En el verano de 2025, la Vuelta a España se ha convertido en un campo de batalla inesperado. Las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech, marcadas por pancartas propalestinas y bloqueos en varias etapas, no son solo un eco del conflicto en Gaza, sino una chispa que enciende una trama mucho mayor. Vayamos por partes.
Los activistas, apoyados por plataformas locales y extranjeras, logran interrumpir la carrera en momentos clave, como la contrarreloj de la etapa 5, la etapa de Bilbao y la subida al Angliru del pelotón.
La decisión del equipo de eliminar la palabra “Israel” de sus maillots no calma las aguas, sino que alimenta el fuego mediático. Las imágenes de ciclistas detenidos por manifestantes, banderas palestinas ondeando y la policía desbordada se viralizan, proyectando una imagen de caos en España.

Preguntas: ¿Y si estas protestas no son espontáneas? ¿Y si forman parte de un plan orquestado para debilitar la candidatura de España como sede de la final del Mundial de 2030?

La memoria colectiva recuerda casos como la Operación Puerto (2006), que manchó el ciclismo español con acusaciones de dopaje, o la Operación Galgo (2010), que golpeó al atletismo justo cuando Madrid pujaba por los JJOO de 2016. En ambos casos, las filtraciones y escándalos parecieron diseñados para dañar la reputación deportiva de España. Ahora, en 2025, el paralelismo es inquietante. El nombre de Josep-Lluís Carod-Rovira, líder de ERC en los 2000, resurge como un eco de conspiraciones pasadas, cuando sus reuniones con Zapatero y su postura crítica hacia el centralismo español alimentaron teorías de sabotaje a la candidatura olímpica de Madrid.

El PSOE, debilitado políticamente tras años de coaliciones frágiles, se enfrenta presiones internas y externas. Sus aliados más radicales, incluidos sectores independentistas y movimientos de izquierda que simpatizan con la causa palestina, ven en la Vuelta una oportunidad para amplificar su mensaje. Las protestas, aunque aparentemente desorganizadas, están siendo amplificadas por una red de intereses que trasciende las fronteras. Aquí entra Marruecos, un actor que podría beneficiarse de un desprestigio de España como organizador de eventos deportivos internacionales.

Marruecos, que comparte la organización del Mundial 2030 con España y Portugal, tiene en el Stade Hassan II de Casablanca un candidato fuerte para la final. Sin embargo, los estadios españoles, como el Santiago Bernabéu y el Camp Nou, son vistos como favoritos por su historia y capacidad. Pero: ¿Y si un escándalo en un evento como la Vuelta debilitara la percepción de España como un país capaz de garantizar seguridad y estabilidad? El precedente de los JJOO de 1980, boicoteados por Estados Unidos y aliados contra la URSS, o los problemas organizativos denunciados en París 2024 (como el caos en el Nadal-Djokovic), sugieren que la reputación es clave en las decisiones de la FIFA.

Israel-Premier Tech no es solo un equipo ciclista, sino un peón en un juego más grande. Su presencia en la Vuelta, respaldada por el magnate Sylvan Adams, amigo personal de Netanyahu y “embajador autoproclamado de Israel”, se convierte en un imán para las protestas. Pero, ¿y si estas protestas están siendo azuzadas no solo por activistas locales, sino que forma parte de una estrategia que aprovecha la polarización del conflicto Palestina-Israel? Aquí entra la contrastada alianza Marruecos-Israel, que en la realidad se ha fortalecido desde los Acuerdos de Abraham (2020) y se hizo patente en eventos como Eurovisión, donde Marruecos influyó en las votaciones para favorecer a Israel, según se rumoreo en las rrss.

Esta alianza tiene un objetivo claro: generar un daño reputacional a España que beneficie a Marruecos. Las protestas en la Vuelta, amplificadas por medios internacionales y redes sociales, pintan a España como un país incapaz de controlar eventos deportivos de alto perfil. La anulación de una etapa, el abandono forzado de Israel-Premier Tech, o incluso la suspensión de la Vuelta, serían el golpe final: un titular global que pondría en duda la capacidad de España para albergar la final del Mundial.

La FIFA observa desde la distancia. En 2026, cuando se decida la sede de la final, los informes sobre la Vuelta 2025 pesarán como un lastre. Los estadios españoles son imponentes, pero las imágenes de ciclistas parados, manifestantes en la carretera y críticas al gobierno español por no garantizar la seguridad inclinan la balanza. Marruecos, con su Stade Hassan II modernizado y una narrativa de estabilidad, se posiciona como la opción “segura”. Además, la influencia geopolítica de Marruecos, respaldada por aliados como Estados Unidos e Israel, añade presión sobre la FIFA para favorecer a Casablanca.

El paralelismo con la Operación Puerto y Galgo es evidente: en ambos casos, escándalos deportivos amplificados mediáticamente dañaron la imagen de España en momentos clave. Aquí, el gobierno español, atrapado entre sus aliados progresistas (que toleran o incluso alientan las protestas) y la necesidad de proyectar estabilidad, queda en una posición vulnerable. La “pinza” entre los puritanos locales y los intereses externos logra su objetivo: España pierde la final del Mundial.

Aunque nunca se encuentre la prueba definitiva de que Marruecos, Israel y sectores del PSOE orquestaron las protestas, las coincidencias son demasiadas. La renuncia de un ciclista como Derek Gee antes de la Vuelta, las declaraciones de Sylvan Adams calificando a los manifestantes de “terroristas”, y la incapacidad de las autoridades españolas para evitar las interrupciones alimentan las teorías conspirativas. Podría tratarse de un “complot marroquí-israelí” para desbancar a España como sede de la final del Mundial de 2030. Si tuviera que apostar, diría que la decisión de la FIFA en 2026 va a depender de lo que pase en la Vuelta en las próximas horas.

Belge