empresariales carecen de peso, más allá de constituir un caso patente de superchería estadística. Los mismos problemas logísticos que puedan causarle un día de puente se los causan 52 domingos cada año.

Si la solución a la falta de rentabilidad de muchas empresas mal dirigidas por herederos, rentistas y directivos incompetentes fuera suprimir los domingos e imponer la jornada laboral non stop, tan imaginativa medida ya se habría tomado. El único problema es que se incrementarían las pérdidas y se desplomarían las ventas.

El consumo no se incrementa con un mayor horario comercial, sino todo lo contrario. Nadie entra en un bar sin clientes ni compra en un supermercado vacío.  Duplicar el horario comercial, de 3.000 a 6.000 horas, traería como consecuencia directa un desplome a menos de la mitad del consumo, y como consecuencia derivada un fuerte incremento de los costes fijos. La demostración matemática es elemental.

La solución que plantea el sindicato de empresarios, bajo el eufemismo de racionalizar los días festivos, es putear a los camareros productivos que han puesto de moda un local. Es un comportamiento absurdo y contraproducente, a todas luces, pero la codicia carece de lógica.  El establecimiento puede crecer hasta funcionar 6.000 horas al año a pleno rendimiento, pero nunca en detrimento de sus camareros. Si los sustituyen por empleados más dóciles, racionalizados, y peor pagados, al bar le sobrarán primero 1.000 horas y un par de trabajadores, luego 5.000 horas y todos los camareros, y acabará cerrando días hábiles, puentes y festivos.

(c) Belge. 07/12/2016

El Consejo de Ministros aprueba hoy un corralito de 1000 euros


Guerra sucia al efectivo. La medida anunciada por Cristobal Montoro, y que aprobará hoy el Consejo de Ministros,  es un sindiós económico, moral y financiero. Es, con toda probabilidad, una medida anticonstitucional. El papel moneda, fiduciario por esencia e imposición de los gobiernos desde hace algo más de 100 años, no es nominal: es dinero al portador y no crédito.  En la obra literaria de Emilio Zola, pródiga en denuncias sociales, aparece esa figura del empresario esclavista que obliga a los obreros a gastarse el sueldo de miseria en sus propios almacenes.

La comodidad de pagar con tarjeta de crédito o débito es muy relativa: cualquier consumidor que haya tenido que devolver un producto defectuoso conoce los inconvenientes, al margen de las comisiones, de los límites de disposición o de que no funcione en los momentos más inoportunos. Todas estas cosas ocurren con mucha frecuencia, solo que nadie les da mayor importancia.

A través del burdo y cínico pretexto de luchar contra un inexistente fraude fiscal, las castas políticas y empresariales pretenden cercenar la libertad política, económica y religiosa de los individuos. El IVA es un impuesto que nunca ha funcionado como tributo: en los diversos países europeos solo se recauda un 5% escaso del PIB REAL, a pesar un tipo que se ha generalizado por encima del 20%.  En España, para más inri, la corrupta organización territorial permite que regiones enteras como Cataluña no solo no liquiden nada, sino que se apropien del IVA pagado en otras comunidades autónomas.  Si el gobierno pretendiese realmente luchar contra el fraude fiscal, aplicaría el artículo 155 de la Constitución e intervendría  la economía en toda la franja mediterránea.

Limitar a 1000 euros el pago en efectivo supone, en la práctica, imponer un corralito. Apuntan en esa dirección los datos sobre salidas de capital en octubre y noviembre. Con la victoria de Donald Trump se han disparado la prima de riesgo en diversos países de la eurozona: inquieta la política monetaria de los republicanos y su propósito declarado de poner fin a la estrategia de Deflación.

Pero, al margen de estos apuntes financieros bastante evidentes, imponer un límite de 1000 euros a las transacciones comerciales es absurdo y contraproducente.  ¿Qué consumidor en su sano juicio va a comprar un portátil, un televisor o  un electrodoméstico sin factura ni garantía?  Y en sentido contrario: ¿Qué consumidor racional va a pedir una factura en la adquisición de un producto de segunda mano?  Se incrementará el fraude  y el consumidor estará más desprotegido. El mercado de segunda mano no solo es una válvula de escape para las economías más precarias, sino que facilita la venta de mercancía nueva.

 

La paradoja anterior se puede ilustrar con unos sencillos ejemplos. Nadie compra un coche nuevo si antes no vende su coche usado.  Cualquier concesionario conoce esa lógica: no es tanto que se pague con cierta generosidad el valor residual del vehículo, sino que se remueve un obstáculo infranqueable.  Los 10.000 km que el conductor puede recorrer con su viejo coche siempre le van a costar la mitad que con un coche nuevo.  Si en la práctica no se puede vender, solo queda la opción de amortizarlo.  Y lo mismo ocurre en el sector inmobiliario, si no se consigue dar salida al piso de segunda mano.  Penalizar ese tipo de transacción natural solo conduce a deprimir el consumo y favorecer la importación de mercancía en detrimento de la producción local.

© Belge. 02/12/2016

Las paradojas económicas y humanas del Salario Mínimo


Buena parte de los economistas y analistas llega al debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional a través del estudio razonado.  Y ni siquiera es necesario presumir que existan prejuicios y sesgos ideológicos. El salario es un parámetro importante, determinante, pero no más que la propia naturaleza humana. Hay personas más activas que otras, y un verdadero adicto al trabajo no se mueve por estímulos externos o incentivos.  A unas les gusta el agotador trabajo físico y a otras el estrés de la gestión multitarea; unas se encuentran más cómodas con un objetivo definido y otras prefieren trabajar por piezas. Unas quieren ganar más dinero, y otras no.

En mi caso, fue diferente.  Fue el asombro  el que me llevó a la reflexión. Siendo niño, me asombraban las extrañas paradojas que parecían darse en el universo de las relaciones económicas y financieras.  No acaba de entender que trabajando  se pudiese ser más pobre o que ahorrando se tuviese menos dinero.  Mi tío Eugenio, gran aficionado a la lectura y a la filatelia en Bruselas, me lo intento explicar, con 10 años: “Mira David: el fontanero que trabaja con hierros y tubos, tiene la casa llena de chatarra; el que repara televisores, tiene la casa llena de cables y televisiones; el que trabaja con dinero, tiene mucho dinero “.

Para quedar vacunado contra los conceptos económicos y las falacias políticas del marxismo luterano hay que leer a Ferdinand Céline y Jean Genet, dos prodigiosos escritores franceses del Lado Oscuro, y a Albert Camus. Los tres tienen en común su insobornable amor por la libertad.  “Ellos mandan hoy porque tu obedeces”.

La naturaleza del Trabajo es una característica que se deriva del estatuto jurídico del ciudadano. En la tradición occidental, heredada de Roma, el paradigma de las relaciones laborales lo conforman dos oposiciones lógicas: puede ser libre o preso, amo o esclavo. El sistema de recompensas e incentivos varía significativamente en cada caso. El esclavo al que el amo no puede mantener pasa a ser un “liberto” que busca desesperadamente un “trabajo” remunerado. Del mismo modo, el ciudadano que “caía preso” es condenado a “trabajos forzosos”. En el lado opuesto, el  hacendado tiende a buscar en el mercado buenos precios y prebendas administrativas con los que mantener su “casa”.

La premisa fundamental del debate sobre el Salario Mínimo en España es la hipocresía. Liberales y marxistas al uso fingen, por razones muy parecidas, que existe un mercado laboral único fácil de regular o desregular. Nos quieren hacer creer que las mismas leyes rigen para contratar a Lionel Messi y a Perico de Los Palotes.  La realidad, sin embargo,  es que los 4 tipos de “mercados” son jurídica, económica y moralmente incompatibles . La lógica laboral del liberto no es la del esclavo, ni la del preso es la misma que la del patricio.

¿A quién protege y a quién perjudica la creación y aplicación de un Salario Mínimo Interprofesional en una economía moderna?  Para contestar esa pregunta, hay que analizar – de entrada  -como afecta por separado a los 4 tipos de mercados.

Si el SMI es bajo, el coste de los presos, muy superior al de los libertos sin trabajo, actúa como un incentivo perverso. Aunque presiona a la baja el gasto de manutención de los esclavos, e incrementa el beneficio de los patricios, un SMI bajo eleva la factura social: la Deflación y la fractura de la sociedad que provoca inciden en mayores gastos fijos de seguridad. En lo político, crece el ejército de presos y libertos dispuestos a saquear Roma.

Si el SMI es alto, el coste de los esclavos que desean ser “liberados” crece y se reduce a corto plazo el beneficio de los patricios. Baja el coste de la economía penitenciaria y se reduce la factura social. Los libertos presionan los precios al alza y elevan el umbral de rentabilidad mínima de las empresas, obligando a “liberar” esclavos por falta de manutención.

Pero se da otra paradoja más curiosa, que suelen recalcar los más liberales de la escuela marxista: son precisamente los mercados laborales que no tienen regulado un Salario Mínimo los que más crecen y pagan las rentas salariales más altas. Es lógico. Son economías que no “liberan” sus esclavos. El contingente de “libertos” en las economías esclavistas que crecen es mínimo y el de presos más elevado que en otro tipo de sociedad.  Eso permite a los patricios mantener una política imperial más agresiva fuera de sus fronteras.

El umbral de rentabilidad

En EEUU y Alemania, el salario mínimo no regulado que cobran millones de trabajadores subempleados ronda los 3$ por hora.  Es una cantidad, similar al SMI,  que representa el coste marginal de supervivencia. No obstante, esa falta de regulación no impide que el porcentaje de economía sumergida sea tan significativo como en España.

Lo que significa este insólito hecho económico, bastante evidente cuando se quiere ver,  es que no baja necesariamente el umbral de rentabilidad de las empresas cuando se eliminan rigideces y determinados costes fijos. La intuición económica apunta, en sentido contrario, que se incrementa el beneficio de las empresas que compiten de un modo parasitario cuando se incrementan los salarios y los costes fijos que acarrea un mayor regulación. La prohibición de vender alcohol en EEUU creó más empresas, más trabajo y más beneficios reales que la liberalización del sector.  Del mismo modo, legalizar el tráficos de drogas en todo el mundo arrastraría consigo el probable desplome del flete internacional y un descenso significativo de la actividad portuaria en todos los países del mundo.

Eliminar la figura jurídica del SMI en España, como piden muchos liberales, llevaría a reducir el umbral de rentabilidad de muchas empresas, pero nunca incrementaría su cuota de mercado ni sus beneficios. Es más: lo más probable es que desaparecieran decenas de miles de empresas y se destruyera empleo neto.  Y si el mercado es global, mucho peores son las consecuencias.

Las derivas mercantilistas  conducen a un déjà vu del proteccionismo y a la tentación de contratar a la mitad de los pobres para acabar con la otra mitad. Lo que nunca cuentan del mercantilismo alemán y británico del siglo XIX e inicios del siglo XX, es que la deriva proteccionista surgió en un periodo de fuerte crecimiento económico y de pleno empleo.

(c) Belge. 22/11/2016

 

 

 

 

 

Presupuestos Generales del Estado 2017: impuestos o consecuencias


John Maynard Keynes no sería hoy keynesiano pero Karl Marx seguiría siendo alemán. Este sencillo aforismo condensa todo el debate sobre el gasto social. La elección de Donald Trump en EEUU ha supuesto un duro varapalo para todos los partidarios de una globalización puritana y totalitaria. En España, primero, y en EEUU, después, se han podido escuchar inquietantes pronunciamientos públicos sobre la calidad del voto y los derechos políticos de la mitad de la población. A duras penas han conseguido disimular su prepotente desprecio hacia quienes se oponen a sus planes.  Pero no es una fractura entre jóvenes favoritos de la Nueva Economía  y viejos  outsiders del Sistema, ni siquiera el manido salto generacional: es una disputa religiosa que tiene visos de convertirse en guerra larvada.

Gasto social, si sirve la metáfora, es que los hooligans y mercenarios del nacionalismo más rabioso en Vizcaya o Gerona dispongan de agua, luz y calefacción gratis mientras los ancianos de la montaña leonesa o palentina se pelan de frío con pensiones de miseria. Gasto social es enseñar matemáticas en euskera con acento de Cádiz a la nueva plebe, es entrenar a los hijos de la rancia élite catalana para que sigan siendo los amos del cotarro. Gasto social es la subvención a fondo perdido que reciben miles de empresas nacionalistas ruinosas para que sigan malversando recursos financieros, defraudando impuestos y maltratando a sus empleados.  Podría decirse, en resumen, que gasto social es corrupción económica, pero sería señalar con el dedo a las Viejas Castas y a los Nuevos Castos que ofrecen en un mismo pack luchar contra la corrupción e incrementar el gasto social.

En las Costas Nacionalistas del Cantábrico y del Mediterráneo, los empresarios que viven de la Cosa Turística, y de trapichear con contenedores internacionales de mercancías, no pagan los impuestos que deben a la sociedad. No es un problema fiscal, no es un problema moral, y no es tampoco un problema político. Es un problema de consecuencias. Son las consecuencias del creciente fraude las que han llevado España al borde mismo del precipicio. Hemos dado un paso atrás, en el último suspiro de mes de octubre, pero no es motivo para bajar la guardia. Sería, de nuevo, contraproducente intentar apaciguar con más “gasto social” a los desalmados que nos empujaban al suicidio.

Cataluña, Baleares, País Vasco, Navarra y ahora Valencia, aportan al conjunto de la sociedad española menos de 70.000 millones de euros, incluidas cuotas a la Seguridad Social, IVA e Impuestos Especiales. Causan un gasto mínimo de 300.000 millones y originan un déficit estructural real superior al 20% del Producto Interior Bruto de toda la nación.  Incentivar, con más gasto social, la estupidez moral, la mala praxis económica y el sectarismo político solo conduce a la tentación de hacer tabula rasa y poner los contadores a cero. Los nacionalistas nos pueden empujar a saltar al vacío, pero no nos van a salir alas para echar a volar.

© Belge. 22/11/2016