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Camina o Revienta (II)


Entre 2010 y 2011, la situación tributaria se volvió insostenible en España. Los historiadores del futuro juzgarán hasta qué punto esa debacle fue premeditada y puede calificarse de auténtico sabotaje.  Los numerosos editoriales que se posicionaban a favor de la Intervención de España por potencias protestantes no permite ser benévolo con Zapatero.

A partir del año 2008, para cualquier analista y observador honesto ya era más que evidente que los ingresos fiscales del Estado estaban siendo dopados para poder justificar un incremento del Gasto Público y ocultar las transferencias de capitales a grupos amigos y regiones afines. El Gasto Publico  de todas las administraciones y Fundaciones, sumado al endeudamiento directo y diferido y al crédito forzoso contra los proveedores, superaba los 600.000 millones de euros.  Son 100 billones de pesetas constantes, o lo que es lo mismo: una cantidad media de 2 millones de pesetas por cada una de las personas que residían en España, legalmente o no, de un modo temporal o permanente.

El problema estructural creado por Zapatero y sus aliados nacionalistas y puritanos salta a la vista:  con la estrategia de devaluación interna, el incremento de población de 10 millones de habitante supuso un Gasto Público Total de 20 billones de pesetas constantes, al tiempo que una población activa de no más de 3 millones de trabajadores aportó un ingreso de 3 billones de pesetas constantes. Esto es: un déficit estructural de 17 billones de pesetas, equivalente a 100.000 millones de euros al año.

Cuando Mariano Rajoy gana las elecciones,  la alternativa aparente es reducir el Gasto Público a la mitad (de 600.000 a 300.000 millones de euros)  o intentar incrementar los ingreso del Estado para recuperar un cierto equilibrio. O mirar hacia atrás, para los ajustes de cuenta, o caminar hacia adelante con la pesada mochila a la espalda. Pero transcurrido unos días, ya era notorio que el déficit oficial del 6,6% que Zapatero dejaba en herencia era una mentira tan burda, que delata la complicidad de unos y otros, dentro y fuera de nuestras fronteras. El déficit que “hereda” el gobierno del Partido Popular supera con creces el 15% y hace inviable cualquier política basta en el recorte de gastos.

El dilema en 2012, para cualquier ciudadano de bien en España, es decidir si asume pagar muchos más impuestos por menos servicios, para tapar el gran agujero que le dejan Zapatero y sus cómplices, o si valida la intervención social, política y económica de la Soberanía Nacional. No era una decisión fácil de tomar.

Pero lo imprevisible en 2010 y 2010 fue lo que ocurrió cuando Mariano Rajoy tomó la decisión de no rendir nuestra Soberanía a potencias que no pueden ser calificadas de amigas.  Diferentes grupos de presión y poderes fácticos huérfanos de cualquier legitimidad democrática se conjuran para torpedear y sabotear aun más la acción de gobierno.

La situación actual es conocida por todos, y le ha valido a Rajoy un reconocimiento tardío en distintos foros internacionales. La proeza conseguida no supone, por supuesto, que la situación económica y personal de los españoles sea boyante, ni que se haya superado la crisis.  Solo que se salvaron una tras otras todas las pelotas de partido, y España consiguió el pequeño milagro de volverse a poner en pie y seguir siendo libre. El precio pagado ha sido muy alto. Lo más duro ha sido, sin duda, tener que financiar a unos nacionalistas sediciosos y traidores, responsables directos de provocar la crisis.

(c) Belge 14/12/2016

Camina o Revienta


El titánico esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo de Rajoy desde el 22 de diciembre de 2011 para recuperar los ingresos del Estado y evitar la intervención de la economía española es, en el fondo, la mayor evidencia de la mala intención con la que gobernó siempre su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.  Quienes le defienden, a estas alturas, solo lo pueden hacer desde el sectarismo militante y desde la más absoluta mala fe.

La huella digital de economía española, en pesetas corrientes, no es un capricho estadístico ni retórico: es un imperativo estructural. La gente normal, que constituye el grueso del tejido social y empresarial, ha vivido y ha seguido viviendo en pesetas. Le escuché a un historiador franciscano, que hacía de guía turístico para un grupo de sefardíes en Ávila, que el ser humano puede cambiar con facilidad de país, de lengua y de religión, pero le cuesta mucho modificar sus hábitos culinarios.  Somos lo que comemos.

Cuando España era la séptima u octava economía del mundo, a principio de los años 90, y su población no llegaba a los 40 millones de ciudadanos,  el PIB superaba los 80 billones de pesetas y el salario medio más frecuente, que daba para vivir y ahorrar al final del mes, rondaba las 150.000 pesetas.   De aquella época era el famoso slogan político: “Paro, Despilfarro y Corrupción”.  La Deuda Pública rozaba el 60% del PIB y el Déficit, el 6% anual.   La Presión Fiscal rondaría el 35%, recaudando Hacienda algo más de 30 billones de pesetas al año. El español medio contribuía con 760.000 pesetas al Gasto anual.

El gobierno de Rodríguez Zapatero eleva la recaudación hasta los 76 billones de pesetas, una cantidad equivalente a 2 millones de pesetas por cada uno de los españoles que vivían en España cuando se negocia y firma el desdichado Tratado de Maastricht.  Si prescindimos de lo circunstancial, y nos ceñimos a lo estructural, eso significa que la presión fiscal se eleva en 2006 hasta rozar el 100% de los ingresos constantes sin inflación ni posterior deflación.

Muchos españoles no son plenamente conscientes de haber pagado el 100% de impuestos y más en el periodo que va de 2004 a 2011, y sin embargo es exactamente lo que ha ocurrido.  El perímetro de Gasto Público se puede trucar, como así se hizo, modificando los parámetros del PIB y favoreciendo la inmigración de hasta 10 millones de nuevos ciudadanos.  Un simple número de prestidigitación estadístico que no cambia la realidad estructural de la nación.  ¿De los 10 millones de ciudadanos llegados a España, que porcentaje corresponde a población activa real con un saldo tributario positivo?

Nadie ha estado interesado en analizarlo, por ser una imposición de Bruselas y Berlín.  En todos los nuevos países de la UE, se ha producido un movimiento similar: una tendencia a desplazar parte  de la clase media cualificada hacia el Oeste y el Norte de Europa, a cambio de abrir las fronteras a una nueva población de distintas regiones del mundo, mucho menos cualificada y sin arraigo local.  El resultado en todos los países de la UE ha sido aproximadamente el mismo:  entre un 15 y 20% del conjunto de la nueva población activa con menos derechos laborales y sociales.  Técnicamente es una  devaluación interna.

Pasaremos por alto el aspecto moral y la cuestión ideológica de esta devaluación interna, que demuestra fehacientemente la inmensa superioridad de nuestra sociedad católica, para centrarnos en la cuestión económica. Un incremento de facto del 25% de la población en regiones ricas como Cataluña, Valencia, Baleares o Madrid, supone también disparar el Gasto Público entre 120 y 150.000 millones de euros. Esto es una factura extra de 20 a 25 billones de pesetas constantes.

Por razones políticas, la presión fiscal deja de ser homogénea en todo el territorio durante los gobiernos de Zapatero, y se agrava cuando los nacionalistas consiguen la cabeza de Pedro Solbes. La reforma de la financiación autonómica, que se hizo para favorecer a Cataluña, trajo como principal consecuencia, un formidable incremento del fraude fiscal en todas las regiones costeras y nacionalistas.  Y la factura  de la devaluación interna recae entera sobre los ciudadanos de la España interior y rural.

 

(c) Belge 14/12/2016

 

 

 

Racionalidad de los días festivos y horarios comerciales


Cualquier español que viaje al Norte, a cualquiera de los países que vieron nacer la Revolución Industrial, sabe por experiencia que si llega tarde al mediodía o por la noche, se quedará sin poder comer o cenar.  En Berlín, cuna de las nuevas ideologías, los camareros le harán saber, con un inglés de andar por casa, que la cocina está cerrada a partir de las 10.  Se pueden emborrachar pero no cenar.

Por regla general, en todos esos países es mejor no accidentarse a partir de las 6 de la tarde, durante el fin de semana , ni necesitar nada que no pueda llevar en la maleta.  Todo está cerrado.  Lo racional, según esa buena gente racionalizadora, es quedarse en casa viendo la tele.

La crónica que puede hacer cualquier viajero español, al estilo de las que inmortalizaron en España los turistas británicos y franceses, es tan elocuente que se debería enseñar en los colegios.  El relato pormenorizado de vida laboral  de un simple fontanero o camarero serviría para sacudirnos nuestros complejos patrios.  Son escasamente productivos.  Cuando no están de resaca, son organizados y puntuales, pero su disponibilidad es nula para resolver cualquier incidencia imprevista o fuera de su horario.

El reciente caos provocado por los atentados de París y Bruselas ha costa la friolera de 0,6% del PIB en esos países.  Son cerca de 20.000 millones de euros, consecuencia directa de su manifiesta incapacidad para improvisar soluciones concretas y eficaces al margen de las tareas programadas. No salen bien parados de la comparación con la gestión de los atentados del 11-M en Madrid.

La Iglesia Católica ideó, a lo largo de toda la Edad Media, una política económica pragmática e inteligente que resiste ventajosamente la comparación con la mayoría de las ocurrencias actuales.  Levantar una Catedral o construir una iglesia era puro keynesianismo, al igual que lo es gastar una fortuna en construir el AVE de Cataluña (60.000 millones) para que viajen 40 personas a Francia, pero con una diferencia:  las catedrales han resistido el paso el tiempo como patrimonio de la Humanidad y los aeropuertos y estaciones de trenes desiertas son un himno al derroche y a la corrupción.

En el calendario laboral de la Edad Media, en toda Europa, los historiadores han llegado a contabilizar 170 fiestas de guardar. A pesar de la imagen que ha llegado hasta nuestra días, en forma de caricatura, lo cierto es que trabajaban un día, de sol a sol, y descansaban otro.  Protegidos o amparados por la Iglesia, los siervos de la época feudal trabajaban menos horas al año que nuestros contemporáneos.

Los sindicatos de empresarios se quejan de que en España los puentes y demás festivos católicos  les causan serios quebrantos y piden que se supriman y sustituyan por el Black Friday, el Cibermonday, el indulto del Pavo, el día de la Marmota, la Fiesta del Orgullo Gay, Octoberfest  y, en general, por el Día del Consumidor Gilipollas.  Sus argumentos empresariales carecen de peso, más allá de constituir un caso patente de superchería estadística. Los mismos problemas logísticos que puedan causarle un día de puente se los causan 52 domingos cada año.

Si la solución a la falta de rentabilidad de muchas empresas mal dirigidas por herederos, rentistas y directivos incompetentes fuera suprimir los domingos e imponer la jornada laboral non stop, tan imaginativa medida ya se habría tomado. El único problema es que se incrementarían las pérdidas y se desplomarían las ventas.

El consumo no se incrementa con un mayor horario comercial, sino todo lo contrario. Nadie entra en un bar sin clientes ni compra en un supermercado vacío.  Duplicar el horario comercial, de 3.000 a 6.000 horas, traería como consecuencia directa un desplome a menos de la mitad del consumo, y como consecuencia derivada un fuerte incremento de los costes fijos. La demostración matemática es elemental.

La solución que plantea el sindicato de empresarios, bajo el eufemismo de racionalizar los días festivos, es putear a los camareros productivos que han puesto de moda un local. Es un comportamiento absurdo y contraproducente, a todas luces, pero la codicia carece de lógica.  El establecimiento puede crecer hasta funcionar 6.000 horas al año a pleno rendimiento, pero nunca en detrimento de sus camareros. Si los sustituyen por empleados más dóciles, racionalizados, y peor pagados, al bar le sobrarán primero 1.000 horas y un par de trabajadores, luego 5.000 horas y todos los camareros, y acabará cerrando días hábiles, puentes y festivos.

(c) Belge. 07/12/2016

El Consejo de Ministros aprueba hoy un corralito de 1000 euros


Guerra sucia al efectivo. La medida anunciada por Cristobal Montoro, y que aprobará hoy el Consejo de Ministros,  es un sindiós económico, moral y financiero. Es, con toda probabilidad, una medida anticonstitucional. El papel moneda, fiduciario por esencia e imposición de los gobiernos desde hace algo más de 100 años, no es nominal: es dinero al portador y no crédito.  En la obra literaria de Emilio Zola, pródiga en denuncias sociales, aparece esa figura del empresario esclavista que obliga a los obreros a gastarse el sueldo de miseria en sus propios almacenes.

La comodidad de pagar con tarjeta de crédito o débito es muy relativa: cualquier consumidor que haya tenido que devolver un producto defectuoso conoce los inconvenientes, al margen de las comisiones, de los límites de disposición o de que no funcione en los momentos más inoportunos. Todas estas cosas ocurren con mucha frecuencia, solo que nadie les da mayor importancia.

A través del burdo y cínico pretexto de luchar contra un inexistente fraude fiscal, las castas políticas y empresariales pretenden cercenar la libertad política, económica y religiosa de los individuos. El IVA es un impuesto que nunca ha funcionado como tributo: en los diversos países europeos solo se recauda un 5% escaso del PIB REAL, a pesar un tipo que se ha generalizado por encima del 20%.  En España, para más inri, la corrupta organización territorial permite que regiones enteras como Cataluña no solo no liquiden nada, sino que se apropien del IVA pagado en otras comunidades autónomas.  Si el gobierno pretendiese realmente luchar contra el fraude fiscal, aplicaría el artículo 155 de la Constitución e intervendría  la economía en toda la franja mediterránea.

Limitar a 1000 euros el pago en efectivo supone, en la práctica, imponer un corralito. Apuntan en esa dirección los datos sobre salidas de capital en octubre y noviembre. Con la victoria de Donald Trump se han disparado la prima de riesgo en diversos países de la eurozona: inquieta la política monetaria de los republicanos y su propósito declarado de poner fin a la estrategia de Deflación.

Pero, al margen de estos apuntes financieros bastante evidentes, imponer un límite de 1000 euros a las transacciones comerciales es absurdo y contraproducente.  ¿Qué consumidor en su sano juicio va a comprar un portátil, un televisor o  un electrodoméstico sin factura ni garantía?  Y en sentido contrario: ¿Qué consumidor racional va a pedir una factura en la adquisición de un producto de segunda mano?  Se incrementará el fraude  y el consumidor estará más desprotegido. El mercado de segunda mano no solo es una válvula de escape para las economías más precarias, sino que facilita la venta de mercancía nueva.

 

La paradoja anterior se puede ilustrar con unos sencillos ejemplos. Nadie compra un coche nuevo si antes no vende su coche usado.  Cualquier concesionario conoce esa lógica: no es tanto que se pague con cierta generosidad el valor residual del vehículo, sino que se remueve un obstáculo infranqueable.  Los 10.000 km que el conductor puede recorrer con su viejo coche siempre le van a costar la mitad que con un coche nuevo.  Si en la práctica no se puede vender, solo queda la opción de amortizarlo.  Y lo mismo ocurre en el sector inmobiliario, si no se consigue dar salida al piso de segunda mano.  Penalizar ese tipo de transacción natural solo conduce a deprimir el consumo y favorecer la importación de mercancía en detrimento de la producción local.

© Belge. 02/12/2016