Mientras el Tribunal Supremo decide como salir del atolladero jurídico en el que se ha metido el solo, el debate político se ha abierto paso en la calle, en medio de la confusión y el desconocimiento de los hechos.

Por  “sujeto pasivo” el legislador se refiere  a la persona física o jurídica  a la que la ley obliga a cumplir una serie de obligaciones tributarias, ya sea como responsable último del impuesto o como contribuyente. Es deudor frente  a Hacienda, según la ley, por haber provocado el hecho económico.

En el caso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que pagan los clientes al formalizar una hipoteca que han solicitado a su entidad financiera, la ley vigente y la jurisprudencia han venido considerando que el Sujeto Pasivo que se beneficia del hecho económico es el cliente que solicita la hipoteca.  Puro sentido común.

Con la crisis subprime, todas las consecuencias perversas de la creación de la Unión Monetaria han salido a flote y  originado una serie de desequilibrios financieros y jurídicos en cadena. Este último episodio puede provocar la quiebra de todos los bancos y dejar sin ahorros a muchos españoles.

En los últimos 30 años, se han firmado y registrado en España más de 10 millones de hipotecas. Sumados y actualizados los impuestos, con sus correspondientes intereses de demora, la broma asciende a 30.000 millones de euros constantes.

Para determinar a quién corresponde el beneficio del hecho económico, hay que bajar a lo empírico y analizar diferentes casos que se han dado en el mercado español desde el estallido de la crisis subprime y el fuerte incremento de la Prima de Riesgo.

El Caso más sonado, y emblemático, es el que provocó que el Tribunal de Estrasburgo emitiera una sentencia contra las Cláusulas Suelo. Es de suponer, por lo tanto, que dicho enfoque no era especialmente favorable al sistema bancario español.

El resumen  del caso es el siguiente.  Un inmigrante marroquí, que llegó de forma irregular a España, consigue un abultado préstamo de CatalunyaCaixa, la entidad que dirige un político socialista, para comprar una VPO.  Los números de este soldador ocasional son espectaculares:  gana 1300 euros, tiene 3 hijos y está separado.  Firma una hipoteca de 240.000 euros que supone, en el mejor de los casos,  una cuota mínima mensual de 1.000 euros al mes. No paga, y la entidad tarda varios años en ejecutar la hipoteca.

En todos los años que duran el embargo y ejecución del desahucio, al amparo de la póliza hipotecaria que ambos han firmado y por la que Hacienda ha cobrado algo más de 3.000 euros, el sujeto marroquí bien habría podido subarrendar las 4 habitaciones de su VPO a compatriotas suyos,  con un beneficio bruto aproximado de 50.000 euros.

Durante esos mismos años, y la posterior enajenación del piso, esa Caja de ahorros catalanista dirigida por un político socialista tuvo que financiar dicho dinero prestado al 5% mínimo y correr con todos los gastos de gestión y las costas en los distintos tribunales. Suponiendo una pérdida de valor del bien del 30%,  el coste para la entidad no es menor a los 180.000 euros.

La pregunta  no es si un juez determinado puede considerar que el sujeto pasivo que se ha beneficiado del hecho económico sea Catalunya Banc y no el ciudadano marroquí que diversas asociaciones de activistas usaron como ariete contra la Ley Hipotecaria.  Es bastante circunstancial. La pregunta pertinente es si hay base suficiente para revisar la jurisprudencia existente y obligar a modificar la legislación.

El 90% de las hipotecas que formalizaron las cajas de ahorro a partir de febrero de 2007 fueron concedidas a clientes de dudosa solvencia económica. En Madrid, Valencia y Cataluña, la realidad del mercado hipotecario rozaba el esperpento con casos tan sonados como el de los avales cruzados. Miles de hipotecas fueron concedidas sin el menor rigor  a militantes políticos sin oficio ni beneficio.

El beneficio de la Ley Hipotecaria, de la Cláusula Suelo y del sistema de garantías es empíricamente notable.  Se han concedido en España más créditos, más baratos y con menor morosidad que en el resto del mundo. La tasa de desahucios en nuestro país es 10 veces inferior a la de EEUU.

En un sistema financiero y político como el que conocemos desde hace 10 años, los números son fáciles de hacer.  En conjunto, los bancos se han endeudado al 5% fuera de España para poder prestar a poco mas del 1% dentro de España.  La broma les ha costado, de media, 5.000 euros por hipoteca y año. En conjunto, 100.000 millones de euros.

Al atentar contra la Ley Hipotecaria y el Mercado Inmobiliario, lo que consiguen los partidos marxistas y catalanistas es que los pobres, primero, y la clase media, después, dejen de tener acceso al crédito financiero. Están a sueldo del Bundesbank, y como tal ya han conseguido varias quiebras sonadas y acelerar el movimiento de fusiones y concentraciones bancarias en el sistema financiero español.  Si comparamos lo poco que pagábamos en 2007 y las abultadas y escandalosas comisiones que pagamos ahora, acertamos a entender por donde van los tiros.