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La Puta al río


España camina de victoria en victoria, hasta la debacle final. Está siendo destruida y no se atreve a poner nombre a la cosa. Sabido es que la Santa Inquisición Puritana tiene como principal cometido impedir que el pueblo soberano tenga consciencia de sí mismo. . La novolengua nazi, que George Orwell describía con precisión de lingüista en 1984, tenía como función  reducir el lenguaje a una sucesión de consignas y eslóganes huecos que impedían cualquier forma de pensamiento político alternativo.  Al suprimir conceptos y expresiones centenarias, el objetivo de los censores es hacer imposible el pensamiento lógico. Bajo el disfraz de decirnos cómo debemos expresarnos, para ser políticamente correctos, están sometiendo el pensamiento a autorización previa.

 

Tras la derrota electoral del 21-D en Cataluña, el gobierno de la nación ha perdido su pulso con los nacionalistas. Ha quedado a la intemperie y empiezan a ser muchos los que le niegan el paraguas. No tengo decidido si es peor que un Tribunal en Luxemburgo  ampare las denuncias falsas de unos mercenarios  vascos o que la UE germanizada obligue a España a mendigar un puesto menor vacante en el BCE. Criticamos en su día a Zapatero por mendigar una silla en el G-20 e hipotecar irresponsablemente la legítima defensa de la economía española, y criticamos ahora a Rajoy por el mismo motivo. No es posible “tragar” con las afrentas de Bruselas, Copenhague y Luxemburgo, y arrastrarnos por conseguir colocar a Luis de Guindos como vicepresidente del BCE al precio de apoyar la inminente elección del candidato del Bundesbank.

Luis de Guindos ha sido un Ministro de Economía solvente, y bajo su batuta, España ha conseguido recuperar el equilibrio y estabilizar sus constantes vitales. A toro pasado, cualquier militante o tertuliano puede conseguir lo mismo y enumerar los tropiezos, pero en 2011 no era sencillo esquivar el caos que se nos venía encima. Su salida del gobierno es lo que parece: una huida que anticipa el punto final del capítulo. El relato de la recuperación  económica ha acabado.

El nuevo capítulo, que pretende narrar el escribano de La Caixa, se titula: “1,2,3, Reformas y Modernizaciones, otra vez”.  No deja de ser sarcástico que siendo tan catalán, el tal Albert Rivera se parezca tanto a los míticos personajes de Paco Ibañez.  Si Zapatero fuera una burra paticoja y Aznar un percherón miope, tendríamos retratado al burdégano del Paseo de Gracia que finge ser fino corcel de Jerez.

La impunidad con la que decenas de miles de delincuentes infringen las leyes en sus dominios ha puesto de manifiesto ante todo el mundo que el Gobierno ha perdido el control del Territorio, de su Administración y de las Fuerzas del Orden. La Apariencia de Justicia, que se escenifica en los telediarios y demás medios de comunicación, no engaña a nadie fuera de nuestras fronteras.  La sentencia tan esperpéntica como grotesca que el Tribunal de Derechos Humanos ha emitido contra la resolución del Tribunal Supremo solo se puede interpretar de una manera: voluntad de tantear la debilidad de España antes de abrir nuevos frentes.

El tiempo que ha transcurrido desde el pasado 21 de diciembre le ha servido al nacionalismo para comprobar que el Gobierno  está inerme y no es capaz de sacar al parlamento catalán del limbo jurídico que han creado. Dentro y fuera de España, calculan que el Partido Popular habrá perdido a la mitad de su electorado y estará pidiendo la puntilla en tan solo 6 meses.

El frente lingüístico que Francina Armengol ha abierto en las Islas Baleares contra los españoles, con la ayuda de los catalanistas y la complicidad de Alemania, va más allá de la simple provocación política. Es una agresión territorial y un disparo bajo la línea de flotación de la Constitución de 1978. Invocar el supuesto privilegio de 200 o 300.000 nativos radicales a imponer su dialecto es vulnerar el derecho fundamental  que asiste a la población española que vive o veranea en Mallorca o Ibiza.  Millones de españoles pasan a ser extranjeros en su propio país, con menos derechos que los colonos alemanes  y británicos, a los que atenderán en sus lenguas, salvo el de mantener con sus impuestos aquel derroche de cinismo.

El nacionalismo está intentando llevar la Insurrección política, económica e institucional hasta el límite de la Comunidad Valenciana y ha empezado a mover fichas en Asturias. Es una zona de conflicto que ya afecta a una población de 20 millones de personas, en una demarcación dibujada por el curso del Ebro. Y no se puede descartar, a priori, que esté en sus planes llevar el contencioso al terreno militar. La razón sería bastante evidente: todos los planes anteriores no sirven de nada si no se aseguran el control militar del agua.

La estrategia de contención, ideada por Rajoy a partir del año 2007, le sirvió al PP y a la propia sociedad española para evitar males mayores y esquivar la que habría sido una intervención directa de la economía española por parte de Alemania y EEUU.  El Status Quo se prolongó hasta el año 2015, y en 2016 se evitó, milagrosamente, un gobierno del Psoe y Podemos con los catalanistas. Lo correcto habría sido repetir las elecciones, con otro cartel, pero Mariano Rajoy cayó en la trampa de creer que el PNV aprobaría los Presupuestos Generales del Estado por su propio interés cuando solo estaba condicionando su respuesta al Desafío Catalán.

El objetivo de los Independentistas el 1 de Octubre era escenificar un inexistente Conflicto Político ante los ojos de todo el mundo. El planteamiento estratégico del Gobierno fue completamente equivocado. Cuando se quiso dar cuenta del error de cálculo que había cometido, ya tenía a Ciudadanos y al Psoe jugando sus propias bazas con la aplicación del artículo 155.

El gran error que cometen los partidos constitucionalistas en su batalla del 21-D, fue no tener en cuenta que el CENSO electoral está manipulado e inflado en más de 1 millón de ciudadanos. En Cataluña viven entre 6 y 6,5 millones de personas, no 7,5 millones.  Era imposible abrir el candado de un Parlament blindado durante la Transición: la llave la tenía el PSC, no Ciudadanos. El voto útil deja al PP fuera de juego en Cataluña y se convierte en una verdadera trampa para elefantes.

Ciudadanos, el partido creado por La Caixa para okupar el hueco de mercado que se había ganado UPyD, no está ni ha estado nunca interesado en resolver el problema catalán. Su objetivo es restarle votos de “centro” al Partido Popular, del mismo modo que Podemos intenta robarle votos por la izquierda al PSOE. Duda, según el auditorio o la periodista que le entrevista, entre ser más socialdemócrata que Felipe o más Liberal que Tatcher.

El mayor obstáculo para que continúe la legislatura, bajo los parámetros actuales, es que el voto de Centro es desmovilizador. El CDS de Adolfo Suárez se estrelló en las urnas por no tener en cuenta ese pequeño e insignificante detalle: el votante del centro político no es militante. Si Ciudadanos consiguiera sumar entre 4 y 5 millones de votos, sería porque un PP castigado por la abstención habría bajado de los 5 millones. Se da así la extraña paradoja –calculada con precisión por los nacionalistas de La Caixa – que el mayor éxito de Cs coincide siempre con un auge histórico de los Independentistas. 5 millones de votos para Albert Rivera son 50 diputados para los nacionalistas vascos y catalanes. Dicho de otro modo: solo podría formar gobierno con el PSOE, con el permiso de ERC, siempre y cuando indultaran a los golpistas procesados.

Bajo esas premisas, el gobierno de Mariano Rajoy no puede esperar a recibir los dividendos políticos de la recuperación económica. No llegará a cobrarlos como político en activo. Ni siquiera puede permitirse apurar la legislatura sin Presupuestos hasta las Municipales. La debacle para el Partido Popular sería histórica. Es un riesgo que no debería asumir, teniendo España, a la vista, unas Elecciones Constituyentes. No se me ocurre nada peor para la Historia de España que encarar ese proceso y esos debates con un catalanista embozado como Albert Rivera como “líder” mediático del Centro Derecha.

España rancia Versus España moderna

 

Todas las encuestas  apuntan  en la misma dirección: los partidos políticos con marca nacional van a llegar muy igualados a las próximas elecciones y se van a repartir de 20 a 22 millones de votos.  De ello se deduce que será matemáticamente muy difícil articular una mayoría parlamentaria. El que mejor lo tiene es el PSOE, que pasa a estar en todas las quinielas, y el que peor, el PP, que baja de los 100 diputados. Al margen de la distribución concreta de los escaños, queda claro que el partido de Mariano Rajoy pierde el Senado y la capacidad para bloquear iniciativas legislativas disparatadas.

El marxismo tiende a reproducir sus pautas y estrategias en todos los continentes. Por ello es bastante previsible que enfoque toda su política económica contra los intereses del mundo rural y de la España interior. En los medios de comunicación, controlados y dirigidos desde Barcelona, ya se ha construido la imagen de una España vieja, rancia, corrupta y castellana que frena el desarrollo de una España joven, fresca, pujante y catalana. La España católica que vota al PP es reaccionaria y está anclada en el pasado; la España moderna es científica, progresista y mira al futuro con optimismo.

La realidad de la España de 2018 difiere mucho de la caricatura dibujada por los medios del nacionalismo catalán.  La supuesta España moderna, que mira al Mediterráneo y vive del turismo europeo,  acumula un déficit estructural que supera los 150.000 millones de euros al año, y no produce nada que permita colmar ese agujero. Gasta mucho más de lo que es capaz de ingresar, y se ha acostumbrado a un nivel de vida que no puede mantener.  Es adicta a las transferencias netas que salen de los Presupuestos Generales del Estado. Cuenta con una población activa de 5 millones de personas y una población pasiva de 15 millones. Sus trabajadores no son empresarios y científicos, sino camareros y repartidores precarios, y en su población pasiva abundan los jubilados europeos y los militantes políticos que viven a cuerpo de rey y derrochan recursos públicos.

Al igual que ocurre con las familias que padecen la tiranía de un hijo drogadicto en casa,  en la España que se nos viene encima los nacionalistas adictos y sus dealers no dudarán en saquear todo lo que puedan, con cualquier pretexto.  Pero mas allá de las amenazas y la violencia perpetrada por el yonquí catalán, el verdadero problema de fondo es que la ruina de la familia no va a proporcionarle nuevos recursos ni reducir su déficit estructural. Al contrario.  Y antes o después, el nacionalismo catalán intentará provocar su quinta guerra carlista.

 

La Puta al río (II)


Todas las encuestas  apuntan  en la misma dirección: los partidos políticos con marca nacional van a llegar muy igualados a las próximas elecciones y se van a repartir de 20 a 22 millones de votos.  De ello se deduce que será matemáticamente muy difícil articular una mayoría parlamentaria. El que mejor lo tiene es el PSOE, que pasa a estar en todas las quinielas, y el que peor, el PP, que baja de los 100 diputados. Al margen de la distribución concreta de los escaños, queda claro que el partido de Mariano Rajoy pierde el Senado y la capacidad para bloquear iniciativas legislativas disparatadas.

El marxismo tiende a reproducir sus pautas y estrategias en todos los continentes. Por ello es bastante previsible que enfoque toda su política económica contra los intereses del mundo rural y de la España interior. En los medios de comunicación, controlados y dirigidos desde Barcelona, ya se ha construido la imagen de una España vieja, rancia, corrupta y castellana que frena el desarrollo de una España joven, fresca, pujante y catalana. La España católica que vota al PP es reaccionaria y está anclada en el pasado; la España moderna es científica, progresista y mira al futuro con optimismo.

La realidad de la España de 2018 difiere mucho de la caricatura dibujada por los medios del nacionalismo catalán.  La supuesta España moderna, que mira al Mediterráneo y vive del turismo europeo,  acumula un déficit estructural que supera los 150.000 millones de euros al año, y no produce nada que permita colmar ese agujero. Gasta mucho más de lo que es capaz de ingresar, y se ha acostumbrado a un nivel de vida que no puede mantener.  Es adicta a las transferencias netas que salen de los Presupuestos Generales del Estado. Cuenta con una población activa de 5 millones de personas y una población pasiva de 15 millones. Sus trabajadores no son empresarios y científicos, sino camareros y repartidores precarios, y en su población pasiva abundan los jubilados europeos y los militantes políticos que viven a cuerpo de rey y derrochan recursos públicos.

Al igual que ocurre con las familias que padecen la tiranía de un hijo drogadicto en casa,  en la España que se nos viene encima los nacionalistas adictos y sus dealers no dudarán en saquear todo lo que puedan, con cualquier pretexto.  Pero mas allá de las amenazas y la violencia perpetrada por el yonquí catalán, el verdadero problema de fondo es que la ruina de la familia no va a proporcionarle nuevos recursos ni reducir su déficit estructural. Al contrario.  Y antes o después, el nacionalismo catalán intentará provocar su quinta guerra carlista.

¿Existe el sistema proporcional perfecto para España?


Oportunismo electoral. Desde que existe la Democracia Parlamentaria, los partidos políticos que ganan y pierden las elecciones han intentado manipular, en su beneficio, los límites de las circunscripciones y las reglas del juego.  Como ya explicamos en su día para ilustrar la paradoja de la Circunscripción Única, los matemáticos se enfrentaron al reto de de asignar los votos de la forma más neutra posible e inventaron varios sistemas.  Victor D’hondt consiguió un método sencillo y elegante, fácil de aplicar y entender, que garantizaba la proporcionalidad y favorecía la gobernabilidad con una pequeña prima al vencedor.

Partiendo del texto constitucional, que con buen criterio estable la provincia como circunscripción natural, el torticero debate que Ciudadanos y Podemos insisten en abrir en España tiene como único objetivo intentar manipular a la Opinión Pública y adulterar las reglas del juego en su propio beneficio. Leídas las propuestas formuladas para la reforma de la Ley Electoral, hay que resaltar dos cosas: son absurdas y no mejoran la situación ni la proporcionalidad. El objetivo es premiar el voto urbano en detrimento del mundo rural, pero hay que recordarle a los patrocinadores de Ciudadanos que el 21-D los independentistas ganaron y blindaron su mayoría absoluta, contra todo pronóstico, en la muy urbana y cosmopolita Barcelona.

La muy tramposa intención de los marxistas de Podemos y de los catalanes de Ciudadanos es premiar el voto proclive en las grandes ciudades y restarle al PP y al PSOE la pequeña prima por ganar en la mayoría de los territorios.  Hasta ahora, socialistas y conservadores se repartían esos 150 votos “estructurales” en toda España porque eran los dos únicos partidos con representación nacional homogénea. En un escenario como el actual, con 4 fuerzas políticas igualadas, ese voto se distribuye de forma natural y proporcional sin necesidad de retocar la Ley Electoral.

La pregunta pertinente que no formulan los políticos ventajistas es si sería posible establecer un sistema electoral proporcional puro que, además de respetar la Constitución, favorezca la gobernabilidad y mejore la calidad democrática de las instituciones. Los amables lectores que nos siguieron durante años en los Foros del Día de la verdadera Invertia.com conocen la respuesta. Existe un sistema sencillo, democrático y que regula de un modo automático las perversidades de la partitocracia.

Con la ley en la mano, el sistema proporcional puro que garantiza la gobernabilidad pasa por dividir el censo electoral por el número de diputados del Congreso y establecer un número fijo de votos.  En las últimas elecciones generales, fueron 35 millones los ciudadanos convocados a las urnas en el territorio nacional y 350 los representantes elegidos en el Congreso.  Eso no da una relación de 100.000 votos por cada diputado.  Para elegir a un diputado, se necesitarían 100.000 votos, sumando los restos de cada provincia en una circunscripción única autonómica.  De ese modo, todos los votos emitidos a favor de Izquierda Unida en Castilla La Mancha sumarían  y no se perderían los votos a Ciudadanos en Lérida o Gerona.  La abstención activa, tan democrática o más que el propio voto a los partidos en liza, también estaría representada y favorecería el buen funcionamiento de las instituciones al propiciar los acuerdos entre partidos.

Con el veredicto de las urnas en Junio de 2016, el resultado de los distintos partidos sería el siguiente.  Bildu, con 184.000 votos, conseguiría 1 diputado en lugar de 2.  El PNV, con 286.000 votos, 2 diputados en lugar de 5.  Los independentistas catalanes, con 1,1 millón de votos conseguirían 6 diputados en lugar de 17.  En conjunto, los nacionalistas locales, con 1,6 millones de votos, obtendrían 9 diputados en lugar de 24.  Para los grandes partidos,  el Partido Popular, con 7,9 millones de votos, sumaría 72 diputados en lugar de los 137 actuales. Le seguiría el PSOE, con 5,4 millones de votos  y 47 diputados, en lugar de 85 diputados.  IU/Podemos se quedaría con 41 diputados (71) con sus 5 millones de votos, y Ciudadanos lograría 24 escaños con sus 3 millones de votos, en lugar de los 32 actuales.  En total, habría 193 diputados sentados en el Congreso y 157 sillones blancos.  La mayoría simple para gobernar quedaría fijada en 97 votos. 

  Sistema D’hondt Sistema Lague Sistema Belge
Cita electoral PP/PSOE/IU/CS PP/PSOE/IU/CS PP/PSOE/IU/CS
Elecciones 2016 137/85/71/32 122/84/77/42 72/47/41/24
Elecciones 2015 123/90/69/40 109//89/71/48 61/45/39/28
Elecciones 2011 186/110/11/5 159/107/23/13 98/61/13/9
Elecciones 2008 154/169/2/0 150/156/12/2 93/97/7/0
Elecciones 2004 148/164/5/0
Elecciones 2000 183/125/8/0 92/70/10/0

La conclusión evidente es que los partidos se tendrían que esforzar mucho por mejorar la vida democrática por puro instinto de supervivencia y para poder alcanzar acuerdos de mínimo que beneficien al conjunto de los ciudadanos, y no solo a sus militantes. El beneficio democrático de un sistema como este, que propusimos hace años para regenerar la vida política (y que llamaremos Sistema Belge), supera con creces cualquier otro modelo. Garantiza el voto proporcional puro y favorece la gobernabilidad. Elimina de un plumazo el chantaje de los nacionalistas.

© Belge

La justicia belga y danesa convierten en ilegítima la Deuda española


La fuga de Puigdemont a Bélgica y Dinamarca, en busca de amparo jurídico, político y religioso, ha desencadenado una serie de consecuencias lógicas imprevistas e invisibles por ahora. El golpista catalán, huido de la Justicia en España, buscaba seguir los pasos de Ruiz Mateos en Alemania, pero Berlín era muy consciente del peligro y buscó a un cómodo testaferro entre sus serviles aliados. El Proyecto Europeo ha caminado, desde su origen en 1953, por senderos y veredas sembrados de excepciones a las reglas, y Merkel calculó que le gobierno español no haría un casus belli de la afrenta de la justicia belga.  El juez Pablo Llarena, instructor del Tribunal Supremo, hizo una lectura correcta de la lógica jurídica desplegada y retiró con buen criterio la orden de detención internacional.  Ahora ha evitado caer en la trampa de volverla a cursar.

Una de las funciones esenciales de la Justicia es amparar al acreedor de un derecho frente al deudor. Se suele decir de un reo que está en deuda con la justicia, y no es una metáfora accidental.  Si un juez se pone de parte del DEUDOR por razones de conveniencia ideológica o religiosa, no puede existir JUSTICIA.  Una sentencia no puede subastarse al mejor postor sin quebrar la propia institución.  La Ley del más fuerte no crea jurisprudencia: consagra la ausencia del derecho.

La Justicia y el Gobierno belga han amparado a un DEUDOR de la Justicia española, y han creado una excepción táctica en la UE con el consentimiento de la canciller alemana Ángela Merkel.  La proximidad de la cita electoral del 21-D y la posibilidad real de que el pueblo catalán recobrara la cordura democrática incitaban a la prudencia y a esquivar un grave conflicto diplomático. Pero el desenlace de la cita electoral ha venido a certificar que se trataba de la ensoñación política de una noche otoñal.  Tras la victoria de los independentistas en Barcelona y en el resto de provincias catalanas, no existe ningún motivo para evitar que un conflicto diplomático devenga un casus belli.

El amparo que Dinamarca acaba de brindar al DEUDOR catalán de la Justicia convierte la excepción belga en regla universal. Los fugados de la Justicia española no deben responder de sus crímenes y DEUDAS en la Unión Europea, siempre y cuando estén amparados por Alemania y sus socios. Es una justicia al mejor postor. Esto es: ausencia de derecho.

La principal consecuencia imprevista, e invisible por ahora, afecta de lleno a la DEUDA PÚBLICA en euros del Reino de España.  Hasta la fecha, podía argumentarse que se trataba de una DEUDA LEGÍTIMA, aunque moral y jurídicamente cuestionable, que los españoles asumían por su participación voluntaria en y de las instituciones europeas de la Unión.  En lo más duro de la crisis financiera provocada por terceros, se llegó a debatir si tal DEUDA podía ser definida como ODIOSA y si procedía pactar con los acreedores algún tipo de Quita.

La irresponsable actuación de Bélgica, Dinamarca y Alemania da un vuelco de 180 grados a la situación de la DEUDA PÚBLICA española y quiebra la legitimidad del sistema de compensación TARGET 2 para seguir mutualizando, a través de los bancos centrales, las deudas comerciales entre particulares en Europa.  Si un ciudadano de Ávila, Palencia, Toledo, Badajoz o Sevilla no va a verse amparado  en  la UE como ACREEDOR de derechos económicos y financieros frente a ciudadanos belgas, daneses, suecos o alemanes,  es completamente absurdo que acepte avalar y respaldar la DEUDA contraída por un político catalán o un empresario vasco con una naviera danesa, una empresa alemana o un banco belga.

El grueso de la Deuda Pública del Reino de España acumulada desde 2002 se debe a operaciones comerciales realizadas entre particulares catalanes y empresarios alemanes y daneses.  A tenor del espectáculo que están protagonizando Bélgica y Dinamarca, haya razones de peso para sospechar que pudo existir premeditación y engaño en la consolidación de dichas deudas.  En la práctica, eso significa que la DEUDA contraída y endosada a los españoles de manera fraudulenta por corrupto el sistema financiero catalán debe ser considerada ILEGITIMA y ODIOSA.  Políticos catalanes y empresarios alemanes y daneses urdieron un método para estafar a los ciudadanos y endosar deudas ilegítimas a los contribuyentes españoles.

Con el sistema Target2, si los amantes de Puigdemont, Mas y Pujol se compran un Mercedes de alta gama, y mandan al chófer a gastar neumáticos para cobrar las dietas por desplazamiento,  esas deudas con empresas y bancos alemanes se mutualizan. Cuando los amantes despechados dejan de pagar las letras del coche, o las cajas de ahorros malversan los depósitos de sus clientes, esas deudas comerciales pasan a ser respaldadas por todos los contribuyentes españoles. La pregunta pertinente es: ¿porqué un ciudadano de Palencia, que no debe nada a nadie, debe asumir el pago de los favores sexuales a Pujol y Puigdemont y enriquecer a los concesionarios de coches alemanes y a sus financieras, garantizando sus préstamos?

El argumento del Quid Pro Quo, que sustenta el Target2 en teoría, se ha venido abajo con la actuación de Bélgica y Dinamarca. Nuestro ciudadano ejempla de Palencia debe compadecerse de la suerte del acreedor belga o danés en sus tratos con las putas y los chaperos del catalanismo, pero no puede reclamar el cobro de sus DEUDAS en aquellos tribunales. Es una relación asimétrica que rompe de golpe la legitimidad de la DEUDA ACUMULADA.  Lo más urgente, ahora,  es acometer una minuciosa auditoría de la Deuda Pública para conocer el origen y destino de cada euro desde 2002.  Peligra de nuevo el sistema financiero en España.

 

© Belge