Guerra civil en la Juridicatura. Al filo del mediodía del pasado viernes, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, avocaba al Pleno de la Sala para decidir “si el giro jurisprudencial” de la sentencia dictada dos días antes por el magistrado ponente Jesús Cudero “debe ser o no confirmada”. Comunicaba a los medios, que no había sido informado de la polémica revisión relativa a la vigencia del artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado en 1995 y refrendado el pasado 28 de febrero por el propio Tribunal Supremo. Los periodistas y medios que apoyan a los Golpistas se han lanzado en tromba a intentar manipular a la Opinión Pública. Pretenden condicionar el debate con argumentos envenenados y planteamientos torticeros que no se corresponden a los hechos. En su afán por apelar a los bajos instintos y al reflejo más sectario de los ciudadanos, como correa de transmisión de la estrategia de Podemos, no valoraron que la alarma económica y social provocada por la delirante sentencia podía volverse como un boomerang. Con inusitada rapidez, los bancos jugaron la carta del agravio comparativo, a cuenta de la retroactividad de la decisión, dirigiendo las reclamaciones de 11 millones de hipotecados contra Hacienda. La revisión de la jurisprudencia, y relectura partidista del artículo 68.2 para favorecer la estrategia política de Podemos y del PSOE, se basa en una falsificación notable de los hechos económicos y financieros que han ocurridos en España desde el año 95. Por aclarar y fijar los hechos, es necesario establecer su cronología. Ahí va nuestra pequeña y humilde contribución al debate.
En primer lugar, es una aberración entrar a valorar si tienen más interés los bancos y cajas en prestar dinero a sus clientes, o si lo tienen los hipotecados en tomarlo prestado. Es una falacia argumental que se demuestra – per se – por el hecho innegable que muchos clientes nuevos aparecen en la Entidad Financiera a raíz de solicitar el crédito. Ningún banco llama a la puerta de Pascual o Mengano para ofrecerles dinero, es Fulano el que llama al timbre de la Sucursal Tal para conseguir una hipoteca.
En segundo lugar, esa falacia es impropia de un funcionario íntegro de una Alta Magistratura del Estado. A nadie, con un mínimo de sentido común se le ocurriría sostener que “un frutero” debe devolver el IVA recaudado a sus clientes, con carácter retroactivo, porque tiene más interés y beneficio en vender su género que el consumidor en comprarlo.
En tercer lugar, la presunción misma de que los bancos tenían interés en comercializar hipotecas es una conjetura que no se verifica. En el periodo que va de 1994 a 2007, los bancos formalizaron menos contratos hipotecarios que las Cajas de Ahorro. A la hora de conceder crédito a los particulares, el criterio de los bancos era notablemente más restrictivo. La disposición al crédito era mucho mayor en las Cajas dirigidas por los políticos de turno que en los bancos gestionados en nombre de sus accionistas.
En ese mismo sentido, se pueden documentar muchos casos en que las Cajas concedieron cuantiosos préstamos hipotecarios, por razones políticas, a empresarios dudosos y particulares insolventes.
Es imposible que el Tribunal Supremo desconozca que el saldo financiero neto de un billón de euros de las Familias en España no basta para prestar dinero a las empresas y a las administraciones. Y siendo imposible que lo ignore, conoce las severas condiciones financieras en que nos fue concedido el abultado crédito exterior.
Es un hecho indiscutible, a partir del año 2007, que el dinero de las hipotecas que las Cajas de Ahorro concedían sin criterio profesional y por enchufe político a Euribor + 0,25%, lo conseguían fuera de nuestras fronteras pagando una pesada Prima de Riesgo. Es decir: por pura corrupción política, en zonas como Madrid, Valencia y Cataluña, las Cajas de Ahorro daban préstamos hipotecarios a pérdida, a favor de personas y empresas insolventes.
Es indudable que los bancos españoles, penalizados por la Prima de Riesgo, intentaron limitar el crédito, a pesar de las presiones de los partidos de izquierda. En muchos casos, la cláusula suelo sólo indicaba la diferencia entre el precio al que se estaba prestando el dinero en España y el coste de conseguirlo fuera.
Acreditado que los bancos españoles no tenían especial interés, más allá de las estrategias comerciales por mantener su cuota de mercado, en endeudarse fuera de España al 4 y 5% para prestarlo aquí a menos del 2% TAE, es necesariamente MENTIRA que puedan tener más interés y beneficio en vender hipotecas que el clientes en conseguir crédito.
Desde un punto de vista político, dos partidos como el PSOE y ERC que dejan España en bancarrota en 2011, tapando su corrupción en la gestión de las Cajas de Ahorro, deben explicar qué interés pueden tener los bancos en perder dinero vendiendo hipotecas.
Si los bancos españoles han perdido dinero vendiendo hipotecas baratas por presiones políticas, ¿cómo justifican los jueces del Tribunal Supremo que revisaron su propia jurisprudencia que deban pagar un impuesto que recaudaron para Hacienda conforme a la legislación vigente?
Puede decirse que un Sistema Federal es un sistema feudal con moneda propia, y un Sistema Feudal es un sistema federal con moneda ajena.La Santa Transición es el paso, mediante engaño y coacción, de un sistema federal a un sistema feudal.El libro detalla el cómo y el porqué de ese tránsito del Régimen Federal de las Autonomías (Sistema con moneda propia) a la España Feudal (Sistema con moneda ajena)
Despoblación y Conurbación. Esos dos conceptos explican la deriva política y económica de la nación española. Despoblación de la España Interior, que se inicia durante los años 50 y 60, y Conurbación del Litoral Mediterráneo que se acelera a finales de los años 80, hasta configurar el extraño mapa actual. Una población media de más de 20 millones de residentes se concentra en las costas, hasta rozar los 1.000 ha/km2. El negocio del Ocio subvencionado representa un porcentaje elevado del PIB nacional. Las cifras varían, dependiendo de la importancia estimada de la economía sumergida. Por definición, es difícil o imposible conocer qué dinero facturan las distintas mafias internacionales que operan en esas regiones ni a cuantas personas dan trabajo. Un estudio del BBVA cifraba en 5 millones las personas que trabajan en todos esos municipios costeros en España.Un enfoque interesante, para un estudio de cierta entidad, sería analizar cuánto nos cuestan la “despoblación” y la “conurbación”, teniendo en cuenta que son fenómenos recientes e inducidos. Tal vez sea pronto, aún, para medir las consecuencias de esta evolución demográfica, o tal vez sea tarde, ya. En el último periodo de 30 años, la mayoría de la población española ha pasado de vivir en un entorno medio de 3.000 habitantes, a otro de más de 6.000. Desde un punto de vista empírico, el coste de manutención básico per cápita se triplica al emigrar de un entorno habitual protegido a una aglomeración. Inciden el alquiler o amortización de la vivienda y otros factores, como una mayor propensión al gasto y una menor optimización del tiempo disponible. Aunque este último concepto tenga más que ver con la psicología adaptativa que con la economía aplicada, la intuición nos indica que un consumidor en movimiento, fuera de su entorno, gasta más que si está en reposo en su propio medio. Si aceptamos la premisa y definimos como regla esa relación empírica, tenemos que un consumidor en movimiento fuera de su entorno tiende a gastar tres veces más que un consumidor en reposo, hasta que consigue recuperar un equilibrio con su entorno vital y optimizar su tiempo disponible. De esta regla, derivan tres corolarios lógicos:
Si vives como un turista, gastas como un turista
Si vives como un turista, piensas como un turista
Si vives como un turista, votas como un turista
Con esta sencilla regla, y sus corolarios fundamentales, podemos estimar con relativa facilidad el coste inducido de la conurbación turística de todo el litoral mediterráneo. Con un volumen demográfico de 20 millones de individuos y 4 millones de trabajadores específicos empleados principalmente en el Sector de Servicios, el incremento del coste de la población pasiva supera con creces el beneficio de la población activa. Ese balance negativo, devenido crónico, se traduce en un déficit estructural notable.
El estudio de la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas desde la entrada de España en la Unión Monetaria revela que dicho déficit estructural ronda los 15 puntos porcentuales sobre el PIB nacional. Simplificando el trazo, es una cantidad comprendida en un rango de 150 a 200.000 millones de euros anuales. Al no existir ya mecanismo de ajuste automático vía devaluación de la moneda, lo que está ocurriendo es que el déficit estructural provocado por la conurbación del litoral mediterráneo cristaliza como Deuda Global.
No es sostenible. El pago de las Pensiones, ya sean públicas o privadas, ha quedado comprometido. Pesa sobre el sistema actual una tremenda hipoteca política. El fraude, el engaño y la manipulación habitual de los términos en los que se plantea el debate actuarial no invitan a ser optimistas. Es indiferente que se usen criterios de reparto, de capitalización o un mix de ambos. El modelo del futuro, que subyace a la Europa Feudal de las Corporaciones, es la beneficencia.Cuando España entró engañada en las postrimerías de la CEE no calibró las consecuencias y derivadas de asumir un régimen de soberanías asimétricas. La Casta política y empresarial le endosó al pueblo español una hipoteca con mucha letra pequeña oculta tras los años de carencia. Recién admitidos en el club, por la puerta de atrás, el ministro Solchaga fue el primero en bajarse los pantalones sin rechistar. No dijo ni mu cuando se negociaba La Reforma de los Tratados que iba a alumbrar la Europa de Dos Velocidades. Luego, se subió los pantalones y dijo: amén.Tiene cierta gracia que saliera Carlos Solchaga de su cueva para poner punto a la estrategia del PSOE de utilizar a los pensionistas para agitar la calle antes de la Moción de Censura. Su argumento, tan cínico como falso: los pensionistas actuales no han cotizado en pesetas lo mucho que cobran en euros. El sofisma del hábil y retorcido político de Tafalla se basa en confundir, deliberadamente, euro con oro. Con onzas de oro en el bolsillo, ningún jubilado tendría derecho a quejarse. Pero en sus bolsillos, los pensionistas españoles solo tienen un triste vale para las colas de reparto.La gran estafa del euro, documentada en el libro, es que cualquier militante del PSOE, del PNV o de CIU enchufados en Telefónica o Televisión Española se prejubilen a los 53 años con 2500 euros al mes. Sin haber producido nada absolutamente durante 25/30 años, cobrarán una pensión 4 veces mayor que un trabajador andaluz o un empresario extremeño que no hayan vivido a cargo de los Presupuestos Generosos del Estado. ¿Tiene sentido premiar a delincuentes, pícaros y defraudadores con pensiones 3 y 4 veces mayores afirmando que han “cotizado”? El sistema no aguantaría un auditoría minuciosa para distinguir a justos y pecadores.Los 11.000 euros anuales brutos que cobran muchas parejas de ancianos en Andalucía, Castilla, Galicia, Asturias y Aragón son el equivalente, hoy, a 10 kilo de pan por día, a 4 litros de cerveza. Los impuestos que pagaban hace 25 años, en pesetas, era 25 kilos de pan, 12 litros de cerveza por día. Huelga decir que los 66.000 euros que puedan cobrar los felices enchufados del PSOE y CIU en TVE y Telefónica son 6 veces esas cantidades, cuando su saldo tributario esos años ha sido 0 .
