Donde la noche y el día se confunden. La línea divisoria entre público y privado es evanescente. Ni siquiera está claro qué actividades están reguladas ni como inciden ayudas y subvenciones en diferentes sectores económicos.

El siguiente cuadro es bastante ilustrativo. Muestra la evolución del empleo público en las tres administraciones:  Central, Autonómica,  Local. 

Año	Administración Estado	Administración CCAA	Administración Local
2016	490.000	1.473.000	549.000
2015	498.000	1.467.000	578.000
2014	505.000	1.477.000	560.000
2013	520.000	1.501.000	550.000
2012	530.000	1.552.000	597.000
2011	532.000	1.499.000	648.000
2010	528.000	1.506.000	658.000
2009	513.000	1.490.000	630.000
2008	498.000	1.454.000	623.000
2007	490.000	1.411.000	602.000
2006	485.000	1.373.000	572.000
2005	478.000	1.337.000	563.000
2004	478.000	1.308.000	558.000
2003	478.000	1.288.000	547.000

La tabla es tan significativa que no necesita comentarios.  Solo unos apuntes. El 60% del empleo adscrito a servicios generales del Estado corresponde a las Fuerzas del Orden y a la administración de Justicia.  En el caso de las CCAA, el 10% corresponde al personal de las Universidades.  Por último, las tan traídas y llevadas Diputaciones Provinciales  representan menos del 12% del empleo público “local”.

Pensiones públicas

El siguiente capítulo de los sueldos públicos es casi tan espinoso como los 30.000 millones de euros que anualmente el Estado a los desempleados.  Se debería diferenciar lo que son Pensiones Contributivas del resto de conceptos, buscando fórmulas diferentes para su financiación.

Año	Pensiones contributivas	Pensiones asistenciales
2003	7.855.000	489.000
2004	7.913.000	487.000
2005	8099.000	483.000
2006	8.277.000	478.000
2007	8.334.000	469.000
2008	8.464.000	460.000
2009	8.604.000	455.000
2010	8.740.000	451.000
2011	8.866.000	448.000
2012	8.999.000	445.000
2013	9.146.000	447.000
2014	9.271.000	452.000
2015	9.361.000	454.000

 

Una primera lectura sería que el Estado (todos nosotros)  paga del orden de 15,6 millones de “sueldos públicos” por un importe que se acerca a los 240.000 millones de euros.

La segunda lectura confirma una vieja tesis:  la organización autonómica es disfuncional y no es compatible con la integración europea, como demuestra el fuerte incremento del empleo “autonómico” en una época de fuerte crecimiento económico (2002-2010).