Archivos de la categoría Análisis Económico

Camina o Revienta


El titánico esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo de Rajoy desde el 22 de diciembre de 2011 para recuperar los ingresos del Estado y evitar la intervención de la economía española es, en el fondo, la mayor evidencia de la mala intención con la que gobernó siempre su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.  Quienes le defienden, a estas alturas, solo lo pueden hacer desde el sectarismo militante y desde la más absoluta mala fe.

La huella digital de economía española, en pesetas corrientes, no es un capricho estadístico ni retórico: es un imperativo estructural. La gente normal, que constituye el grueso del tejido social y empresarial, ha vivido y ha seguido viviendo en pesetas. Le escuché a un historiador franciscano, que hacía de guía turístico para un grupo de sefardíes en Ávila, que el ser humano puede cambiar con facilidad de país, de lengua y de religión, pero le cuesta mucho modificar sus hábitos culinarios.  Somos lo que comemos.

Cuando España era la séptima u octava economía del mundo, a principio de los años 90, y su población no llegaba a los 40 millones de ciudadanos,  el PIB superaba los 80 billones de pesetas y el salario medio más frecuente, que daba para vivir y ahorrar al final del mes, rondaba las 150.000 pesetas.   De aquella época era el famoso slogan político: “Paro, Despilfarro y Corrupción”.  La Deuda Pública rozaba el 60% del PIB y el Déficit, el 6% anual.   La Presión Fiscal rondaría el 35%, recaudando Hacienda algo más de 30 billones de pesetas al año. El español medio contribuía con 760.000 pesetas al Gasto anual.

El gobierno de Rodríguez Zapatero eleva la recaudación hasta los 76 billones de pesetas, una cantidad equivalente a 2 millones de pesetas por cada uno de los españoles que vivían en España cuando se negocia y firma el desdichado Tratado de Maastricht.  Si prescindimos de lo circunstancial, y nos ceñimos a lo estructural, eso significa que la presión fiscal se eleva en 2006 hasta rozar el 100% de los ingresos constantes sin inflación ni posterior deflación.

Muchos españoles no son plenamente conscientes de haber pagado el 100% de impuestos y más en el periodo que va de 2004 a 2011, y sin embargo es exactamente lo que ha ocurrido.  El perímetro de Gasto Público se puede trucar, como así se hizo, modificando los parámetros del PIB y favoreciendo la inmigración de hasta 10 millones de nuevos ciudadanos.  Un simple número de prestidigitación estadístico que no cambia la realidad estructural de la nación.  ¿De los 10 millones de ciudadanos llegados a España, que porcentaje corresponde a población activa real con un saldo tributario positivo?

Nadie ha estado interesado en analizarlo, por ser una imposición de Bruselas y Berlín.  En todos los nuevos países de la UE, se ha producido un movimiento similar: una tendencia a desplazar parte  de la clase media cualificada hacia el Oeste y el Norte de Europa, a cambio de abrir las fronteras a una nueva población de distintas regiones del mundo, mucho menos cualificada y sin arraigo local.  El resultado en todos los países de la UE ha sido aproximadamente el mismo:  entre un 15 y 20% del conjunto de la nueva población activa con menos derechos laborales y sociales.  Técnicamente es una  devaluación interna.

Pasaremos por alto el aspecto moral y la cuestión ideológica de esta devaluación interna, que demuestra fehacientemente la inmensa superioridad de nuestra sociedad católica, para centrarnos en la cuestión económica. Un incremento de facto del 25% de la población en regiones ricas como Cataluña, Valencia, Baleares o Madrid, supone también disparar el Gasto Público entre 120 y 150.000 millones de euros. Esto es una factura extra de 20 a 25 billones de pesetas constantes.

Por razones políticas, la presión fiscal deja de ser homogénea en todo el territorio durante los gobiernos de Zapatero, y se agrava cuando los nacionalistas consiguen la cabeza de Pedro Solbes. La reforma de la financiación autonómica, que se hizo para favorecer a Cataluña, trajo como principal consecuencia, un formidable incremento del fraude fiscal en todas las regiones costeras y nacionalistas.  Y la factura  de la devaluación interna recae entera sobre los ciudadanos de la España interior y rural.

 

(c) Belge 14/12/2016

 

 

 

Racionalidad de los días festivos y horarios comerciales


Cualquier español que viaje al Norte, a cualquiera de los países que vieron nacer la Revolución Industrial, sabe por experiencia que si llega tarde al mediodía o por la noche, se quedará sin poder comer o cenar.  En Berlín, cuna de las nuevas ideologías, los camareros le harán saber, con un inglés de andar por casa, que la cocina está cerrada a partir de las 10.  Se pueden emborrachar pero no cenar.

Por regla general, en todos esos países es mejor no accidentarse a partir de las 6 de la tarde, durante el fin de semana , ni necesitar nada que no pueda llevar en la maleta.  Todo está cerrado.  Lo racional, según esa buena gente racionalizadora, es quedarse en casa viendo la tele.

La crónica que puede hacer cualquier viajero español, al estilo de las que inmortalizaron en España los turistas británicos y franceses, es tan elocuente que se debería enseñar en los colegios.  El relato pormenorizado de vida laboral  de un simple fontanero o camarero serviría para sacudirnos nuestros complejos patrios.  Son escasamente productivos.  Cuando no están de resaca, son organizados y puntuales, pero su disponibilidad es nula para resolver cualquier incidencia imprevista o fuera de su horario.

El reciente caos provocado por los atentados de París y Bruselas ha costa la friolera de 0,6% del PIB en esos países.  Son cerca de 20.000 millones de euros, consecuencia directa de su manifiesta incapacidad para improvisar soluciones concretas y eficaces al margen de las tareas programadas. No salen bien parados de la comparación con la gestión de los atentados del 11-M en Madrid.

La Iglesia Católica ideó, a lo largo de toda la Edad Media, una política económica pragmática e inteligente que resiste ventajosamente la comparación con la mayoría de las ocurrencias actuales.  Levantar una Catedral o construir una iglesia era puro keynesianismo, al igual que lo es gastar una fortuna en construir el AVE de Cataluña (60.000 millones) para que viajen 40 personas a Francia, pero con una diferencia:  las catedrales han resistido el paso el tiempo como patrimonio de la Humanidad y los aeropuertos y estaciones de trenes desiertas son un himno al derroche y a la corrupción.

En el calendario laboral de la Edad Media, en toda Europa, los historiadores han llegado a contabilizar 170 fiestas de guardar. A pesar de la imagen que ha llegado hasta nuestra días, en forma de caricatura, lo cierto es que trabajaban un día, de sol a sol, y descansaban otro.  Protegidos o amparados por la Iglesia, los siervos de la época feudal trabajaban menos horas al año que nuestros contemporáneos.

Los sindicatos de empresarios se quejan de que en España los puentes y demás festivos católicos  les causan serios quebrantos y piden que se supriman y sustituyan por el Black Friday, el Cibermonday, el indulto del Pavo, el día de la Marmota, la Fiesta del Orgullo Gay, Octoberfest  y, en general, por el Día del Consumidor Gilipollas.  Sus argumentos empresariales carecen de peso, más allá de constituir un caso patente de superchería estadística. Los mismos problemas logísticos que puedan causarle un día de puente se los causan 52 domingos cada año.

Si la solución a la falta de rentabilidad de muchas empresas mal dirigidas por herederos, rentistas y directivos incompetentes fuera suprimir los domingos e imponer la jornada laboral non stop, tan imaginativa medida ya se habría tomado. El único problema es que se incrementarían las pérdidas y se desplomarían las ventas.

El consumo no se incrementa con un mayor horario comercial, sino todo lo contrario. Nadie entra en un bar sin clientes ni compra en un supermercado vacío.  Duplicar el horario comercial, de 3.000 a 6.000 horas, traería como consecuencia directa un desplome a menos de la mitad del consumo, y como consecuencia derivada un fuerte incremento de los costes fijos. La demostración matemática es elemental.

La solución que plantea el sindicato de empresarios, bajo el eufemismo de racionalizar los días festivos, es putear a los camareros productivos que han puesto de moda un local. Es un comportamiento absurdo y contraproducente, a todas luces, pero la codicia carece de lógica.  El establecimiento puede crecer hasta funcionar 6.000 horas al año a pleno rendimiento, pero nunca en detrimento de sus camareros. Si los sustituyen por empleados más dóciles, racionalizados, y peor pagados, al bar le sobrarán primero 1.000 horas y un par de trabajadores, luego 5.000 horas y todos los camareros, y acabará cerrando días hábiles, puentes y festivos.

(c) Belge. 07/12/2016

El Consejo de Ministros aprueba hoy un corralito de 1000 euros


Guerra sucia al efectivo. La medida anunciada por Cristobal Montoro, y que aprobará hoy el Consejo de Ministros,  es un sindiós económico, moral y financiero. Es, con toda probabilidad, una medida anticonstitucional. El papel moneda, fiduciario por esencia e imposición de los gobiernos desde hace algo más de 100 años, no es nominal: es dinero al portador y no crédito.  En la obra literaria de Emilio Zola, pródiga en denuncias sociales, aparece esa figura del empresario esclavista que obliga a los obreros a gastarse el sueldo de miseria en sus propios almacenes.

La comodidad de pagar con tarjeta de crédito o débito es muy relativa: cualquier consumidor que haya tenido que devolver un producto defectuoso conoce los inconvenientes, al margen de las comisiones, de los límites de disposición o de que no funcione en los momentos más inoportunos. Todas estas cosas ocurren con mucha frecuencia, solo que nadie les da mayor importancia.

A través del burdo y cínico pretexto de luchar contra un inexistente fraude fiscal, las castas políticas y empresariales pretenden cercenar la libertad política, económica y religiosa de los individuos. El IVA es un impuesto que nunca ha funcionado como tributo: en los diversos países europeos solo se recauda un 5% escaso del PIB REAL, a pesar un tipo que se ha generalizado por encima del 20%.  En España, para más inri, la corrupta organización territorial permite que regiones enteras como Cataluña no solo no liquiden nada, sino que se apropien del IVA pagado en otras comunidades autónomas.  Si el gobierno pretendiese realmente luchar contra el fraude fiscal, aplicaría el artículo 155 de la Constitución e intervendría  la economía en toda la franja mediterránea.

Limitar a 1000 euros el pago en efectivo supone, en la práctica, imponer un corralito. Apuntan en esa dirección los datos sobre salidas de capital en octubre y noviembre. Con la victoria de Donald Trump se han disparado la prima de riesgo en diversos países de la eurozona: inquieta la política monetaria de los republicanos y su propósito declarado de poner fin a la estrategia de Deflación.

Pero, al margen de estos apuntes financieros bastante evidentes, imponer un límite de 1000 euros a las transacciones comerciales es absurdo y contraproducente.  ¿Qué consumidor en su sano juicio va a comprar un portátil, un televisor o  un electrodoméstico sin factura ni garantía?  Y en sentido contrario: ¿Qué consumidor racional va a pedir una factura en la adquisición de un producto de segunda mano?  Se incrementará el fraude  y el consumidor estará más desprotegido. El mercado de segunda mano no solo es una válvula de escape para las economías más precarias, sino que facilita la venta de mercancía nueva.

 

La paradoja anterior se puede ilustrar con unos sencillos ejemplos. Nadie compra un coche nuevo si antes no vende su coche usado.  Cualquier concesionario conoce esa lógica: no es tanto que se pague con cierta generosidad el valor residual del vehículo, sino que se remueve un obstáculo infranqueable.  Los 10.000 km que el conductor puede recorrer con su viejo coche siempre le van a costar la mitad que con un coche nuevo.  Si en la práctica no se puede vender, solo queda la opción de amortizarlo.  Y lo mismo ocurre en el sector inmobiliario, si no se consigue dar salida al piso de segunda mano.  Penalizar ese tipo de transacción natural solo conduce a deprimir el consumo y favorecer la importación de mercancía en detrimento de la producción local.

© Belge. 02/12/2016

Las paradojas económicas y humanas del Salario Mínimo


Buena parte de los economistas y analistas llega al debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional a través del estudio razonado.  Y ni siquiera es necesario presumir que existan prejuicios y sesgos ideológicos. El salario es un parámetro importante, determinante, pero no más que la propia naturaleza humana. Hay personas más activas que otras, y un verdadero adicto al trabajo no se mueve por estímulos externos o incentivos.  A unas les gusta el agotador trabajo físico y a otras el estrés de la gestión multitarea; unas se encuentran más cómodas con un objetivo definido y otras prefieren trabajar por piezas. Unas quieren ganar más dinero, y otras no.

En mi caso, fue diferente.  Fue el asombro  el que me llevó a la reflexión. Siendo niño, me asombraban las extrañas paradojas que parecían darse en el universo de las relaciones económicas y financieras.  No acaba de entender que trabajando  se pudiese ser más pobre o que ahorrando se tuviese menos dinero.  Mi tío Eugenio, gran aficionado a la lectura y a la filatelia en Bruselas, me lo intento explicar, con 10 años: “Mira David: el fontanero que trabaja con hierros y tubos, tiene la casa llena de chatarra; el que repara televisores, tiene la casa llena de cables y televisiones; el que trabaja con dinero, tiene mucho dinero “.

Para quedar vacunado contra los conceptos económicos y las falacias políticas del marxismo luterano hay que leer a Ferdinand Céline y Jean Genet, dos prodigiosos escritores franceses del Lado Oscuro, y a Albert Camus. Los tres tienen en común su insobornable amor por la libertad.  “Ellos mandan hoy porque tu obedeces”.

La naturaleza del Trabajo es una característica que se deriva del estatuto jurídico del ciudadano. En la tradición occidental, heredada de Roma, el paradigma de las relaciones laborales lo conforman dos oposiciones lógicas: puede ser libre o preso, amo o esclavo. El sistema de recompensas e incentivos varía significativamente en cada caso. El esclavo al que el amo no puede mantener pasa a ser un “liberto” que busca desesperadamente un “trabajo” remunerado. Del mismo modo, el ciudadano que “caía preso” es condenado a “trabajos forzosos”. En el lado opuesto, el  hacendado tiende a buscar en el mercado buenos precios y prebendas administrativas con los que mantener su “casa”.

La premisa fundamental del debate sobre el Salario Mínimo en España es la hipocresía. Liberales y marxistas al uso fingen, por razones muy parecidas, que existe un mercado laboral único fácil de regular o desregular. Nos quieren hacer creer que las mismas leyes rigen para contratar a Lionel Messi y a Perico de Los Palotes.  La realidad, sin embargo,  es que los 4 tipos de “mercados” son jurídica, económica y moralmente incompatibles . La lógica laboral del liberto no es la del esclavo, ni la del preso es la misma que la del patricio.

¿A quién protege y a quién perjudica la creación y aplicación de un Salario Mínimo Interprofesional en una economía moderna?  Para contestar esa pregunta, hay que analizar – de entrada  -como afecta por separado a los 4 tipos de mercados.

Si el SMI es bajo, el coste de los presos, muy superior al de los libertos sin trabajo, actúa como un incentivo perverso. Aunque presiona a la baja el gasto de manutención de los esclavos, e incrementa el beneficio de los patricios, un SMI bajo eleva la factura social: la Deflación y la fractura de la sociedad que provoca inciden en mayores gastos fijos de seguridad. En lo político, crece el ejército de presos y libertos dispuestos a saquear Roma.

Si el SMI es alto, el coste de los esclavos que desean ser “liberados” crece y se reduce a corto plazo el beneficio de los patricios. Baja el coste de la economía penitenciaria y se reduce la factura social. Los libertos presionan los precios al alza y elevan el umbral de rentabilidad mínima de las empresas, obligando a “liberar” esclavos por falta de manutención.

Pero se da otra paradoja más curiosa, que suelen recalcar los más liberales de la escuela marxista: son precisamente los mercados laborales que no tienen regulado un Salario Mínimo los que más crecen y pagan las rentas salariales más altas. Es lógico. Son economías que no “liberan” sus esclavos. El contingente de “libertos” en las economías esclavistas que crecen es mínimo y el de presos más elevado que en otro tipo de sociedad.  Eso permite a los patricios mantener una política imperial más agresiva fuera de sus fronteras.

El umbral de rentabilidad

En EEUU y Alemania, el salario mínimo no regulado que cobran millones de trabajadores subempleados ronda los 3$ por hora.  Es una cantidad, similar al SMI,  que representa el coste marginal de supervivencia. No obstante, esa falta de regulación no impide que el porcentaje de economía sumergida sea tan significativo como en España.

Lo que significa este insólito hecho económico, bastante evidente cuando se quiere ver,  es que no baja necesariamente el umbral de rentabilidad de las empresas cuando se eliminan rigideces y determinados costes fijos. La intuición económica apunta, en sentido contrario, que se incrementa el beneficio de las empresas que compiten de un modo parasitario cuando se incrementan los salarios y los costes fijos que acarrea un mayor regulación. La prohibición de vender alcohol en EEUU creó más empresas, más trabajo y más beneficios reales que la liberalización del sector.  Del mismo modo, legalizar el tráficos de drogas en todo el mundo arrastraría consigo el probable desplome del flete internacional y un descenso significativo de la actividad portuaria en todos los países del mundo.

Eliminar la figura jurídica del SMI en España, como piden muchos liberales, llevaría a reducir el umbral de rentabilidad de muchas empresas, pero nunca incrementaría su cuota de mercado ni sus beneficios. Es más: lo más probable es que desaparecieran decenas de miles de empresas y se destruyera empleo neto.  Y si el mercado es global, mucho peores son las consecuencias.

Las derivas mercantilistas  conducen a un déjà vu del proteccionismo y a la tentación de contratar a la mitad de los pobres para acabar con la otra mitad. Lo que nunca cuentan del mercantilismo alemán y británico del siglo XIX e inicios del siglo XX, es que la deriva proteccionista surgió en un periodo de fuerte crecimiento económico y de pleno empleo.

(c) Belge. 22/11/2016