Entre 1982 y 2022, han dejado de nacer 9 millones de españoles y han llegado a España 11 millones de inmigrantes. La promoción del aborto y la política de desnatalidad del PSOE no solo han derrumbado la natalidad sino que han provocado un notable envejecimiento de la sociedad. El supuesto “derecho” al aborto, vendido como ejercicio de libertad, ha retrasado en 6,22 años la edad para tener el primer hijo, de los casi 25 años en 1982 a los 31 años y 3 meses en 2021. El porcentaje de madres primerizas mayores de 40 años no para de crecer.

Una gruesa capa de maquillaje retórico ha servido para disfrazar que la apuesta del PSOE es, en esencia, nihilista y puritana. Con la excusa de “liberar” a la mujer de su derecho a elegir libremente ser madre, marxistas y “liberales” de toda condición han buscado intervenir el último reducto de soberanía y privacidad individual. Y lo han conseguido. Hasta los jueces del Tribunal Constitucional se han puesto de perfil, decididos a posponer sine die cualquier decisión jurídica que comprometa su venturosa existencia. Consagran, de facto, la imposición del aborto mediante un sistema de decisiones forzadas. A los 18 años, una mujer tiene que elegir si quiere ser “jóven” o ser madre, si quiere estudiar o tener hijos, si quiere ganar trabajar y ganar dinero o tener una familia, si quiere tener una buena casa o vivir de alquiler, si se compra un deportivo o un cochecito…En definitiva: si quieres disfrutar de todo lo que le brinda la sociedad o asume una pesada hipoteca que la condenará a vivir con bastantes estrecheces.

Lo que diferencia la retórica de la ciencia es que los hechos son tozudos y la lógica es insobornable. Cualquier falacia argumental busca siempre siempre sumar adhesiones, con giros lingüísticos y guiños emocionales. La ciencia, bien entendida, trata de explicar los hechos, no de convencer. Aunque el aborto es un “hecho social” complejo de analizar y la herramienta estadística difícil de manejar, el método es idéntico. Cualquier modelo propuesto debe partir de una premisa sencilla y ser descriptivo.

Para la sociedad española, el coste de no haber fomentado la natalidad, como han hecho otros países de la CEE, es el resultado de multiplicar el número de niños españoles que no han nacido durante 40 años por el SMI. Son datos objetivos y conocidos. A valor actual constante, el importe global neto, tras impuestos rondaría el billón de euros, a razón de 25.000 millones al año. Por lo tanto, para analizar la diferencia entre políticas natalistas y antinatalistas en España, y comparar magnitudes, hay que partir de esa cifra u otra similar.

El coste objetivo de sostener la inmigración legal e ilegal con ayudas directas supera, en lo que va de siglo, los 15.000 millones de euros al año. Y el déficit fiscal imputable a los inmigrantes es, como mínimo, el mismo que se puede atribuir al resto de la ciudadanía: de 5 a 10.000 euros, dependiendo de lo que tribute. De entrada queda claro que sostener la natalidad cuesta lo mismo o menos que fomentar la inmigración ilegal.

Si la desnatalidad no es de índole económica ni individual, es evidente que es de naturaleza religiosa o ideológica. Las mujeres se ven condicionadas en su elección, sin ser necesariamente conscientes de ello. El experimento sería tan sencillo como abonar 1000 euros al mes por cada hijo para comprobar que ser madre de familia numerosa se pone rápidamente de moda. ¿Qué mujer en su sano juicio iba a preferir ser cajera en Mercadona por 21.000 euros antes que madre de 3 hijos por 36.000 euros al año? Por cada arquitecta, ingeniera o abogada que eligiera su carrera profesional, surgirían centenares de madres “vocacionales”.

Si el beneficio económico y social de fomentar la natalidad en un país superan con creces el de propiciar la inmigración ilegal, es obvio que las políticas de desnatalidad favorecen a terceros y obedecen a objetivos estratégicos poco transparentes. Una nación envejecida es una nación decadente y débil, fácil de derrotar. El 1 de enero de 2025, la mitad del censo electoral en España tendrá raíces foráneas. Procederán de otras culturas políticas y religiosas, y tendrán otras prioridades. De la mano de la izquierda marxista y puritana, España está dejando de ser una nación matriarcal para asumir todos los tics e instituciones feudales de esas sociedades patriarcales en las que ser mujer es una condena.

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La Pandemia ha sacado a flote todos los males de la patria. Se ha caído el decorado de cartón piedra y quedan cuatro gilipollas gesticulando delante de la cámara. Pura disidencia controlada. España es un polígono industrial lleno de carteles en las ventanas. Las aseguradoras, siempre tan previsoras, ya presagian la estatua al bombero voluntario. A cada familia le toca apoquinar 6.000 euros por inflación tras haberle impuesto Alemania 20 años de deflación china.

El que se ríe en su tumba, es Charles De Gaulle. El tiempo le ha dado la razón. Europa debía priorizar con celo su independencia energética y agroalimentaria. Recelaba de sus aliados anglosajones: La Unión Política con la que soñaba llegaba hasta Moscú para no ser rehén de los protestantes. ¿Qué diría hoy al ver que la UE germana ha provocado el empobrecimiento y quiebra de todos los países del sur y que el “amigo” americano le ha montado a Rusia una guerra en sus fronteras?

El ejercicio del poder es deprimente y frustrante. El verdadero sentido del Mito de Casandra es que el conocimiento y la credibilidad están condenados a fracasar frente a la lógica del imperio político. Los más listos, como siempre, los británicos, que van a lo suyo. ¿Dónde ha quedado relegada esa nación imperial que no se dejaba arrastrar en la primera y segunda guerra mundial? La España de hoy hace lo que le ordena EEUU. Leo las incontables chorradas sobre no sé qué teléfono móvil robado, que contenía el secreto de la Coca Cola, y me doy cuenta de que la mayoría de nuestros contemporáneos aún no ha metabolizado el Golpe de Estado del 1-0 y su réplica institucional del 1-J. Sigue sin entender qué estaba en juego ese día. Es mucho esperar de ella que vea el cartón de la cosa, lo fácil y barato que resulta cambiar un gobierno (11M), montar un golpe de estado (1-0) o provocar una guerra entre vecinos.

Al pusilánime y oportunista Feijoo, que es llano y no agudo aunque pretenda que le acentúen el apellido, como fustiga el genial De Prada, le está pasando lo mismo que le ocurrió a Pedro Sánchez: en su ansia por llegar a La Moncloa, tropieza con todos los marrones. Se ha convertido en ese político torpe e inoportuno que lleva 35 años de perfil a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, esperando cobrar otros 20 como pensionista de primera. Amaga con citar al toro desde las taquillas. Es pronto para que reclame una Comisión Parlamentaria: de momento se conforma con pedir al gobierno de Tebboune que no castigue a los españoles: “No todas/todes somos igualas/igualos”.

A estas alturas del culebrón patrio, no es malicia pensar que su pretoriana guardia de asesores y consejeros especiales le habrá informado de que España forma parte de la OTAN y de la UE como socio florero. Ni voz ni voto, salvo que por desventura el conflicto de interés nos afecte de lleno. Si los argentinos se quedan con YPF por la cara y los golpistas catalanes nos saludan desde Bruselas con gran alboroto, ahí se nos ponen equidistantes y nos pasan la mano por la espalda con sentido afecto. En lo que va de siglo, el interés nacional se ha visto comprometido en Gibraltar, en Ceuta y Melilla, en el Sahara y, ahora, en Argelia, pero es en Ucrania donde nos impelen a actuar como miembro entusiasta del club.

(c) Belge