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Periodista especializado en Economía

El sobrevenido conflicto de la estiba


Por su interés, pasamos a reproducir la carta que remite, vía Facebook, HABLEMOS CLARO…y que da algunas pistas para poder el pulso que las grandes empresas danesas y holandesas que ejercen el monopolio del Flete Internacional  le han echado a España.  Bruselas, tan preocupada por el trabajo eficaz de un pequeño colectivo, no dice ni mu de ese monopolio por parte de un país (Dinamarca) que aplica la Ley del Embudo con las directrices de la UE.

Queridos españoles,

Antes de nada me gustaría informaros que no soy estibador. Es más, soy un joven universitario en paro que se encuentra agotado de esta situación precaria a la que nos han empujado nuestros “maravillosos” e “implicados” políticos.

El motivo de esta carta es explicaros brevemente qué es lo que está pasando con la profesión de la estiba y qué es lo que se pretende hacer con ella. Explicado desde la objetividad y sin medias tintas, es decir, sin dar la información a medias para enfrentarnos unos a otros y buscar el aplauso fácil a través de una demagogia barata y porqué no decirlo, inhumana.

Primeramente, sería conveniente saber porqué nos enfrentamos a una sanción económica de 21.000.000 € (a razón de 27.000€ al día, pudiendo ascender a 134.000€ al día). La sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue comunicada a España en diciembre de 2014. En ese momento, el Partido Popular (el mismo que tanta prisa tiene a día de hoy) era el que nos gobernaba con mayoría absoluta, es decir, no necesitaba el apoyo del Parlamento español para aprobar un Real Decreto Ley que se ajustase a tal sentencia y evitar así la sanción económica a la que todos los españoles tenemos que hacer frente.

Ahora os preguntaréis, ¿y porqué no elaboró y aprobó ese Real Decreto Ley en ese momento, evitando así tanto esta sanción como la más que posible problemática y repercusión de la huelga? La respuesta es sencilla: próximamente había elecciones. Creo que sobra decir que miraron sus propios intereses y no aquellos a los que sirven: España.

Lo curioso de todo esto es que la sanción no sería tan elevada si desde el Parlamento no hubiesen jugado con nosotros durante un año tras las primeras elecciones, ¿o es que ya no recordáis que hemos estado un año sin Gobierno? ¿que hemos tenido dos elecciones con el gasto que eso le supone al país? Claro, de ese gasto no se habla.

Una vez dejado claro el motivo y la cuantía de la sanción (ya que desde muchos sectores de la prensa se ha dejado entrever que esa sanción es culpa de los estibadores), pasemos a ver qué es lo que se pretende hacer con este oficio aunque antes me gustaría explicaros de dónde vienen esos sueldos tan suculentos que nos han metido entre ceja y ceja los medios de comunicación y que tanta envidia nos genera.

Para empezar, esos sueldos no los pagamos ni tú, ni tu vecino, ni yo. Lo pagan las empresas privadas contratantes del servicio, por tanto, que no nos duela lo que cobran ellos sino que nos duela lo que cobran los políticos durante toda su vida, como nuestro amigo de la Serna, ya que eso si lo pagamos tú, tu vecino y yo. Además, antes de acabar con el tema del salario me gustaría que no os olvidéis que los estibadores cobran por producción, que su sueldo base no es de 60.000€, que si llegan a esa cantidad es porque se lo han ganado doblando turnos y produciendo más de lo que dicta su convenio. Sería curioso ver cuánto cobrarían los ministros si su sueldo se basase en la producción, imagino que a más de alguno ya lo habrían desalojado de sus casas por impagos a sus amigos de la banca.

Aclarado ya el tema económico, os explicaré de una manera muy breve lo que se pretende hacer con la profesión de estibador. La sentencia que recibimos desde la Unión Europea (sentencia que todos asumimos que hay que acatar) pretende la liberación del sector, es decir, que un estibador de un Estado miembro pueda trabajar libremente en nuestro país y que a su vez cualquier español cualificado en la labor de la estiba pueda libremente acceder a esta profesión. Hasta aquí todo perfecto. Ahora viene la trampa. Lo que se pretende hacer con este Real Decreto Ley es echar a lo largo de tres años (contratados el 75% el primer año, el 50% el segundo y el 25% el tercero) de sus puestos de trabajo a más de 6000 estibadores que trabajan en nuestros puertos, estibadores que han hecho de los puertos de España unos de los más potente no sólo de Europa sino del mundo, para que al final de este periodo de transición los sueldos se abaraten, los amiguismos entren en juego, el poder no lo tenga el trabajador y sobretodo para enriquecer aún más al rico.

La lucha de los estibadores es nuestra lucha, es la lucha de todos. Ya han destrozado la educación y la sanidad, han jugado con las pensiones, con las hipotecas, con el IVA, con el impuesto de sucesión, etc. Los estibadores son un ejemplo de unión y fuerza, que no quieren doblegarse con el poder. Si esta “revolución” la hubieran hecho los maestros y maestras, a día de hoy seguro que las aulas no estaban abarrotadas y gran parte de ellos no trabajarían doblando camisetas o reponiendo en supermercados. Si esta “revolución” la hubieran hecho las enfermeras y enfermeros, los médicos, los celadores, etc., a día de hoy seguro que los hospitales funcionarían mejor y no se tendrían que ir a Londres, Milán, Berlín… a que los miren y traten como inmigrantes de segunda fila. Si esta “revolución” la hubiésemos hecho todos los españoles cada vez que ha sido preciso, a día de hoy seguro que no viviríamos como vivimos.

Por todo ello, mi más sincero apoyo a nuestros estibadores/as y por supuesto a Antolín Goya (secretario general de la Coordinadora de Estibadores Portuario), que no puedan contigo, estás luchando por lo que os pertenece, que no utilicen un vídeo de una asamblea para echarte el pueblo encima y si queréis “reventarlo” todo, estáis en vuestro derecho ya que ese todo lo han levantado vuestros abuelos, vuestros padres, vuestros hermanos… así que, o de vosotros o de nadie.

Gracias por quitarnos las telarañas a nuestra capacidad de sublevación.

Atentamente, un ciudadano más.”

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Magnitudes fundamentales de la Cuestión Inmobiliaria (4)


4.Comparaciones útiles

 

El debate inmobiliario que se articula a partir de 2001 se basa en la utilización profusa de datos sacados de su contexto y perspectiva natural. Por esa razón, resulta útil comparar distintas magnitudes en su dimensión diacrónica. Así, por ejemplo, en Madrid y Barcelona se construyen casi el doble de viviendas (4 millones) que en el conjunto de la España Interior (Castilla León, Castilla La Mancha, Extremadura, Norte de Andalucía y Aragón), pero la mitad que en las Costas y en las Islas.  Y este fenómeno, que se acentúa a partir de 2001, desvirtúa cualquier planteamiento  teórico. ¿Puede hablarse de “burbuja inmobiliaria” en Barcelona y en muchas playas cuando los datos estadísticos evidencian que se han quedado literalmente sin terreno edificable? ¿Puede hablarse de “viviendas vacías” o “desocupadas” cuando en realidad existe un enorme déficit entre la oferta disponible y la demanda?

La tasa de amortización que aplica Hacienda a los bienes inmuebles es de 1/75, pero aunque fueran a durar 100 años, el problema que se plantea en las regiones castellanas, extremeñas y aragonesas es el mismo. El parque existente en 1950, y que había sobrevivido al caos de la guerra civil, era viejo y sus infraestructuras ya eran obsoletas. Lo que se ha construido desde 1952 es lo único que existe en el año 2001. Son 2 millones de viviendas, en 50 años, para un territorio de casi 300.000 km2 (60%) y una población originaria de 12 millones de personas. El déficit salta a la vista.

Entre 1952 y 2001, el conjunto de viviendas nuevas que se edifica asciende a 14 millones. Son 1500 millones de m2 residenciales que se distribuyen, principalmente, entre Madrid, Barcelona, Valencia y las playas de todo el litoral mediterráneo.  El 75% de todo lo que se construye en España entre 1952 y 2001, se concentra en un territorio no superior a los 5.000 km2.  Es un coeficiente de 0,30 que indica con precisión el monto de las recalificaciones de terrenos rústicos.  En 2001, antes de la introducción del Euro, el valor actualizado del beneficio de las recalificaciones ya supera los 100 billones de pesetas.

Cuando se habla del concepto de “burbuja”, a partir del año 2001, hay que tener presente que no queda suelo en las áreas mencionadas. El precio de un apartamento en Benidorm, en 2010, ronda los 3.000 euros por m2 útil, de los que solo la cuarta parte son los costes de producción. No es posible plantear dar marcha atrás al reloj y anular los beneficios consolidados. La práctica habitual de repartir el beneficio de la recalificación entre el propietario del terreno, el político y el arquitecto, determina el valor de la vivienda.

 

La comparación de esas magnitudes es fundamental para entender la falacia argumental de quienes se han beneficiado de la especulación inmobiliaria desde 1952 y pretenden que los propietarios finales resuelvan los desequilibrios del mercado inmobiliario. A los padres les dio por desplazar a toda la población española a Barcelona, para venderles suelo recalificado,  y a los hijos del nacionalismo les gusta quejarse de que no queda suelo ni hay suficiente viviendas disponibles.  Los padres inventaron el Derecho de Residencia, para cobrarle un peaje a los españoles que habían  expulsados de sus tierras, y los hijos se quejan de que no pueden pagarlo.

(C) Belge

Magnitudes fundamentales de la Cuestión Inmobiliaria (3)


3. Recaudación y fraude fiscal

La falta de datos solventes sobre la distribución territorial de los ingresos fiscales entre 1951 y 1981, me obligan a hacer un ejercicio de humildad. Aunque tenga la firme intuición que la tributación efectiva era mínima en todo el Arco Mediterráneo, resulta muy arriesgado intentar razonar sobre una base tan endeble. El hecho que se pueda verificar un déficit tributario creciente, e incluso galopante, en los últimos 25 años no implica necesariamente que ocurriera lo mismo en las 4 décadas anteriores.  Bien es cierto que el Régimen franquista modificó varias veces las leyes tributarias al constatar el ingente fraude. Por la retórica argumental de defensores y detractores, por ejemplo, de la Ley de Reforma Tributaria del 26 de diciembre de 1957, sabemos de la ineficiencia del modelo recaudatorio en determinadas regiones, especialmente en materia inmobiliaria.

Ya entrados en el siglo XXI, con el Euro como moneda de curso legal, si tenemos acceso a la distribución territorial de todos los tributos recaudados. Aunque el grueso de la Prensa está sometido a las directrices y consignas de los lobbies nacionalistas, lo cierto es que existe un considerable déficit estructural, amén de un evidente fraude fiscal consentido que los expertos de la Agencia Tributaria cifran en 60.000 millones de euros.  La presencia  silenciosa de mafias de todos los países, invitadas al generoso festín, evidencia que el problema de la economía sumergida y del fraude fiscal organizado está siendo infravalorado, a pesar de ser tan acuciante o más hoy que hace 60 años.

Un sencillo método sería intentar calcular la carga de trabajo acumulada de los distintos sectores de actividad, y cuya estadística trasciende el ámbito nacional. Para muestra, un botón. Eurostat elabora periódicamente estudios y encuestas para conocer cuántos días viajan de vacaciones los europeos y cuánto dinero se gastan.  Son datos que refrenda el sentido común, que avala la lógica y confirma de un modo empírico la propia contabilidad de las familias.  Así, si las 12 provincias del Arco Mediterráneo reciben cada año al 65% de los 100 millones de turistas foráneos y nacionales, durante un periodo  medio de 10 días, los ingresos que obtienen se sitúan en un rango de entre 130.000 y 200.000 millones de euros,  en lugar de los 30.000 millones escasos que han venido declarando desde hace más de 20 años.

 

No se puede entrar a analizar un concepto tan escurridizo como el de Burbuja Inmobiliaria sin valorar antes la magnitud del fraude fiscal acumulado en determinadas regiones durante 6 décadas. Podemos estimar que su déficit fiscal crónico se sitúa, en estos momentos, en una  horquilla que va del 10 al 15% del PIB, en función del nivel de crecimiento y actividad, pero ¿ha sido siempre así?  Si a los 4 millones de empleos vitalicios del Sector de la Construcción, sumamos 3 millones de empleos en el Sector turístico, solo en esos dos sectores la carga de trabajo anual supera los 10.000 millones de horas productivas.

(sigue)

Magnitudes fundamentales de la Cuestión Inmobiliaria (2)


2. La carga de trabajo

En la segunda mitad del siglo XX, se edificaron en España cerca de 15 millones de viviendas unifamiliares, con una superficie media de 110 metros construidos. Si exceptuamos Madrid, por razones obvias, el 65% de las obras se presupuestan en el litoral mediterráneo.  En términos absolutos, ese volumen de viviendas que se proyectaron en 12 provincias y la correspondiente dotación de infraestructuras garantizaron al sector constructor una carga de trabajo de 200.000 millones de horas productivas. Esto son 4 millones de empleos y 4 millones de pensiones contributivas plenas entre 1951 y 2017. Es un dato realmente asombroso, por cuanto representa el 40% de la población activa de esas regiones.

De ese modo, observamos que mientras la Ley de 1952 arruina la Renta Agraria de la España Interior o Rural, las provincias del arco mediterráneo heredan 4 millones de empleos vitalicios y una transferencia de capital, vía recalificación de terrenos rústicos, de 10 billones de pesetas equivalentes al salario mensual neto de 1 millón de trabajadores durante 10 años.  A estos beneficios, hay que sumar que reciben los recursos  energéticos y suministros alimentarios muy por debajo de sus costes de producción, lo que sin ninguna duda constituye una generosa subvención indirecta para sus habitantes y empresas.

Estas magnitudes permiten visualizar la naturaleza de un problema inevitable, el día en que dichas subvenciones y transferencias de capital dejaron de ser sostenibles. Una vez edificados todos los terrenos rústicos de la franja litoral, construidas casi 15 millones de viviendas,  y subvencionadas la energía y la alimentación hasta provocar la quiebra de los productores, no es posible seguir manteniendo el impulso, aunque los empresarios y políticos locales patrocinen el chantaje nacionalista. Ni siquiera sirve consentir un fraude fiscal masivo de la Industria turística, y subvencionar los costes fijos del sector pastoreando, con dinero público, a los jubilados y pensionistas del resto de España y de Europa.

La consecuencia más previsible de la disparatada política económica diseñada al alimón por el régimen franquista y el nacionalismo catalán es que las poblaciones locales, cebadas con dinero público durante 60 años, se echarán en brazos de alemanes y británicos, y acabaran facilitando muy pronto la colonización política y militar de esas regiones por Alemania y el Reino Unido. Los fenómenos políticos más recientes en España apuntan ya en esa dirección.

(sigue)

(c) Belge. 14/02/2017